En estos días de declaraciones simplonas sobre uno u otro candidato lo que se ha puesto de presente es el hecho de que bajo las circunstancias a las cuales nos está arrastrando un mal llevado postconflicto, la verdadera política está definitivamente ausente como la ocasión de establecer las bases de un destino común, como la posibilidad de, racionalmente, deshacer lo que aquí caprichosamente llamamos polarización, esto, con la presencia efectiva de un Estado de Derecho para conjurar las estrategias de la barbarie tal como lo demuestran las nuevas formas de violencia en que se han desdoblado las antiguas organizaciones criminales, problemática ante la cual nuestra altísima magistratura judicial – horror de horrores- ha pasado de agache reduciendo la tarea de la justicia al reconocimiento del “derecho” de los microtraficantes a apoderarse de los espacios públicos, de la vecindad de los colegios, o, a reconocer “el derecho al libre desarrollo de la personalidad” del vecino que se pasa tres días de juerga con los equipos de sonido al más alto volumen sin que se repete –este sí- el debido respeto al reposo. Acaba de protestar el Supremo de España por la actitud de la justicia belga de no entregar, como lo exige la Unión Europea, a Puigdemont, el fugitivo político catalán que en una grotesca farsa se autoproclamó “presidente de Cataluña” e inició un Procés colmado de intolerancia y de terror contra sus “enemigos”. Lean el documento jurídico de una belleza extraordinaria por su claridad expositiva en defensa de la democracia española exigiendo la entrega de ese sinvergüenza. Aquí 64 “intelectuales” a partir de un fake news donde supuestamente se anunciaba la ruptura de relaciones con Cuba, colocaron “la necesidad de mantener estas relaciones” como un problema prioritario olvidando la vigencia de la justicia internacional para exigirle a Cuba, “país garante” la devolución de unos asesinos confesos. Matar en un atentado terrorista a 21 muchachos en la Escuela Militar, contemplar los asesinatos semanales de soldados por parte del Eln, el asesinato de indígenas y las matanzas de Pablito, es algo que parece que nunca ha llegado a conmoverlos pues da la impresión de que lo consideran un azar propio de la “guerra”. ¿No es esta precisamente una muestra de la degradación de la política, de lo informativo, de la cultura de la verdad, una muestra de pobreza intelectual? Acogerse, repitámoslo, a la verdad única de una organización política es perder el derecho a disentir, a aportar un punto de vista diferente, finalmente a ser una persona pensante. Si las disidencias de las Farc en lucha contra las comunidades del Cauca acaban de matar cinco indígenas, una gobernadora entre ellas, ¿cómo no protestar ante el grupo de congresistas del partido Farc que por mero oportunismo se han adelantado a acusar al Ejército de negligencia en lugar de reprender a sus, hasta hace poco, camaradas de guerra cuyos nombres conocen suficientemente? ¿No es este continuo matoneo lo que impide que se condene a los verdaderos culpables y crezca por parte de nuestras autoridades una falsa tolerancia hacia la barbarie? Pero esta es la estrategia que se está utilizando para desacreditar una a una las instituciones nacionales. Se degrada el lenguaje cuando eufemísticamente se dice “grupos ilegales” y no disidencias de las Farc o cuando se pregunta El Espectador hipócritamente “¿por qué están matando a los indígenas en el norte del Cauca?”, ¿quién introdujo en Colombia el Cartel de Sinaloa, quiénes arrasaron los bosques del Cauca para sembrar coca? El ombliguismo, el cainismo de la mayor parte de nuestra politiquería coopera abiertamente en esta tarea de impedir la construcción de la democracia. Que la marcha indígena proclamada por Feliciano Valencia la haga pero contra esas bandas de asesinos con las cuales él convivió hasta hace poco.

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P.D Increíble: apareció la bandera de los fanáticos separatistas catalanes enarbolada por los encapuchados que llenaron de terror el norte de Bogotá.

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