La cifra de homicidios en los municipios del Urabá antioqueño sigue en aumento. La problemática dada a conocer en el consejo de seguridad de la Gobernación de Antioquia el pasado 6 de junio no ha mejorado, al contrario, va en aumento mientras las autoridades resaltan avances en capturas y operativos. 

En su momento, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez expresó que a esa fecha de junio "los homicidios en Turbo no son como los del Valle de Aburrá en número, pero en porcentaje por cien mil habitantes sí es el más alto de Antioquia y el más alto en Colombia. En Urabá sistemáticamente vienen aumentando los homicidios, particularmente en el 2016 habían aumentado a 71 y a este 2017 van en 105, lo que representa un aumento del 48% de muertes violentas, en su gran mayoría en Turbo".

Desde ese anuncio y hasta el 26 de septiembre se registran 197 casos de homicidio en esos municipios, 92 más de los anunciados por el gobernador.

Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Murindó y Vigía del Fuerte son los municipios que conforman esta subregión afectada por los crecientes casos de homicidios, aunque aquellos que presentan mayores cifras son en su orden Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa.

El conflicto originado por las bandas criminales que hacen presencia en la zona, como el clan de golfo, es el mayor detonante de la situación. Así lo explicó el coronel Luis Eduardo Soler Roldán, comandante de la Policía Urabá, quien atribuyó buena parte de los casos a este grupo, además de otras razones como los crímenes pasionales, la vulnerabilidad de los jóvenes y la intolerancia, comunes en otras zonas del país. 

“Hemos hecho un trabajo juicioso, un análisis del tema del homicidio y se planteó que la mayor carga está en el clan del golfo, en lo que tiene que ver con ajustes de cuentas, control y el tratar de mantener ese control que lo ha venido perdiendo en el territorio”, expuso Soler Roldán.

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El conflicto que se vive en esta región no es nuevo. Los grupos armados que los han dominado han variado en el tiempo, generando diversas problemáticas en el reemplazo de los anteriores.  “El crimen organizado está ocupando espacios que han dejado otras organizaciones. En San José de Apartadó las Agc (Autodefensas gaitanistas de Colombia) o el clan del golfo están ocupando la zona de influencia del quinto frente de las Farc”, expuso Jorge Iván Avendaño, docente integrante de la Mesa del programa de Investigación Criminal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. 

En el mismo sentido se había referido la Acnur hace más de una década, en su informe sobre la situación de derechos humanos en el Urabá antioqueño, en el cual señaló la alta ocurrencia de homicidios en la región entre los años 1990 y 2004, por encima de la tasa nacional.

La problemática está explicada en este informe porque “durante la década del noventa en el Urabá antioqueño la dinámica del conflicto entre grupos armados tuvo una gran incidencia en el comportamiento de los homicidios, ya que por un lado, con el Epl desmovilizado y conformado el Movimiento Esperanza Paz y Libertad, las Farc, las Milicias Bolivarianas y la disidencia del Epl empezaron a asesinar a los reinsertados y a las bases de apoyo político del nuevo movimiento, con el fin de disminuir su fuerza electoral, y por otro lado, las autodefensas empezaron a atacar a miembros de la UP y del partido comunista”, según ese informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Volviendo a la actualidad, con un panorama igual de preocupante, el académico Avendaño explicó que la ocupación en el territorio de las bandas criminales (bacrim) se debe a las características que tienen, como son “poderío militar, control territorial y una organización estructurada que tiene jerarquías, se reparten los dividendos de la zona, extorsionan a los vehículos de gaseosa, a los comerciantes”, por lo que en su control de la región se enfrentan a otros grupos o personas para tener el manejo total. 

De esta manera entró en su momento otro actor a este conflicto, ya que “cuando el crimen organizado tiene ese modus operandi, también crecen las bandas, porque son los terceros que prestan ese servicio al crimen organizado, entonces vamos a tener un aumento en las mismas, que son las que están ejerciendo sus actividades en la zona”, subrayó Avendaño.

