Con el informe Granada: memorias de guerra, resistencia y reconstrucción, el Centro Nacional de Memoria Histórica, su responsable, y Corporación Región, su autor, así como las alcaldías de Granada y Medellín, que lo apoyaron respetando los contenidos, han desperdiciado una oportunidad de grandeza con la memoria de un municipio que reteje su historia tras superar, con apoyo del Estado, el asedio a que fue sometido por las Farc, el Eln y el paramilitarismo. El documento, que se puede leer en https://goo.gl/ngecDo, falla en su pretensión descriptiva por la parcialización en el acceso a fuentes. Y, más grave aún, manipula los hechos descritos para analizarlos con sesgo ideológico.

Desde su conceptualización, el informe, que se explaya por 380 páginas, incurre en la falacia de equiparar al Estado con los grupos armados, repitiendo que en Granada concurrieron “actores armados legales e ilegales”, y señalando al “Ejército”, no a los individuos culpables, por violaciones a los derechos humanos y abuso de la población civil en el conflicto, entendiendo como abuso estrategias legítimas y controladas como la de “soldados campesinos”. Una cosa es la dolorosa aceptación de que algunos miembros de la Fuerza Pública violaron su juramento e incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos que deben ser juzgadas, y cosa intolerable es equiparar al conjunto de leales servidores públicos que han hecho grandes a las Fuerzas Armadas y cuya misión es proteger a los colombianos, de organizaciones criminales. Para afianzar su tesis, el informe recaba en el afán de desprestigiar la exitosa política del Gobierno Uribe, señalando que “la estrategia paramilitar y de Seguridad Democrática logró efectivamente desalojar a las guerrillas del territorio y tomar el control por parte del Estado”. 

El otro notorio desacierto conceptual del documento tiene raíces en una visión excesivamente comunitarista. La ciudadanía superviviente y resistente de Granada, como la de otros municipios del Oriente antioqueño, la del municipio de Caicedo y la de muchas regiones de Colombia, merece todos los aplausos y respaldos que el país les ha entregado y aquellos que aún les debe. Su fuerza y logros surgen de su identidad, convicciones y solidaridad, pero han crecido gracias al respaldo, acompañamiento y fortalecimiento que les ha dado el Estado. No es veraz, y por supuesto es injusto, un informe que menosprecia, al calificarlos de ir al vaivén del conflicto, a los alcaldes y concejales que tejieron el Laboratorio de Paz del Oriente. Y no es leal un texto que minimiza el impulso a la Noviolencia que dieron los gobernadores Guillermo Gaviria-Eugenio Prieto-Aníbal Gaviria, junto al asesor Gilberto Echeverri, mediante la formación y el apoyo a las comunidades resistentes, y la realización de los proyectos de reconstrucción física y social. Y es mentiroso cuando oculta el papel del Gobierno Uribe en el fortalecimiento de la inversión, que sustentó la resurrección de un municipio que será ejemplar por sus verdades, no por manipulaciones maniqueas de su historia.

Es fácil atribuir a un tendencioso interés por escribir la nueva historia de Colombia a la medida de intereses particulares hoy en el poder, o merodeándolo. Pero este sería un expediente engañoso, como el del Centro de Memoria Histórica. Las protuberantes fallas del documento se asientan, como es usual en esta clase de informes, en el sesgo intencionado al escoger las fuentes. Para validar datos de la victimización, por ejemplo, se privilegian los datos, incompletos porque no todas las víctimas confían en el modelo, del Registro Nacional de Víctimas, y no se usan los decantados, así sean incompletos, del Forensis de Medicina Legal, la Fiscalía, el propio Ejército. Para el análisis periodístico se privilegia a sólo uno de seis medios de comunicación regionales y a un sitio web nacional, desconociendo el importante acervo en EL MUNDO y Telantioquia, así como en medios subregionales. Además, en las fuentes testimoniales y documentales son notorias las ausencias del Plan Congruente de Paz de Antioquia, el Planea, el Laboratorio de Paz del Oriente y la Presidencia de la República. En tanto análisis sobre fuentes intencionalmente fragmentadas y desde una visión falseada de los hechos, el informe no puede ser considerado como la memoria histórica que se pretende sea fundamento de la verdad y reconciliación que deberían tejerse en el posconflicto que puede llegar.