Por lo general, la ciudadanía permanece desentendida de los asuntos propios de la justicia, a pesar de ser centrales en el buen funcionamiento del Estado y la construcción de una sociedad justa, pacífica y segura. Los medios de comunicación, apenas si publicamos noticias de la corrupción de algunos magistrados y las dificultades de la Corte Suprema de Justicia para actuar. Es así como el país vuelve a debatir las debilidades de ese tribunal por su incapacidad para elegir su mesa directiva, designar a ocho magistrados y elegir fiscal general, determinación que adoptó el pasado jueves 30 de enero por unanimidad, después de repetidas votaciones a favor de Francisco Barbosa Delgado.

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La crisis interna de la Corte Suprema de Justicia se hizo notoria en los primeros años del presente siglo, cuando en su composición y decisiones tuvieron pleno efecto las reformas introducidas por la Constitución de 1991 y que tienen impacto en los mecanismos de conformación de esa Corporación; sus poderes nominadores y electorales (ver gráfico) así como la debilidad de las instancias de vigilancia y control a los magistrados. La crisis del tribunal de cierre de la justicia ordinaria se ha agravado, además, por el papel simbólico de decisor en conflictos de carácter político que le han concedido algunas minorías electorales.

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Aunque las dificultades, con visos de bloqueo para la toma de decisiones, de la Corte Suprema de Justicia llevan así dos décadas de historia, y en consideración a ellas el presidente Duque había aplazado por siete meses la presentación de la terna para tan importante instancia, ellas se hicieron evidente en el proceso de elección de fiscal general de la Nación, dignidad definida, tras varias difíciles votaciones que concluían con el mismo resultado y presiones, desoídas por el presidente, para que el Gobierno usara la figura de conmoción interior para elegir directamente al principal ejecutor de la política criminal del Estado.

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Para la responsabilidad de orientar la poderosa Fiscalía General de la Nación finalmente se eligió al jurista Francisco Barbosa Delgado, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con dos maestrías en el país y un doctorado en Derecho Público de la Universidad de Nantes, Francia. A su formación académica, suma sus calidades de profesor universitario y experto en derechos humanos, como funcionario de la Fiscalía General, autor de libros y asesor de la Presidencia, cargo que desempeñaba y cuyo ejercicio, según lo manifestado por él y el presidente Duque, no será obstáculo para que ejerza su responsabilidad con la independencia debida.

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Como fiscal general, el doctor Barbosa se enfrenta a poner orden en una institución de 20.000 funcionarios, que ha estado acéfala durante los últimos ocho meses, tras el sorpresivo retiro de Néstor Humberto Martínez Neira, y cuyos dos últimos titulares tuvieron elevado protagonismo político: Luis Eduardo Montealegre como aliado incondicional del Gobierno Santos en la negociación con las Farc y gestor de costosos contratos amiguistas, y Martínez Neira, quien aportó las investigaciones sobre los bienes de las Farc, que contribuyen a develar la verdad que los guerrilleros pretendían ocultar, pero dejó la sombras de la inmovilidad de los procesos por corrupción contra Odebrecht, socia de sus antiguos aliados.

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Del fiscal elegido, el país espera independencia para esclarecer los casos simbólicos de corrupción, como los asociados a Odebrecht y Reficar; capacidad de batallar contra la impunidad que ampara a los criminales y revictimiza a la sociedad; la definición de protocolos para que los fiscales presenten a los jueces causas sólidas, y autoridad para contener a algunos funcionarios que usan sus potestades para persecuciones que afectan a inocentes. También se precisa que oriente las decisiones que vuelvan a poner a la justicia en el centro del interés, la confianza y el acompañamiento de la ciudadanía a sus causas y decisiones. Como lo ha hecho con el Congreso, en calidad que hemos aplaudido, confiamos en que el presidente ofrecerá respeto por la autonomía del fiscal, como ejecutor de la política criminal.

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Habiendo elegido fiscal General, a la Corte Suprema de Justicia le quedan los pendientes de llenar ocho vacantes de magistrados, sin las cuales no podrá tomar decisiones a partir del 28 de febrero; designar mesa directiva, y trabajar para recuperar su dignidad de máximo organismo decisor en los procesos adelantados por la justicia ordinaria. En las condiciones del actual marco jurídico, sus responsabilidades pasan, indiscutiblemente, por concertar con el Gobierno y el Congreso una reforma a la justicia en la que esa corporación, y las otras altas cortes también aquejadas por afanes politiqueros, revisen sus facultades electorales y de nominación para no caer en juegos como el de “yo te nombro y tú me nombras”, o “yo te nombro, y tú no me investigas” que les restan la independencia que deben ostentar como el poder que sustenta y garantiza la vigencia del Estado de Derecho.

Comentarios:

Edgar
2020-02-02 09:46:10

Llenar ocho vacantes antes del 28 de Febrero, se imagina uno, tan mal pensado, cómo serán las llamadas a todos y cada uno de los "ilustres" magistrados, las presiones para elegir aquél y no ése, por cuestiones políticas y , qué pena, hasta por plata. El circo está servido.

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