Una revista de Bogotá publicó una nota este 12 de diciembre cuyo título dice: “Regaño del parlamento europeo a María Fernanda Cabal”.

No hay tal. Ese titular es inexacto. El Parlamento Europeo no “regañó” a la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. El Parlamento Europeo tiene 751 diputados. Ese parlamento no ha enviado nota oficial alguna a la senadora colombiana. No hay riesgo alguno de que eso ocurra. El Parlamento Europeo está dirigido por partidos serios que evitan hacer bufonerías. En la página web del Parlamento Europeo no aparece resolución, ni carta, ni mensaje alguno del 10 de diciembre sobre Colombia. Luego el texto recibido en Bogotá es una usurpación.

Lo que ocurrió es que una célula de 12 eurodiputados, es decir el 1,5% del Europarlamento, que no puede hablar en nombre de esa institución, envió una carta en la que conmina a la comisión primera del Senado colombiano a retirar un proyecto de ley que impulsa la senadora Cabal. Doce eurodiputados abusaron de sus investiduras para engañar a los incautos y hacer ruido en favor de las Farc.

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Los 12 firmantes representan las minorías más estrafalarias y anticapitalistas del Europarlamento. Uno de ellos hace parte del partido madurista de España (Podemos), otro aplaude el caos y el terrorismo callejero que los separatistas tratan de instaurar en Cataluña, otro quiere cambiar el modo de vida de su país, otro pide la separación de Flandes pues no “siente ninguna identidad belga”. Otro vive furioso con la política climática de Europa, aboga por las migraciones salvajes y es de los que ponen la etiqueta de “neofascista” a quien lo contradice. Otro pide que le quiten a Marruecos el Sahara occidental, otros son conocidos por su activismo en facciones comunistas de Italia, España, Suecia y Alemania, las cuales siempre cubrieron a las Farc a sabiendas de sus horribles matanzas y de su tráfico de drogas. Otros son activistas verdes en Francia e Inglaterra.

Esos son los que pretenden, utilizando la papelería del Parlamento Europeo, darle órdenes al Senado colombiano. “Ustedes discuten un proyecto de ley que no nos gusta, luego deben retirarlo”. Eso es lo que, en síntesis, envían desde Estrasburgo esos pitufos de la política europea. El Europarlamento tiene 22 comisiones y subcomisiones. Ningún presidente de esas comisiones y subcomisiones firmó la carta de los pitufos.

Si alguien en el Senado de Colombia acata esa vil intriga que no se queje si le reprochan tener un espíritu bobalicón o ser un lacayo.

Si bien el Europarlamento colabora con la Unión Europea y con los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE, y expide resoluciones sobre cuestiones diplomáticas, jurídicas y ambientales y sobre la situación de los derechos del Hombre en algunos países, ningún reglamento interno lo autoriza a enviar órdenes, conminaciones o ultimátum a parlamentos o a parlamentarios de otros países. No lo hace siquiera ante los parlamentos de los Estados miembros de la UE. Aquí se cuidan de hacer semejante oso. Pues el ridículo no mata pero sí hace perder votos.

Una oficina privada bogotana, que depende de fondos extranjeros de financiamiento, pidió a los pitufos intervenir en esto. Les rogó impresionar al Senado colombiano para que sea bloqueado el proyecto de ley 131 de 2018, defendido por María Fernanda Cabal, que modificará, en buena hora, la Ley de víctimas y restitución de tierras (ley 1448 de 2011).

Esta ley 1448 tiene muchos defectos. Fue redactada de suerte que, gracias a fórmulas ambiguas y a vacíos calculados, permita a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas (UTD) obrar a su antojo. Esa ley, por ejemplo, pide que sea aceptado cualquier medio como prueba del daño sufrido, y no obliga a las partes a presentar pruebas, pues estipula que “el Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley” (artículo 5). Esa ley no exige verificar el pasado judicial del reclamante; invierte la carga de la prueba caprichosamente y permite que las pruebas a presentar puedan variar en cada caso. Otros vacíos permiten que el organismo ejecutor valide “informaciones” encontradas en bases de datos alternativas y no sólo en bases de datos oficiales. Permite que la UTD se arrogue abusivamente facultades de policía judicial.

Lo peor es que, en el plano práctico, prevalece la presunción absurda de que toda compra de tierras en época de conflicto armado interno es nula. Gracias a esas astucias, justificadas por la noción dudosa de “justicia transicional”, cientos de campesinos pobres y medianos, honrados labriegos, han perdido y están perdiendo sus tierras de manera arbitraria. Solo se requiere que el vendedor de un lote reaparezca y diga a la UTD o a un fiscal que fue despojado de su bien y que huyó de allí por miedo y la venta de hace 27 o 25 años atrás queda anulada o en entredicho.

Criticada al comienzo por ONG de izquierda, por exigir pruebas que, decían, hacen “inviable la devolución de tierras a los despojados”, esa ley del periodo santista es hoy defendida por esos mismos organismos. ¿Por qué ese cambio de actitud? ¿Porque una cosa es lo que dice y calla esa ley y otra la praxis del organismo ejecutor? En su carta los doce eurodiputados invocan las “50 organizaciones sociales y de víctimas” que “rechazan” la reforma de esa ley. ¿En vista de los resultados prácticos de la norma defectuosa?

En su enérgica respuesta a los doce eurodiputados, la senadora María Fernanda Cabal explica que la Corte Constitucional de Colombia invitó en 2016 a los legisladores a reformar la ley 1448 “en particular sobre la atención a los denominados ‘segundos ocupantes’, de acuerdo a las convenciones internacionales sobre protección a la población desplazada”. Ella subraya que la reforma en curso “contiene una serie de garantías de carácter universal que fueron desconocidas [por la ley 1448], tales como el principio de la acción sin daño, el principio de la confianza legítima y el principio de la doble instancia, que no son otra cosa que garantías judiciales dentro de un Estado social de derecho”. Contra eso quieren ir los doce eurodiputados anticapitalistas.

Ninguno de los doce conoce el tema de la restitución de tierras como lo conoce la senadora Cabal. Ninguno se ha tomado el trabajo de ver en el terreno cómo ocurren esas cosas. Firmaron irresponsablemente un papel que otros activistas les habían redactado.

Los intrigantes de Estrasburgo señalan que el proyecto de ley de María Fernanda Cabal es “contrario al buen desarrollo del proceso de paz”. Grotesco. Los doce estiman que restablecer las garantías de derecho en favor de las víctimas, de todas las víctimas, está mal. Los astutos pitufos defienden la agenda de las “50 organizaciones de víctimas” que, según ellos, son las únicas que deben ser escuchadas, dejando por fuera a las víctimas mayoritarias, las que dejó y sigue dejando la acción criminal de las Farc.

Los doce repiten las imposturas del acuerdo de La Habana. Dicen que ese texto es un “tratado internacional” y que es inmodificable. Colombia rechazó ese acuerdo en el plebiscito nacional de octubre de 2016. Los doce rechazan ese acto histórico, legítimo y eminentemente democrático de los colombianos.

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Al revertir lo evidente, al intrigar contra el proyecto de la senadora Cabal, los pitufos de Estrasburgo ayudan a los agresores históricos del pueblo colombiano y exhiben la barbarie ideológica que los motiva: prefieren el Terror a los derechos del Hombre. Son epígonos disimulados de Marx quien nunca defendió forma alguna de derechos del Hombre ni forma alguna de Derecho. De Marx quien en su manifiesto de 1848 emerge no solo como el heredero de Robespierre sino como el instigador de algo peor, más vasto y totalitario que el Terror de 1792-1794.