“Allá morimos de hambre y necesidad. No hay trabajo, los salarios no alcanzan ni para comer, por eso tenemos que hacer esto, dejar nuestras familias y someternos a lo que sea, hasta humillaciones, porque a veces nos gritan venecos, váyanse para su país. Pero no es sólo el hambre, son nuestros hijos, y ver a un hijo con hambre duele mucho. Por eso hacemos esto, sabemos que ahora somos muchos, tal vez demasiados aquí en las calles, pero el hambre acosa. Da miedo, créame primo, a nadie le gusta irse así de su casa, en estas condiciones en que nosotros llegamos aquí, sin nada, pero no tenemos otra alternativa”.

El dramático relato de Yeison Quintero, un joven de 21 años que salió de un populoso sector de Caracas, es la misma historia que pueden contar miles de los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia en los últimos años, debido a la crisis social, política y económica que hoy parece interminable y que según la OIM -Organización Internacional para las Migraciones- y Acnur -Agencia de Refugiados de la ONU-, ha obligado a unos 4,5 millones de personas a salir hacia otros países, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad.

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Hace seis meses que Yeison salió de casa, primero con destino a Bogotá, pero allá las cosas no salieron como esperaba y entonces decidió venirse a Medellín, donde hoy lucha en las calles junto a su esposa para conseguir el sustento diario de su pequeño hijo de 4 años, a quien no han podido ubicar en una institución educativa del sector oficial.

Y con ellos también luchan su tío, cuatro primos y tres amigos más que se vinieron del mismo barrio de la capital venezolana, “donde antes vivíamos cómodos, sin riquezas pero con todo lo necesario, porque todos trabajábamos”. Ahora ellos dependen de la caridad de la gente, porque ninguno tiene Permiso Especial de Permanencia (PEP), y así no pueden acceder a ninguna oportunidad laboral digna.

“En Bogotá hay un venezolano cada 20 pasos, y la gente parece que ya se cansó de ayudarnos. Entonces me vine para acá, para Medellín, y aunque también hemos escuchado malos tratos, en general la gente se ha portado bien con nosotros. Por eso le dije a mi esposa que se viniera con mi hijo, y con ellos se vino otra parte de la familia”. Yeison, familiares y amigos trabajan frente a los semáforos, limpiando, ofreciendo billetes, repartiendo volantes, suplicando una ayuda…

Varios de ellos pasaron sin problemas por el Puente Internacional Simón Bolívar, sobre el río Táchira, otros lo hicieron por trocha, y tuvieron que pagar hasta tres vacunas que les exigen los grupos ilegales que se han tomado esos pasos fronterizos. “5.000 barras cancelé en cada puesto, hay del lado venezolano y del lado colombiano. En total fueron 15.000 bolívares sólo por cruzar el río y llegar a Colombia”, cuenta uno de los primos menores que pidió no ser identificado.

Yolimar es otra joven venezolana que se vino para Medellín con su esposo y sus tres hijos, de 10, 5 y 2 años, los dos mayores matriculados en la IE Marco Fidel Suárez. Ella, que tenía 16 años de trabajar como secretaria en la Escuela de Abogados del estado Lara y gozaba de buenas comodidades, hoy vende dulces en la calle mientras cuida a sus pequeños, en tanto su compañero, Edwin Luna, se atraviesa cada día la ciudad en busca de una oportunidad laboral que no llega.

Pero así y todo Yolimar agradece la generosidad que ha encontrado: “aquí la gente es buena. Entienden la necesidad que tenemos y nos ayudan de buena manera. No sabemos cuánto va a durar esto, pero tenemos fe de que todo cambie en nuestro país para ver si algún día podemos volver con nuestras familias”, ruega sin poder ocultar un rostro de añoranza.

Población vulnerable

“Es que la situación para el venezolano que está llegando ahora es bastante crítica debido a que llega en condiciones de vulnerabilidad en todos los aspectos, sin pasaporte y sin papeles en regla, y en esa condición no pueden acceder a ningún programa o beneficio de los que ofrece el Estado colombiano. Además, en muchos casos llegan con cuadros de desnutrición o con distintas enfermedades”, reconoce Toni Vitola, vocero de la colonia venezolana en Medellín.

Esa situación hace que la gran mayoría de ellos estén trabajando hoy en la informalidad, especialmente en los semáforos, muchos en situación de mendicidad. Y con el agravante de que, no pocos, lo hacen junto a sus hijos porque no tienen con qué ni con quién dejarlos.

Lo más preocupante, dice Vitola, es que las cifras de migrantes aumentan cada día y con ellos estas condiciones de precariedad. Primero porque cada vez la situación es más crítica en Venezuela, y segundo porque con la reapertura de la frontera desde el pasado fin de semana, ordenada por el régimen de Nicolás Maduro, el flujo migratorio se incrementó al máximo.

