La estigmatización de los migrantes crece y se multiplica ante los ojos de los poderes estatales que los acosan. Las personas o familias que migran resultan definidas no por su condición humana sino por la circunstancia temporal que enfrentan al desplazarse de un lugar a otro.

Si es maestro, agricultor, trabajador informal, campesino, estudiante, enfermera o madre cabeza de familia; si tiene uno o más hijos, si sus ingresos son miserables o si los agobia la violencia, poco importa. El estigma de migrante se impone implacable sin permitir mayor cabida a lo que fue la vida previa.

Por el contrario, el migrante se torna objeto de sospecha o de acusación directa, como hizo Donald Trump en el lanzamiento de su campaña electoral al referirse a los mexicanos como violadores, narcotraficantes y criminales.

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Tampoco suelen importar las causas subyacentes a la drástica decisión de cambiar el suelo de origen por otro desconocido. En medio de esta ola de rechazo e intolerancia, el trabajo de la Cepal hecho por encargo del gobierno mexicano, es una buena noticia. No sólo porque recoge la médula del Pacto Mundial sobre Migración aprobado por 164 países en Marrakech (Marruecos) hace 6 meses, cuyos 23 objetivos buscan “ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados”, con atención especial a la niñez, sino porque es el primer resultado concreto de tal acuerdo destinado a enfrentar la delicada situación de los migrantes centroamericanos y mexicanos que intentan llegar a Estados Unidos.

México quiere hacer su parte y ojalá los gobiernos centroamericanos también. En la reunión de Marrakech, el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció que su país está dispuesto a destinar 30.000 millones de dólares, durante los próximos 5 años, para humanizar la migración centroamericana hacia el norte por medio de un Plan de Desarrollo Integral.

La Cepal sostiene que la gestión integral del ciclo migratorio significa ir a las causas para construir desde allí las respuestas más acertadas. Reconocer el origen, cuidar el tránsito, asegurar el destino y, si es el caso, hacer lo propio con el retorno. En todos los casos poniendo los derechos y la condición ciudadana de los migrantes en el centro de la acción.

La Cepal ratifica también lo conocido: la gente se va por falta de empleo, ingresos bajos, violencia e inseguridad de las mayores en el planeta y los que más sufren son los niños y sus familias. Bajo esas circunstancias, por qué habrían de quedarse en su país, más aún si los parientes en Estados Unidos aparecen como tabla de salvación frente a gobiernos incapaces de ofrecer lo básico a sus ciudadanos, empezando por salud y educación adecuada para sus hijos.

El programa de desarrollo para el sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras busca atender con criterio estructural el fenómeno migratorio propiciando mayor integración comercial, productiva, energética y logística entre los 4 países. Pese al tiempo transcurrido y a los numerosos acuerdos suscritos, el comercio entre México y Centroamérica favorece largamente al primero.

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El problema es la posición del presidente Trump que ha convertido el desafío migratorio en tema de la campaña electoral 2020, no parece estar dispuesto a entender que el asunto fronterizo está lejos de reducirse a la seguridad nacional o a construcción del muro que tanto anhela. Aunque se trata de un escollo de grandes proporciones, lo importante es que la propuesta de la Cepal, adoptada por México, se ejecute sin demora y se rompa la tradicional lentitud con que operan estos acuerdos.

Al final de cuentas están en juego dos visiones. La de la Casa Blanca que privilegia el uso de la fuerza en el manejo fronterizo y la de México, de la mano de la ONU, la Cepal y el Pacto Mundial que con mirada integral propone soluciones respaldadas con poderosas razones históricas, sólidos argumentos técnicos y la fuerza ética de su enfoque.