Un grupo de al menos diez militares y policías detenidos en Colombia iniciaron este lunes una huelga de hambre para pedir ser cobijados por la Justicia Especial para la Paz (JEP) y obtener su libertad condicional.

Los militares, quienes permanecen en los centros reclusión de los municipios de Facatativá y Puente Aranda, afirman que la JEP ha beneficiado únicamente a miembros de las Farc tras el acuerdo firmado con el Gobierno nacional en noviembre de 2016.

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"Actualmente llevo siete años y ocho meses de condena. Fui condenado a 13 años de prisión por homicidio simple por el juzgado de ejecución de penas de Facatativá. Me acogí a la ley de Justicia Especial para la Paz y no me han definido nada y por eso me voy a la huelga de hambre", explicó uno de los reclusos a Blu Radio.

La Jurisdicción Especial para la Paz tiene como objetivo juzgar los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra.

Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo del aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros. Para los agentes del Estado las penas serán simétricas y se cumplirán en guarniciones militares.