Anticipar para el 22 de abril, fecha fijada para las elecciones presidenciales, la renovación de la Asamblea Nacional, de los consejos legislativos de los 23 estados y de los consejos municipales de los 335 municipios de la nación para hacer “una renovación integral", es el nuevo paso que el cuasi dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quiere dar para consolidar el fin de la democracia en el vecino país, cuya hora cero no dudamos en reiterar para ese mismo día, más aún ahora que hizo esta declaración de manera pública, argumentando que así el país entraría al próximo quinquenio sin elecciones a la vista, lo que le permitiría a la “revolución bolivariana” reconstruir la economía, totalmente arrasada por sus torpes políticas y por la corrupción.

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Puede darse como un hecho que las elecciones generales serán en la fecha señalada, pues la iniciativa ha seguido un “modus operandi” ya conocido: algún secuaz del régimen lanza la idea, en este caso Diosdado Cabello; Maduro expresa abiertamente su favor hacia la misma y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente dicta la decisión para que el aparato oficial la ponga en marcha. Un componente adicional de este proceso parece ser que decisiones de este corte se toman como represalia cada vez que la comunidad internacional emite alguna condena o rechazo hacia las políticas venezolanas, caso en el cual el actual arrebato sería la reacción a la decisión de Perú de retirar la invitación a Maduro para participar en la próxima Cumbre de las Américas, y el rechazo expresado por el Grupo de Lima a la convocatoria a elecciones presidenciales.

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Resulta particularmente grave la decisión de renovar la Asamblea Nacional, cuyo período constitucional concluye a inicios de 2021, pues de este modo propina un nuevo golpe directo contra la última corporación democráticamente elegida en Venezuela, que en términos prácticos ya fue usurpada por la Constituyente y que, al ser ampliamente dominada por la oposición, se convirtió en la piedra en el zapato del régimen. Ese triunfo opositor en las elecciones parlamentarias de 2015 alimentó la esperanza de que la vía democrática fuera útil para reencausar al país, pero las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia, corte de bolsillo de Maduro, que declaró en “desacato” a la Asamblea, y la brutal represión a las manifestaciones callejeras de la oposición, volvieron a minar la fe de los venezolanos y de quienes hemos seguido con asombro la evolución de la crisis hasta llegar al punto actual, en el que Maduro tiene, de nuevo, la sartén por el mago para propinar el golpe final.

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Este nuevo escenario político toma forma al tiempo que salen a la luz los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que realizan anualmente las principales universidades del país y que muestra, entre sus cifras más relevantes, que la pobreza extrema aumentó de 23,6 % a 61,2 % entre 2014 y 2017, mientras que los hogares "no pobres", que en 2014 eran el 51,6 % de los consultados, en 2017 alcanzaron apenas el 13 %; de otro lado, el estudio reveló que el 64 % de los encuestados perdió en promedio once kilos de peso en el último año por no poder acceder a los alimentos y que tres de cada cuatro niños de la población más pobre en edades comprendidas entre 3 y 17 años deja de ir a la escuela con frecuencia por falta de comida. Finalmente, indica el estudio que uno de cada cinco ciudadanos fue víctima de un delito el año anterior y que el 42 % de los ciudadanos consultados siente la necesidad de cambiar de barrio o de abandonar el país.

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A pesar de esta insostenible situación, el Gobierno se niega a tomar la decisión de abrir un corredor humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas, un instrumento que ha sido permitido en conflictos aparentemente más delicados, como el de Siria, o en territorios más complejos como la franja de Gaza, lo que evidencia que la venezolana puede ser la peor crisis humanitaria del planeta en la actualidad, algo sobre lo cual debe pronunciarse este jueves Amnistía Internacional, en la presentación de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos.

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Lo que sí hace, en cambio, el gobierno de Maduro, es darle vuelo a su criptomoneda, un instrumento a todas luces ilegal y que, según analistas, puede servir para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de la corrupción, pero con el cual, desde hoy, Pdvsa tendrá que comprar un porcentaje de sus insumos, las aerolíneas que operan en Venezuela tendrán que comprar el combustible, se tendrán que pagar los servicios consulares en todas las embajadas y consulados de Venezuela, así como pagar la gasolina en las estaciones fronterizas con Colombia donde, hasta ahora, se transaban bolívares y pesos. Maduro sigue cavando la fosa de la democracia y la economía venezolanas ante la mirada impotente de sus habitantes e inerme de la comunidad internacional.