Para elaborar este informe, Medicina Legal aplicó el Protocolo de Estambul, una guía con estándares internacionales que tiene las mejores medidas en derechos humanos para la valoración médica y sicológica de una persona que se presuma haya sido víctima de tortura.
De acuerdo a los resultados que arrojaron las pruebas que se les hicieron a once menores de edad con discapacidad cognitiva, quienes fueron maltratados por funcionarios del Icbf en la Fundación Peces Vivos de Ibagué, expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses aseveraron que los pequeños fueron víctimas de “las peores prácticas de tortura”.
Las pruebas, que ya fueron aportadas al proceso pero que no pueden ser reveladas a la opinión pública por tratarse de niños, serían suficientes para enviar a prisión a las diez personas responsables de estos macabros hechos.
Vecinos de la fundación aseguran que ésta era conocida por la comunidad como “la casa del terror”, pues todos los días debían escuchar los gritos desesperados de auxilio y el llanto incontrolable de los menores.
Finalmente, cabe mencionar que la investigación permitió establecer que los implicados amarraban a los niños a las camas para tenerlos controlados, obligándolos, incluso, a realizar sus necesidades fisiológicas en esas condiciones.
“Se estaba aplicando un supuesto protocolo llamado ‘contenciones’, que consistía en acciones aberrantes que hacían sufrir a los niños”, ultimó Robinson Chaverra, director de la Fiscalía del Tolima.