Pormenores y aportes del foro sobre elecciones y reforma política realizado en Medellín por la Universidad Santo Tomás y el periódico EL MUNDO.
El Consejo Nacional Electoral, CNE, fue categórico en afirmar y advertir que los precandidatos a las elecciones territoriales de este año no están autorizados por ninguna norma o en forma más contundente no pueden hacer propaganda por fuera de las fechas o del tiempo estipulado en la ley para publicitar sus aspiraciones al votante.
Y esa advertencia para el vicepresidente de esa organización electoral Pedro Felipe Gutiérrez Sierra es muy lógica porque para el CNE, que regula la propaganda electoral en las campañas políticas en Colombia, la figura del precandidato no existe, sino que se trata simplemente de un concepto interno de las organizaciones partidistas.
Esta aseveración, claridad y precisión la formuló dicho magistrado durante las deliberaciones del foro “Elecciones 2019 y Reforma Política”, que hace parte de un ciclo de conferencias que con motivo a la temporada electoral realizarán este año la sede de Medellín de la Universidad Santo Tomás y el periódico EL MUNDO, para contribuir no solo al conocimiento de la normatividad electoral, sino también al fortalecimiento de la democracia, a la pluralidad y a la paz, tan amenazadas por tantos peligros desestabilizadores.
Gutiérrez Sierra, magistrado por el Centro Democrático, fue uno de los cuatro expositores en el foro, en el cual también disertaron su colega por las Farc en el CNE, Pablo Julio Cruz Ocampo, el experto en temas electorales y exmagistrado en ese mismo campo Guillermo Reyes y el congresista conservador Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, pues canceló a última hora su asistencia el senador Jorge Londoño, quien fuera directivo académico de la Universidad Santo Tomás en Tunja, por lo cual no cayó muy bien su lamentada ausencia.
La decana de Derecho de la Universidad Santo Tomás, María Patricia Ariza, instaló el foro sobre elecciones y reforma política.
El foro fue instalado por la decana de Derecho de ese claustro universitario, exmagistrada y exprocuradora delegada, María Patricia Ariza Velasco, quien lo hizo a nombre del rector fray Ricardo Ernesto Torres Castro.
La decana hizo una rápida síntesis histórica del surgimiento desde Grecia y Roma de los procesos electorales, para adentrarse en Colombia y formular una serie de observaciones sobre los males que ha causado la violencia política y su afectación en la mujer, en la falta de paridad en los partidos, la preocupante abstención colombiana y el desconocimiento de la ley o de las reglas de juego electorales.
El vicepresidente del CNE centró su intervención no sólo en el tema de la propaganda electoral, que está originando muchas protestas por las constantes violaciones a las normas, sino también en los delicados asuntos de la trashumancia electoral y la financiación de campañas.
Acerca de la propaganda electoral hizo más claridad en que para el CNE sólo existen candidatos oficiales cuando se inscriban cuatro meses antes de las elecciones, de junio a julio, ante la Registraduría del Estado Civil y una vez quede certificada esa inscripción adquieren el derecho a hacer propaganda electoral en espacios públicos tres meses previos a los comicios, mientras que en los medios de información dos meses antes de las elecciones.
Y ratificó que la única ley que regula o se debe tener en cuenta para acatar en materia de propaganda es la 1475 del 2011, porque todas las demás están derogadas.
Dijo que una cosa muy distinta es la propaganda sin ninguna limitación que tienen los partidos para divulgar su logo, postulados o ideas sobre un tema, a la que hace un candidato en busca del voto del elector, que es la que están empleando con una equivocada interpretación para violar la ley.
El actual CNE, porque el anterior fue muy laxo, está revisando las vulneraciones que se están presentando y habrá sanciones.
El magistrado Gutiérrez Sierra también fue muy claro con el trasteo de votantes, que altera sobre todo las elecciones territoriales como las de octubre. Y el mensaje fue contundente en que se trata de un delito que se castiga con cárcel cuando una persona permite que se le inscriba la cédula en un municipio con el cual no tiene ninguna relación de residencia electoral.
Y alertó que en el campo de la financiación de campañas la violación de los topes electorales es causal de pérdida de investidura del cargo o de la curul en la que una persona resultó electa.
La novedad en este foro fue la presencia por primera vez de un magistrado electoral de las Farc, que llegó solo en taxi al sitio de este certamen. Se trató de Pablo Julio Cruz Ocampo.
Este consejero electoral destacó ampliamente el estreno que se viene dando en el país del Estatuto de la Oposición, lo que en su concepto pondrá a prueba a los partidos políticos en su capacidad y organización, y sobre esto les llamó la atención para que vayan ajustando sus estatutos.
Relievó el reciente derecho a la réplica que tuvo la oposición frente a la intervención del presidente Iván Duque para anunciar sus objeciones a la JEP. Pero lamentó que un líder de la oposición como Gustavo Petro, con ocho millones de votos, no pueda contar con un partido con personería jurídica.
