Los mensajes de felicitaciones de la comunidad internacional por la entrega de armas de las Farc y los avances en la implementación de los acuerdos de paz entre este grupo insurgente y el Gobierno, se han visto eclipsados en los últimos meses por la preocupación que causa entre todos los entes extranjeros el aumento en las hectáreas de cultivos ilícitos en el país.

Esta tendencia fue evidenciada por los informes revelados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el el documento anual sobre el narcotráfico enviado por el Departamento de Estado de EE.UU. La primera entidad manifestó en el documento del 2016 que dicha cifra sufrió un importante incremento “al pasar de 69.000 ha en 2014 a 96.000 ha en 2015; un 39% de incremento”. Sin embargo, también manifestaron que fue uno de los años con menor área afectada, lo cual significa que “se tiene más coca en menos territorio”.

Por su parte, la valoración hecha por el Gobierno estadounidense reportó que los cultivos de coca aumentaron un 42% en 2015, con respecto al año anterior, mientras que la producción de cocaína se elevó en un 60%. Además, manifiestan que “Colombia es el primer productor mundial de cocaína, así como un país fuente de heroína y marihuana y que pese a que el Gobierno continúa contrarrestando la producción y el tráfico de drogas ilícitas a través de las operaciones de erradicación, la agresiva interdicción y la actividad policial, la producción potencial de cocaína en 2015 aumentó a 495 toneladas métricas". 

Sobre esta problemática de orden público, en la opinión pública se han desarrollado varias hipótesis, dentro de las cuales se destacan dos dentro de la coyuntura política que se vive en la actualidad. La primera manifiesta que la debilitación de las estrategias para enfrentar los cultivos de drogas era mantener la estabilidad de la mesa de diálogos de paz con las Farc y, la otro señalado que podría influir en el aumento de las hectáreas de coca es la decisión de suspender la aspersión aérea con glifosato, a raíz de estudios publicados por el Gobierno, en los que se sostiene que estos químicos provocan daños medio ambientales, en los cultivos y causan problemas de salud a las personas. 

¿Qué factores llevaron al aumento de las hectáreas de cultivos ilícitos? 

EL MUNDO consultó a varios analistas para conocer cuáles fueron los factores que realmente incidieron en el aumento de los territorios donde germina el narcotráfico.

Según Paola Holguín, senadora de la República por el Centro Democrático, este proceso ha dejado más preguntas que respuestas y aseguró que “la decisión de la suspensión de la aspersión aérea se tomó desde el 2015, en los diálogos con las Farc. A la par, se disminuyeron los presupuestos de los programas de sustitución de cultivos y erradicación manual, y se acabó iniciativas como Familias Guardabosques. Todo esto se transformó en un incentivo para que los cultivadores y traficantes mantengan el crecimiento de la oferta”.

“Frente a la suspensión del glifosato, el Gobierno se basó en un estudio muy controvertido, porque ubica esto en el mismo grupo que las cámaras bronceadoras y en la vida cotidiana se usan litros de este químico en cultivos lícitos que son consumidos habitualmente por las personas no ha habido prohibiciones al respecto. El Gobierno determinó que la erradicación manual debe darse con el beneplácito de las comunidades y es muy difícil personas que han vivido de estos cultivos, decidan cambiarlos voluntariamente. Con la existencia de cerca de 200 mil hectáreas de estos cultivos, se hace muy complicado solucionarlo con erradicación manual. El costo de este método es muy alto, comparándolo con la aspersión aérea”, agregó la senadora Holguín.

La corporada del Centro Democrático manifestó que el Gobierno debe combinar la erradicación, la sustitución de cultivos y la aspersión aérea, al mismo tiempo que solventar las condiciones de comercio y transporte de los cultivos, ya que los narcotraficantes garantizan el pago y el transporte en el sitio. 

Frente a esto, el general retirado Luis Ernesto Gilibert Vargas, quien es integrante de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore), consideró que no debe ligarse el aumento con el proceso de paz, sino con la suspensión de la aspersión aérea con glifosato. 