"Con la reapertura de los cruces fronterizos en el Estado Táchira comienzan a registrarse nuevamente altos flujos de viajeros de Venezuela hacia Colombia, lo que también permite la disminución del uso de trochas por parte de las personas, un aspecto positivo ya que no continúan poniendo en riesgo su integridad para cruzar la frontera y mucho menos tener que pagar para que se les permita el paso”, afirmó Christian Krüger, director general de Migración Colombia, reclamando que “las autoridades venezolanas deben entender que es necesario retirar los contenedores con que se bloquea el paso por los puentes, porque con ellos se pone en riesgo la integridad y la vida de las personas que transitan por ahí”.

Se calcula que diariamente pasan por el puente Simón Bolívar cerca de 40.000 personas, de las cuales 35.000 regresan a su país porque sólo ingresan a Colombia para comprar víveres, productos básicos y medicinas. De las otras 5.000 personas se estima que entre 2.000 y 2.500 se quedan en territorio colombiano, mientras que los otros están de paso y generalmente se dirigen a otros países de Suramérica.

Según Migración Colombia, a 31 de marzo de este año, en Antioquia había 96.941 migrantes venezolanos, de ellos más de 66.000 en Medellín, pero voceros de la colonia venezolana estiman que hoy en Antioquia se cuentan unos 135.000 y en Medellín ya son unos 80.000. Cifras que tienden al aumento día a día.

“Nosotros les insistimos a nuestros compatriotas que hay que entender inicialmente que estamos en un país que también tiene sus complejidades, con un número muy importante de habitantes de calle, con unas cifras crecientes en materia de desempleo, y que la situación tampoco es fácil para los colombianos. Pero la verdad es que aquí en Medellín, en términos generales, el venezolano siente que el paisa lo ha recibido con las puertas abiertas, que ha sido condescendiente, que ha entendido la problemática por la que está pasando nuestro país, aunque también es cierto que hemos escuchado algunos casos puntuales de xenofobia”, comenta Vitola, “pero también hay que entender que en todas partes del mundo hay personas que piensan de un modo o de otro”.

Esfuerzo institucional

Según la OIM y Acnur, la masiva migración venezolana es hoy una de las problemáticas sociales que más inquietan al mundo: “El ritmo de salida de venezolanos es asombroso. De los 695.000 casos que se presentaron hasta 2015, hoy el número de refugiados y migrantes se ha disparado a más de cuatro millones y medio. En sólo siete meses, desde noviembre de 2018 a hoy, esa cifra aumentó en un millón”.

De ese total, estiman que a Colombia ha llegado cerca de 1,3 millones, seguido por Perú con 768.000, Chile con 288.000, Ecuador 263.000, Brasil 168.000, Argentina 130.000, mientras que México y países de América Central y el Caribe también están recibiendo un número significativo de esas personas.

“Estas alarmantes cifras ponen de relieve la urgente necesidad de apoyar a las comunidades de acogida en los países receptores”, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto de Acnur y la OIM para los refugiados y los migrantes venezolanos.

Y Medellín es una muestra. La capital antioqueña, como Colombia, pasó de ser un territorio de tránsito a ser receptor, y hoy hace un gran esfuerzo institucional para brindarle una atención integral a esta población del país vecino y buscar su inclusión a las dinámicas de ciudad, especialmente en el capítulo que más preocupa, el de Niños, Niñas y Adolescente, expuestos a altos índices de mendicidad, instrumentalización, trabajo infantil, explotación comercial y sexual y vulneración de sus derechos, pues la gran mayoría llegan a las comunas y sectores de más conflicto social.

Realidad, dramática y dolorosa, que motivó una sesión ordinaria del Concejo de Medellín, propuesta por Nataly Vélez Lopera, la concejal de los Niños, Niñas y Adolescentes, quien demandó explicaciones y acciones reales y articuladas encaminadas a prevenir la vulneración de esos derechos prevalentes de los menores de edad, sin importar la condición regular o irregular de sus padres.

Cobertura en educación

En su respuesta, a través de las secretarías de Inclusión Social y Salud, se presentaron contundentes respuestas apoyadas en cifras que respaldan el trabajo con el que se ha tratado de facilitar cada vez más la inclusión social, económica y jurídica de los migrantes venezolanos, especialmente de los menores de edad.

“Medellín es hoy la ciudad de Colombia con mayor atención para la educación de niños venezolanos. En total hoy tenemos 13.459 niños venezolanos cobijados en el sistema educativo,  de ellos 10.191 en el sector oficial, 195 en sector de cobertura, 342 en instituciones privadas y 2.731 en Buen comienzo”, dijo la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Paula Suárez.

“Medellín tiene un pacto con la niñez, no queremos niños o niñas en la calle, y menos desescolarizados. Los niños no pueden estar por fuera de entornos protectores, es una tarea que nos hemos propuesto y por eso la insistencia, para todos los papás, sin importar su nacionalidad, que las puertas están abiertas y hay cupos para recibir a todos los niños en nuestras instituciones educativas”, expresó la funcionaria.

