En vez de cumplir el infame AF, el gobierno debe exigir a las Farc la condena irrestricta del terrorismo y de la dictadura de Maduro, si quiere integrarse a la legalidad dentro del principio de la igualdad.
Tenemos dos guerrillas principales en Colombia, las Farc y el Eln. Ambos grupos son de obediencia cubana y actúan de manera coordinada, sobre todo desde que se reunieron en La Habana (abril 2015), con el beneplácito de JM Santos, quien autorizó el desplazamiento de los individuos del Eln, para reunirse con sus compañeros de las Farc y recibir instrucciones de su jefe máximo, Raúl Castro.
Las Farc se han escindido estratégicamente en dos vertientes: 1. Los que operan en la “legalidad” del AF (congresistas, JEP, columnistas, “desmovilizados”, etc.), y 2. Los “disidentes”, que siguen narcotraficando, sin olvidar la minería ilegal, el reclutamiento de menores, homicidios, etc.
Por su parte, el Eln, robustecido por numerosos exfarc, especializado en la voladura de oleoductos, sigue dedicado a todas las labores propias de la subversión.
Ahora bien, el gobierno anterior invitó al Eln a recibir en La Habana lo poquito que faltó entregar a las Farc. Por su parte, los elenos manifestaron que solamente firmarían la “paz”, si se convocaba una constituyente “estamental”, es decir, un grupo tumultuario, escogido por ellos, para refundar el Estado a la manera estalinista.
Como Petro no logró la Presidencia, el nuevo gobierno, en vez de romper esos diálogos perjudiciales, los mantuvo latentes, porque exigía la liberación de los secuestrados como previa manifestación de “voluntad de paz”.
La explosión en la Escuela General Santander ocasionó la respuesta correcta del gobierno, que exige a Cuba la entrega de los jefes del Eln, sujetos que han reivindicado, complacidos, la autoría de la criminal acción.
Era evidente el propósito de amedrentar al doctor Duque, para que reactivara las “negociaciones” hasta la entrega final.
Pero la jugada tenía un doble propósito: Si no se obtenía el principal, se lograría el secundario: Hacer creer al país que hay una guerrilla “buena”, y otra, “mala”, de tal manera que la “buena” (Farc) obtenga todo lo ordenado por el AF, mientras se combate a la “mala” (Eln) durante algunos meses más…
Contrariando la voluntad del pueblo, expresada en el plebiscito y en la elección del doctor Duque, su gobierno, en multitud de ocasiones, ha reiterado la voluntad de cumplir con el AF, eso sí, con mínimos retoques (hasta ahora no conocidos), de respetar la JEP y ejecutar las partidas para “el postconflicto”, que son las que ocasionan el enorme déficit del presupuesto.
En efecto, si el gobierno recortara las abusivas partidas convenidas con las Farc, el déficit sería manejable y se podrían aumentar recursos como los reclamados por la salud.
Al iniciarse el año, ha pasado desapercibido un detallado documento de la Presidencia de la República, “Paz con Justicia”, de 32 páginas, prolija descripción de todos los mecanismos administrativos que se pondrán en funcionamiento para hacer efectivos los compromisos pactados entre Santos y Timochenko. Desde luego, se trata de un texto farragoso y confuso, que repele al lector, pero como sus efectos son letales, no se excusa seguir ignorándolo.
Hay que hacer enormes esfuerzos mentales para creer que las Farc están “cumpliendo”, y todavía mayores para creer que el AF conviene al país… y que por eso hay que darle cumplimiento contra el deber ser y la voluntad popular.
Esta política de sometimiento, que el gobierno llama “de estabilización”, dizque va dirigida únicamente a los 13.000 desmovilizados que están reintegrándose a la “legalidad”, mientras se amenaza a quienes no se acojan a ella. ¡Pero si apenas se desmovilizaron unos 7000, y buena parte volvió a las andadas! ¡No me cuadra la aritmética del consejero Archila!
Contemplando el desorden público, las 230.000 y más hectáreas de coca, los derrames de crudo, la minería ilegal, el auge del narcotráfico, no veo el “cumplimiento” de las Farc, que obviamente, no han dejado el tráfico, ni entregado los bienes, ni muchos niños, ni renunciado a su plan revolucionario. Al contrario, su respuesta al gobierno es de solidaridad con Maduro y de tácita aprobación al ataque de la Escuela de Policía, mientras sus amigos políticos y los tales “garantes” reclaman, bien sea la reanudación de diálogos con el Eln en La Habana, bien la repatriación, dentro de grotescos protocolos para la seguridad de criminales de lesa humanidad.
En vez de cumplir el infame AF, el gobierno debe exigir a las Farc la condena irrestricta del terrorismo y de la dictadura de Maduro, si quiere integrarse a la legalidad dentro del principio de la igualdad, dejando todos los privilegios aberrantes en materia de impunidad y de astronómicas prestaciones económicas, porque los terroristas no pueden gobernar el país.
En conclusión, no hay una guerrilla “buena” y otra “mala”. Hay una mala y otra peor, y ambas deben ser combatidas, si queremos seguir teniendo un país democrático.
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