“Este método no era la panacea, pero lograba controlar el crecimiento de los cultivos ilícitos. Desde su suspensión, la lucha se tornó desigual debido a que la erradicación manual de cultivos puede ser efectiva, pero tiene un ritmo mucho más lento que la aspersión aérea; además la parte logística es más difícil y necesita mucha más gente en la parte logística. También existe el riesgo de que los encargados de la labor sean víctimas de minas antipersonal o de atentados por parte de actores armados. Qué bueno que existan estos grupos y que vayan creciendo, pero la aspersión cumplía mejor con esa función”, argumentó el ex oficial de la Policía.  

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“El Gobierno tiene programas interesantes de erradicación, pero debe continuarse el uso de glifosato mientras se implementa y coge fuerza un sistema de erradicación de cultivos, ya que el método que fue vetado por el Gobierno mantenía bajo control la cifra de los cultivos ilícitos”, agregó.

Gilibert recomendó que el Estado debe estar presente en las labores de erradicación y sustitución de estos cultivos y prestar su mano para brindar garantías al proceso y mitigar el riesgo de presión por parte de los actores ilegales. 

Germán Valencia,  Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, consideró que el acuerdo conseguido entre el Gobierno y las Farc y el despliegue de sus miembros hacia las zonas de normalización tuvo influencia en este fenómeno, ya que “esta guerrilla tenía presencia en muchos territorios rurales, en donde ejercían control territorial; ahora dichas zonas quedaron al amparo de las bandas criminales que luchan por estas rentas criminales. En este contexto, ante la ausencia del Estado y de las Farc, el dominio quedo en manos de las bandas criminales”. 

Sobre el cese del método de aspersión aérea, Valencia opinó que este “era un método más sencillo para controlar los cultivos ilícitos, pero muy peligroso desde lo ambiental. Si bien la erradicación se hace difícil por la presencia de minas y por los enfrentamientos, los daños sociales y ambientales de la aspersión ameritan que no optar por dicha opción.

A juicio de este académico, ya que no está en la confrontación con uno de los actores más viejos y fuertes dentro del conflicto armado, el Estado debe hacer una lucha más decidida y frontal en contra de las bandas criminales, desde las zonas rurales y no en el entorno urbano, donde normalmente se han desenvuelto. “Las autoridades deben ver la criminalidad como una organización económica delincuencial, a la cual se le debe hacer su negocio poco rentable obligándolos a que la realización de su producto y el transporte sean más costosos por el control estatal”, añadió a su reflexión. 

Jorge Iván Avendaño, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, coincidió con su colega en que uno de los factores de este deterioro en las cifras de combate a los cultivos ilícitos fue la ausencia de una política criminal clara por parte del Estado; “con una persecución sostenida y ágil al narcotráfico”. 

“La cocaína tuvo un auge muy fuerte en los años 70 y volvió a entrar en furor en el mercado mundial del 2007 en adelante, lo cual brindó una fluidez económica a los grupos al margen de la ley. La demanda aumentó de manera considerable, lo cual exigió el aumento de las hectáreas destinadas para el producto”, manifestó Avendaño. 

A la par, este docente de derecho expresó que con el afán de acceder a los beneficios, “algunos avivatos pueden optar por comenzar a producir ilícitos para resultar beneficiadas por esos subsidios”.

Sobre una posible solución, Avendaño manifestó que “existe un reto muy importante de crear un producto que queme esas plantas de coca que no sea tan contaminante y nocivo para el medio ambiente. Este avance está lejos, pero debe ser el camino al que se debe apuntar. La erradicación manual no puede desaparecer, continuar con ambas estrategias es clave”.

Preocupación de autoridades por consumo de drogas en Antioquia

La Gobernación de Antioquia y el Hospital Carisma mostraron su preocupación frente a los problemas de consumo en el informe presentado sobre el consumo de drogas y las políticas de prevención en la región.

“El negocio del microtráfico en Colombia movió 6 billones de pesos equivalentes al 0,75 del PIB en el año 2015, a través de las organizaciones criminales, este monto de dinero representa cuatro veces el presupuesto de la Universidad Nacional y alcanzaría para financiar tres proyectos de 4G”, enunció el documento, el cual además evidenció que Colombia ya no solo es un país productor sino consumidor, con cerca de  1.500.000 consumidores.