En Colombia las capacidades institucionales se concentran en las grandes urbes y en las zonas integradas a los principales mercados y puertos. De los 1.122 municipios del país, 1.049 son de quinta y sexta categoría, es decir, aproximadamente el 93% de los municipios tienen menos de 20.000 habitantes y cuentan con presupuestos públicos muy bajos.

De los 125 municipios de Antioquia, 102 son de sexta categoría, representando el eslabón gubernamental con mayores limitaciones presupuestales, técnicas y operativas, en materia de gestión territorial y gestión para el desarrollo.

Las zonas de mayor potencialidad de minerales metálicos en Antioquia coinciden en muchos casos con las zonas con histórica presencia de grupos armados ilegales, alto grado de vulneración de derechos humanos por el conflicto armado, presencia de economías ilícitas e informales, baja capacidad de administración de justicia, desarticulación vial y territorial, altos índices de necesidades básicas insatisfechas, desintegración intergubernamental y fragilidad institucional.

Estos factores sin duda son desfavorables para el desarrollo de la industria minera moderna, la cual demanda en sus zonas de operación de estatalidad sólida y funcional en capacidad de ofrecer bienes públicos como seguridad pública, regulación normativa y administración de justicia, tributación eficiente, y redistribución transparente de la riqueza. Estos bienes públicos constituyen monopolios del estado de acuerdo a la Constitución Política de 1991, los cuales están distribuidos en términos de competencias en los niveles nacional, departamental y municipal.

Los retos del Estado colombiano son muchos, principalmente en las regiones más apartadas de los centros urbanos. La pregunta de cómo el sector minero puede contribuir a la consolidación de la institucionalidad en territorios con potencial minero resulta ser una cuestión pendiente. La respuesta que ofrecen diferentes centros de pensamiento nacionales como el Gdiam, e internacionales como la Cepal y el Columbia Center on Sustainable Investment, se orientan por la configuración de esquemas de gobernanza territorial.

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Lo primero que hay que indicar es que se habla de cosas totalmente distintas cuando se hace alusión al desarrollo de proyectos de minería legal y la extracción ilícita de minerales. En cada caso el esquema de gobernanza territorial responde a necesidades y retos diferentes.

En relación con la extracción ilícita de minerales, suele comúnmente atribuirse responsabilidad al empresariado minero sobre una problemática que resulta ser una ineficiencia del Estado en cuanto responsable constitucional de la administración del territorio y sus recursos naturales. Adicional, se le carga igualmente la responsabilidad por el atraso socioeconómico de los contextos mineros en departamentos como la Guajira y Cesar, perdiéndose de vista que, más allá de los recursos de inversión social voluntaria, la responsabilidad del sector privado es generar riqueza y la del sector público es promover dicha generación de riqueza y redistribuirla.

Acusar sistemáticamente al empresariado minero colombiano, quien carga el lastre reputacional a manera de pecado original, está generando desincentivos para el crecimiento de un sector que genera y puede generar aún mayores recursos fiscales para el país, y el cual de la mano del Estado puede apalancar el desarrollo socioeconómico e institucional de los territorios.

La minería legal, moderna y con estándares socioambientales (como el GRI) y de transparencia (como el EITI), debe ser vista por el Estado y la sociedad como un aliado en el esfuerzo de institucionalizar y atender las necesidades de bienes públicos en los territorios. Frente a esto la gobernanza territorial entra a jugar un papel protagónico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible resultan ser un referente importante.

La gobernanza territorial en contextos mineros se puede entender como un proceso de interacción a través del cual el gobierno en sus distintos niveles, las empresas y la sociedad civil, se organizan en red de acuerdo con sus roles y responsabilidades para acordar los objetivos y acciones de gestión en el territorio, afrontar y prevenir posibles crisis, y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a partir de la conjunción de los diversos intereses, saberes y conocimientos, en el marco de relaciones formales e informales de confianza y cooperación.

El mejor ejemplo reciente de un proceso de gobernanza territorial es el municipio de Buriticá. En Buriticá tanto el Estado, a través de sus distintos niveles y agencias, la comunidad local y con tradición minera, y la empresa Continental Gold, se han venido articulando en torno al propósito de regular la extracción ilícita de minerales y hacer de la minería legal de la empresa y de los mineros formalizados un potencializador del desarrollo social, económico e institucional del municipio, superando hasta ahora importantes retos como el control criminal sobre distintos eslabones de la cadena de valor minera y las creciente degradación ambiental por deforestación y vertimiento de mercurio a fuentes hídricas.

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Para consolidar escenarios de gobernanza las administraciones municipales y el nivel nacional deben necesariamente asumir el liderazgo y promover la articulación de los actores privados y comunitarios, manteniendo de forma activa la coordinación operativa de los espacios conformados. A su vez, las empresas mineras pueden contribuir a través del apalancamiento técnico, científico y económico para el desarrollo institucional y territorial. Por su parte, la sociedad civil y comunidades locales pueden aportar a la gobernanza mediante la participación en la toma de decisiones y la veeduría de los procesos y proyectos en implementación.