Y no es sólo en educación, dijo: “Toda la institucionalidad, en salud, seguridad y cultura está articulada para brindar una atención integral a la población migrante, especialmente de los niños.

“No se han creado programas o sistemas diferentes para la atención de venezolanos. Ellos deben lograr la integración a la ciudad, y mientras no se vea una situación de estabilización política y social en su país, Medellín los quiere integrar a lo que hoy les ofrece la ciudad en todas las áreas, con todos los beneficios y oportunidades que puede tener un ciudadano colombiano, a través de sus diferentes dependencias: Unidad de Familia Medellín, equipo de Discapacidad, Niñez y Adolescencia, Seguridad Alimentaria, Subsecretaría de Derechos Humanos, y de un modelo de atención que apunta no sólo a la educación de los niños sino a la empleabilidad para los mayores, alojamiento, salud y seguridad alimentaria, tarea que explicó se ha logrado realizar con la ayuda de instituciones como Pastoral social, Dormitorio Douglas, Ciudad refugio, Colvenz, Corporación ayuda humanitaria con apoyo de Acnur, Comité Internacional de Rescate (IRC) y Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), así como el aporte jurídico que brindan la Universidad de Antioquia, la Cancillería -a través de la oficina de atención al migrante-, Colvenz y Humanity & Inclusión”.

Cobertura en salud

En cuanto a salud, desde esa Secretaría también se explicó detalladamente el esfuerzo que se hace pese a que el municipio de Medellín no tiene ninguna partida presupuestal para financiar esta atención.

Quienes están en condición regular, es decir son residentes, tienen las mismas opciones que los colombianos de acceder a los servicios de salud, régimen contributivo o subsidiado, independientes o dependientes.

Según la secretaría, en Medellín hay 19.000 migrantes venezolanos que trabajan y pertenecen al régimen contributivo, 11.565 de ellos con PEP -Permiso Especial de Permanencia-

En cuanto a las personas en condición irregular, la cobertura es más restringida pero tienen atención por urgencias, y allí se les resuelve la causa origen así demande una atención de mayor complejidad.

Por eso la Administración Municipal incluye a estas personas dentro del contrato que tiene con Metrosalud para la atención de la población pobre y sin aseguramiento, y sobre todo para las gestantes venezolanas, a quienes se les brinda una atención general. “Ellas pueden solicitar citas por consulta externa, pueden requerir atención por urgencias, pueden acceder a exámenes de laboratorio, ecografías y otras ayudas diagnósticas que requieran en su proceso de gestación, además de la atención del parto y al recién nacido. Por lo tanto, la Secretaría asume el costo de esa atención porque entiende la vulnerabilidad y porque aparte hay conciencia de que si esa materna no tiene un buen proceso de control prenatal, más adelante ese bebé va a tener mayores problemas y obviamente para el sistema de salud va a representar un sobrecosto”, aclaró la Secretaría.

Asimismo se describió que entre marzo de 2017 y febrero de este año, se prestaron 234.000 atenciones para un total de 45.600 migrantes, es decir 5.1% en promedio para cada persona. Además, los recién nacidos siempre son atendidos, independiente de si son hijos de padres en situación regular o irregular, con una atención integral mientras estén hospitalizados. Eso sí, después de una atención por urgencias no se incluye tratamiento ambulatorio, consultas, entrega de medicamentos, realización de exámenes de laboratorio, que es el bache que admite la Secretaría.

Todo eso gracias a la vinculación de instituciones como Fundación Patronato María Auxiliadora, Rasa, Unidad de duelo funerario San Vicente, Cruz Roja Colombiana, Antioquia con apoyo de Acnur, Adra (Agencia Adventista para el desarrollo de recursos asistenciales), Famicove –Fundación amiga colombovenezolana-, Aid for aids y Fundación Eudes.

Sin embargo, y aunque reconociendo esos esfuerzos, la concejal Vélez Lopera insistió en que es hora de “propiciar una política pública que articule de manera más efectiva las diferentes entidades públicas, organizaciones y otros agentes de la sociedad que tengan injerencia sobre las prácticas migratorias para que se optimicen las ayudas y se canalicen de la mejor manera todas las acciones que se emprenden en el tratamiento de las diferentes problemáticas como educación, salud, empleo y vivienda”.

No obstante, dice Toni Vitola, “nosotros entendemos que este fenómeno migratorio le ha representado un gasto fuerte al Estado colombiano, y que las ayudas que ha recibido por parte de la comunidad internacional no han sido suficientes para cubrir este gasto, que generalmente se va en salud”.

“Sabemos que el problema nace de nuestro país, dijo, pero esperamos con fe que la situación cambie, porque sabemos que cuando eso se dé, quizás la gran mayoría de los migrantes se va a regresar a Venezuela. Aunque eso también supone otro reto para nosotros, porque cuando eso suceda tendremos que ayudar con un plan retorno, por lo que tenemos que prepararnos para ese escenario”.