La Defensoría del Pueblo alertó este lunes a las autoridades para que tomen medidas que garanticen los derechos de más de 1.000 personas que han tenido que desplazarse entre el 17 y el 20 de enero a causa de hechos violentos ocurridos en zonas como el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y los límites entre Boyacá y Casanare.

El primer hecho se presentó el 17 de enero en el Consejo Comunitario La Voz de los Negros del municipio de Magüi Payán (Nariño) por enfrentamientos entre miembros del Eln y disidencias de las Farc, causando el desplazamiento forzado de 45 familias (172 personas).

Un segundo caso se produjo luego del asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito de San José de Uré (Córdoba) el 18 de enero. Debido a este hecho 75 familias (375 personas) tuvieron que salir de la zona por las amenazas que recibieron de miembros del grupo denominado ‘caparrapos’ y por los inminentes enfrentamientos entre estos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

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De igual manera, desde el Resguardo Indígena Dochama, colindante con el lugar de los hechos, se advierte sobre la posibilidad del desplazamiento de más personas.

En un tercer evento ocurrido el 19 de enero se desplazaron 149 familias (383 personas) miembros del Pueblo Zenú y comunidades campesinas de las veredas Piamonte, Ponciano Bajo, Ponciano Alto, Tamaná, Alto del Tigre, El Tigre, Anará, San Francisco y Campanario del municipio de Cáceres (Antioquia) y 25 familias (125 personas) de la vereda Puerto Colombia del municipio de Caucasia. 

Lo anterior debido a la presencia de hombres armados que se movilizaban por la zona informando a la comunidad que se enfrentarían con un grupo armado ilegal proveniente de Barro Blanco (Tarazá). De igual manera, se encuentran en riesgo de desplazamiento otras 350 familias residentes en la zona.

Una nueva situación se presentó el 20 de enero, cuando tres familias de la inspección Morcote del municipio de Paya (Boyacá) se desplazaron por la ocurrencia de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el Eln, y se encuentran en riesgo de desplazamiento otras familias de la región.

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Ese mismo día, en el Consejo Comunitario Bajo Calima, en la vereda La Esperanza del municipio de Buenaventura, se dio el estallido de un artefacto explosivo y presencia e intimidación por parte del Eln a miembros de la comunidad. Allí, la Junta Directiva del Consejo Comunitario advirtió a la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo de desplazamiento de cinco comunidades.

Por estos hechos el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo un llamado a las autoridades del Gobierno Nacional y a los entes territoriales para que se dispongan las medidas necesarias para la atención integral a la población desplazada y para la protección de las personas que están en riesgo de desplazamiento.