Con su petición de licencia de tres meses, que la Corte Suprema de Justicia debió conceder, el magistrado Gustavo Malo ha ganado tiempo “para defenderse” de las acusaciones que le hizo la Fiscalía General de la Nación por cobrar extorsiones a procesados, a fin de modificar los procesos en su contra, y por beneficiarse de cobros hechos por su hija a funcionarios de la Rama Judicial. Con la licencia recibida, el abogado propinó otra derrota a la dignidad de la justicia y a la confianza ciudadana en sus instituciones.

Lea sobre la licencia del magistrado Malo

Hace un mes, el país fue sorprendido con las revelaciones de un entramado de corrupción que compromete a Gustavo Moreno, detenido exdirector Anticorrupción de la Fiscalía; los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo; los senadores Musa Besaile y Hernán Andrade, y los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Alejandro Lyons, principalmente. Aunque se prometió celeridad, objetividad y transparencia para desenredar el horror de extorsiones y manipulaciones denunciadas, hoy sólo se ha avanzado en la detención del exmagistrado Ricaurte y la orden de captura, que no fue posible ejecutar, al senador Besaile. En las causas de los restantes implicados han aparecido excusas, trámites y voluntades de aplazamiento que hacen temer que este caso quede minimizado a algunas detenciones y ningún cambio.

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La desafortunada noticia de que la Corte hubo de conceder tal licencia coincidió con el anuncio del presidente Santos sobre su decisión de promover un consenso nacional para la reforma  la justicia, elegante presentación para reconocer que, como ya había dicho el columnista Ramón Elejalde, su gobierno no cuenta con el tiempo y, agregamos nosotros, la capacidad política para emprender la seria transformación de las cortes, el modelo de elección de magistrados y los sistemas para su control, que el país tendrá que emprender, ojalá más temprano que tarde, para depurar la justicia.

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La decisión presidencial de invitar a un consenso sin agenda, tiempos o invitados, como lo ha hecho, también resuelve el problema creado por la apresurada, y nada práctica, iniciativa de convocar un referendo para realizar la reforma a la justicia, que fuera lanzada con más entusiasmo que profundidad por el procurador Fernando Carrillo Flórez. Y es que si bien un referendo parece útil para desatar el nudo de oposiciones de las cortes a que se les quiten las perversas facultades electorales que les dio la Constitución de 1991, su contenido técnico lo muestra de difícil convocatoria y explicación a la ciudadanía votante.

Regresados, pues, a punto muerto en materias tan graves como las de aplicar justicia a jueces corruptos o reformar la justicia para contener las fuentes de su corrupción, se hace perentorio aumentar la demanda sobre la Fiscalía, la propia Corte y la Comisión de Acusaciones, para que avancen con transparencia y celeridad en la solución del carrusel de extorsiones liderado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Comentarios:

Edgar
2017-09-29 08:18:26

El señor Santos simplemente hace demagogia convocando tardíamente lo que sabe que no se va a dar. Es un infame.

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