Cuando ya confiábamos en que una vez asegurada la estabilidad de la presa, lograda mediante el  plan de contingencia adelantado por EPM en Hidroituango (HI), puesto en marcha para superar la emergencia originada por el grave accidente de obra ocurrido a finales de abril de 2018 y, además, verificada la integridad de las cavernas para la casa de máquinas, se tenía ya una garantía para la terminación del proyecto, una serie de acciones jurídicas, que se describen más adelante, crean un nuevo riesgo para la continuidad de la obra. Como ingeniero que desde una posición independiente ha tratado de seguir los desarrollos del referido plan de contingencia, me siento obligado a  expresar algunos puntos de vista como aporte a las discusiones que se vienen.

Empecemos con la denuncia penal que contra EPM interpuso La Fiscalía 40 ante el Juzgado 75 Penal Municipal de Bogotá  por “daños a los recursos naturales” en la construcción de HI, en la cual solicitó medidas de protección y restablecimiento de los derechos de los pobladores de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico. En atención a dicha denuncia, el pasado 12 de junio el mismo juzgado ordenó la conformación de una mesa técnica integrada, entre otros, por organismos de control y fiscalización de orden nacional, los ministerios de Ambiente y de Salud, el Departamento de Antioquia, EPM y las víctimas. Esta comisión antes de 60 días hábiles deberá preparar un informe donde se evalué la estabilidad del macizo rocoso donde está empotrada la presa y construida la casa de máquinas y demás estructuras subterráneas, “con el objeto de garantizar la continuidad o no del proyecto, o en caso contrario la suspensión del mismo”.

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A su vez, el Tribunal Superior de Medellín (TSM), mediante providencia de segunda instancia del pasado 17 de junio, en acción de tutela instaurada por tres ciudadanos contra el Ministerio de Ambiente, EPM e Hidroituango S.A. reconoció al rio Cauca como “sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración”, misión a cargo de EPM y del Estado, ordenando al Gobierno Nacional ejercer la tutoría y representación legal de los derechos del rio, para lo cual creará una comisión de guardianes que asegure “la efectiva protección, recuperación y conservación del rio Cauca”, la cual estará integrada por representantes de las comunidades afectadas y por un delegado del Presidente de la Republica, asesorada por entidades ambientalistas de orden nacional y regional.

Analicemos los riesgos técnicos y ambientales de HI.

A raíz del accidente de abril de 2018, EPM, entre otras acciones, se vio obligada a acelerar la construcción de la presa de HI mediante un “lleno prioritario”, medida esta que se complementó con la instalación de una pantalla cortaflujo, con la cual garantizaba la estabilidad de la presa ante la eventualidad de una gran creciente del río Cauca. Una vez terminada la presa, lo cual se logró el pasado 19 de julio, EPM podría solicitar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres bajar la alerta roja para Puerto Valdivia, la población localizada aguas debajo de la presa expuesta al mayor riesgo por una eventual nueva emergencia.

Por lo demás, se debe registrar que la presa y el vertedero operaron de manera satisfactoria durante la  última temporada de lluvias. Con respecto a las filtraciones a través del cuerpo de la presa se tienen registros de caudales hasta de 8 litros por segundo (l/s), muy por debajo del máximo especificado para la operación de la presa (200  l/s).

Con respecto a la estabilidad del macizo rocoso sobre el cual está empotrada la presa y donde se excavaron las estructuras subterráneas, se tienen los siguientes registros sobre filtraciones y deformaciones. En el estribo derecho, el bloque del macizo rocoso donde se encuentran ubicadas las excavaciones subterráneas atrás referidas, se han registrado  infiltraciones hasta de 58,6 l/s, muy por debajo del máximo especificado para garantizar la estabilidad del empotramiento de la presa y la seguridad para las estructuras subterráneas (500 l/s). En el estribo izquierdo de la presa las infiltraciones sólo alcanzan los 3,9 l/s, muy por debajo de lo especificado (500  l/s).

Las eventuales deformaciones internas del macizo rocoso se han estado  monitoreando adicionalmente mediante instrumentación instalada en las cavernas. Las mediciones, tanto de infiltraciones como de deformaciones, confirman la estabilidad del macizo.

El pasado abril la Fiscalía General de la Nación (FGN) advirtió sobre la presencia del buchón en el embalse de HI, una macrofita invasora de los cuerpos de agua represados, situación ésta que podría estar afectando los ecosistemas del río Cauca. Con la misma advertencia, solicitó a un juez penal de garantías que ordene a EPM desarrollar un plan de choque inmediato para la limpieza y recolección del buchón, al igual que adelantar acciones para prevenir su expansión.

Para el control del buchón en los embalses, problema bien conocido por EPM, HI dispone de Plan de Manejo Ambiental: es así como desde el pasado mayo, después de superar algunos contratiempos, se reactivó el “Plan de manejo de macrofitas y residuos flotantes” y se espera que para finales del presente mes la invasión esté controlada.

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Ahora los riesgos jurídicos. Con respecto a  lo ordenado por el TSM, este columnista ve poco posible que una comisión integrada por instituciones conservacionistas y ecologistas, como las que se incluyen en la referida providencia,  llegue a concluir que el impacto de HI sobre la cuenca del rio Cauca y las afectaciones a las comunidades puedan ser manejables. Con mucha probabilidad va a sobredimensionar los impactos negativos del proyecto, entre otros, a la pesca y la minería. Por otro aspecto, la orden de recuperar el rio Cauca, dada por el TSM, al  no especificar el cómo se debe emprender esta tarea, puede eventualmente llevar a la nombrada comisión  a concluir que para regresar el rio a su cauce natural, como literalmente se debe interpretar el vocablo recuperar, sea necesario demoler los veinte millones de metros cúbicos que conforman la presa, transportarlos y disponerlos en sitios adecuados. Esta eventual conclusión, en nada un supuesto alarmista, no sólo terminaría con el mayor proyecto hidroeléctrico concebido por la ingeniería nacional sino que obligaría a estructurar todo un plan de demolición y cierre de la obra, mucho más costoso que lo que se ha invertido y falta para terminar en el proyecto.

En próxima columna seguiremos con los riesgos y responsabilidades de tipo institucional, así como lo que para el país significaría la demora y/o cancelación de Hidroituango.

Comentarios:

Ana
2019-07-25 18:11:25

Por favor, revisar la ortografía del artículo. Desde el principio hay errores. Así cómo quieren que uno crea que este artículo es serio? No puede construirse opinión si la misma estructura tiene fallas.

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