Es curioso que la publicación del Índice de gobierno abierto, instrumento que construyen la Procuraduría y la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República y que tiene gran utilidad para el control ciudadano a alcaldes y gobernadores, se haya dejado pasar desapercibidapor los organismos que tendrían que incentivar su estudio, consulta y comprensión por parte de partidos políticos, corporaciones públicas, órganos de control y ciudadanos. No obstante, el sospechoso silencio que encubre la publicación del 27 de diciembre de 2017, que evalúa datos de 2016, algunos interesados han divulgado datos aislados del mismo. Los que se refieren a Medellín son particularmente preocupantes.

En 2013, Medellín ocupó el puesto 36 del IGA entre los municipios colombianos. Su puntaje fue de 84,2. Dos años más tarde, en 2015, la ciudad gobernada por Aníbal Gaviria subió al puesto 7, al obtener una puntuación de 86,7. En ambos momentos su puntaje general la puso en el rango Alto; un año más tarde, cuando ya la Alcaldía era dirigida por Federico Gutiérrez, la ciudad cayó al puesto 184 entre los 1.101 municipios colombianos , ello al obtener un puntaje de 73,1, que la ubica en el nivel medio, que ocupan los municipios que tienen rangos entre 61,4 y 79,7. Muy lejos de esta capital quedaron los municipios antioqueños de Itagüí y Guarne, pues el primero tuvo un ranking general de 83,4 y la ciudad del oriente alcanzó 83,3, ambos han quedado entre las diez primeras ciudades de Colombia.

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El Índice de gobierno abierto se construye sobre 24 indicadores que miden los parámetros organización, exposición y diálogo de la información. En el de organización, Medellín tuvo un retroceso de 94,4a 85,5, cayendo de alto a medio, explicado principalmente por la disposición de documentos y ajuste a la Ley de Archivos. En exposición de la información cayó de 87,4 a 68,6, impulsada por la pérdida de visibilidad en la contratación; esta calificación la deja en nivel medio. Y en diálogo de la información, que es la interlocución y respuesta a los ciudadanos, tuvo una reducción de 80,3 a 73,1, quedando en nivel alto, que inicia en la calificación 50,5. El valor que las entidades promotoras dan al índice es que indica “el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción”.

En sus primeros meses de gestión, los medellinenses demostraron gran tolerancia con el mayoritariamente joven e inexperto equipo de gobierno del alcalde Federico Gutiérrez.Ahora que conoce estos indicadores, sustentados en instrumentos de recolección de datos y encuestas, la ciudadanía debe ponerse alerta por un muy importante retroceso en la transparencia de la información y las oportunidades para la participación ciudadana mediante el control a la gestión de las administraciones municipales. Mantener un ecosistema eficiente, transparente y con libre acceso al escrutinio público es la única estrategia eficaz, según Naciones Unidas, para contener la corrupción que asecha.

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