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La política es hipócrita
Las más fuertes y directas reflexiones sobre el momento político y electoral que vive Colombia estuvieron a cargo del representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, quien sin tapujos dijo que los partidos están reducidos a ser una fábrica de avales, no tienen seguimiento y control sobre los mismos avalados, porque hay candidatos que duermen en un partido, desayunan en otro y pasan el día con otro buscando donde acomodarse en la campaña, para después gobernar con sus amigotes. Esto, dijo, impide la movilización interna y produce deserción.
Para este congresista existen en el campo electoral reglas de juego inciertas para candidatos ciertos, en vez de ser reglas de juego ciertas que den como resultado candidatos inciertos, toda vez que los estatutos se acomodan a los candidatos y no los candidatos a los estatutos.
En su concepto, la financiación de las campañas preponderantemente públicas no resuelve nada de fondo, porque hoy nadie le invierte a la política por encima de la mesa porque queda impedido para contratar con el Estado, lo que conduce a que ese apoyo sea por debajo y de forma ilegal. “Los altos costos de una campaña en Colombia son exorbitantes e insostenibles, y esas inversiones de recursos además ilegales en muchas campañas termina demostrado que legislan de día y roban de noche”.
Fue aún más duro o realista y dijo que de diez colombianos ocho tienen opinión desfavorable de los congresistas y de diez, nueve tienen opinión desfavorable del Congreso, según las encuestas, lo que es muy grave, porque la política es la llamada a promover los candidatos, la sociedad a escogerlos para que aprueben las reglas, las normas que atiendan lo social, lo económico, lo cultural, lo ambiental y lo político, y eso es la democracia para proveer la paz, la seguridad y el orden. “Esta sociedad igual que necesita buenos maestros, buenos ingenieros, buenos abogados, buenos deportistas, necesita de buenos dirigentes y deben ser los partidos los que los formen, los promuevan y así mismo los vigile y castigue si no le cumplen a la sociedad. Esa es para él la diferencia con los que lo hacen sólo por firmas que finalmente no tienen a autocontrol político”.
Colombia, según este legislador, debe avanzar hacia unos partidos fuertes con financiación clara, que respondan por sus avalados, que los eduquen, que los controlen, donde haya inclusión de todos los sectores de la población: hombres y mujeres, jóvenes, etnias, afros, adultos mayores y todos en una lista cerrada, pero producto de un proceso previo de democracia interna.
En su intervención recalcó con vehemencia que a la política hay que devolverle la dignidad que amerita y sacarla de ese meollo en el que está, que no de miedo debatir, proponer, hacerla para no padecerla. “Hay que quitarse la máscara, somos políticos en campaña y paso seguido se avergüenzan de los partidos, hay un divorcio hipócrita, porque para los votos sí, pero para gobernar no”.
Fue también muy elocuente en sostener que no hay ambiente en el Congreso para sacar adelante la actual reforma política, con un amplio bloque de oposición y con una sociedad reclamando una verdadera reforma estructural que reduzca el salario de los congresistas, que acabe con el ausentismo parlamentario, que penalice severamente la corrupción. “Lo que se propone ahora es un pañito de agua tibia que no da respuestas positivas a la ciudadanía”.
“También urge una verdadera reforma transformadora que incluya desde la conformación de las listas con democracia interna, hasta la revisión y ajuste del Consejo Nacional Electoral, la incorporación del estatuto de la oposición, el respeto de los estatutos y la financiación de las campañas bien reglamentada, además de una verdadera ley de bancadas”.
Echeverry Alvarán aceptó que la imagen negativa del Poder Legislativo es responsabilidad y con creces de la acción delictiva y la falta de responsabilidad de varios de los miembros del Congreso. “Acciones corruptas que esperamos la justicia y los electores castiguen severamente. Sin embargo, la inmensa mayoría somos gente buena, trabajadora y profesional, pero pocas veces somos noticia positiva”.
Es tan vergonzante la situación del Congreso y de los políticos, que para este congresista hoy son el hazme reír de los shows humorísticos y de los comics, como también de los serios noticieros que registran día a día con epítetos descalificadores y deshonrosos la actividad legislativa.
“Hoy una youtuber se vuelve viral con la lista de los supuestos vagos, informe plagado de cuanta imprecisión exista y hasta ahora ningún vocero se ha hecho cargo de enfrentarla y dar la información correcta, dejando una mancha más en el imaginario colectivo de la actividad política”, terminó el descarnado panorama de este congresista.
Por su parte, Guillermo Reyes admitió muchas de las reflexiones de su antecesor y aportó que Colombia requiere de un escrutinio automatizado, para darle seguridad a los resultados electorales, frenar muchas de las dudas y de las sospechas que se hacen sobre los cambios en la votación entre el conteo de mesa y después en el reconteo de los escrutinios, entre lo que se plasma en el formulario E-14 y lo que se consigna después en el E-24 antes de la declaración de elección.