Entre tanto, para algunos es posible resaltar la disminución de la violencia en el campo, comparado con el pasado. “Urabá ha sido una región afectada desde hace muchas décadas por el conflicto, sin embargo ha mejorado en el sector rural notablemente. Uno tiene veredas o corregimientos como San José de Apartadó que en lo que llevamos de mi gobierno no hemos tenido un solo homicidio”, subrayó Eliécer Arteaga Vargas, alcalde de Apartadó, municipio que ha tenido 15 homicidios más en lo corrido de este año en comparación al anterior. 

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Con respecto a los asesinatos explicó que en su mayoría los casos involucran “antecedentes penales, problemas de microtráfico o venta de estupefacientes, pero no deja de ser un problema muy complejo”, sostuvo Arteaga Vargas.

Las acciones
Para el coronel Soler Roldán ha habido avances para la disminución de los homicidios materializados en capturas, como parte de la estrategia contra el homicidio en el departamento de Policía de Urabá durante este año. “Ya tenemos unos resultados. Tuvimos la captura de 15 individuos  quienes hacen parte de las estructuras del clan del golfo que se dedican a cometer homicidios, especialmente en el municipio de Turbo y el corregimiento de Currulao, y a extorsionar personas”, informó el comandante.

Según la Secretaría de Gobierno del departamento, se han adelantado diversas acciones con el fin de disminuir la criminalidad que se evidencia en la zona. Estas consisten en el fortalecimiento del Gaula de Urabá, la logística de los vehículos para que las autoridades se transporten durante los operativos entre los municipios y el aspecto tecnológico, temas en los que habrá tres contratos este año.

Además, “en los Consejos de Seguridad el gobernador ha facilitado el fortalecimiento y el aumento de justicia en la zona, con fiscales locales. Él hizo un contacto importantísimo con el  fiscal general de la Nación y lo autorizó fortalecer a Urabá con cinco fiscales más, entonces eso también ayuda mucho”, consideró Hugo Parra Galeano, subsecretario de Gobierno de Antioquia, quien agregó que también ha habido aumento en el cuerpo de policía. 

Las investigaciones estructurales que están adelantando los organismos de inteligencia en la zona es otra de las acciones que resaltó Parra Galeano, pues de esta manera se lograría desvertebrar las bandas criminales y la presencia del clan del golfo. 

No obstante, para el alcalde de Apartadó hace falta más, un enfoque diferente en el trabajo por reducir la violencia y los homicidios. Según él, por ahora siguen las estrategias tradicionales y “ese tema hay que cambiarlo, es más de inteligencia, menos informado, más inteligencia en las calles. Esas estrategias no avanzan. Llevamos no sé cuánto tiempo haciendo lo mismo. Ahorita con la tecnología y con el Whatsapp hay un retén en cualquier parte y todo el mundo lo sabe”, expuso Arteaga. 

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Atendiendo a las razones por las que ocurren los homicidios, que van desde el ajuste de cuentas entre bandas, el control territorial, las riñas callejeras y los crímenes pasionales, el subsecretario explicó que desde la administración se trabaja “contra las bandas criminales y el microtráfico, que es el que tiene en jaque a las organizaciones porque ese es el caldo de cultivo para ellos poder recoger los recursos importantes”.

La posible solución a esta problemática, según los expertos, no podría ser únicamente la fuerza, requiere de una intervención integral y la articulación de las diversas instituciones, puesto que la violencia y la cantidad de asesinatos son una situación que también se presenta en otras regiones del país.

“Esa zona se ve hoy amenazada por la crisis de seguridad que presenta Colombia. Es necesario que este gobierno en lo que le queda y los próximos se enfoquen mejor en una seguridad más efectiva, acompañada con desarrollo, que involucre no solo a la Policía sino a las fuerzas militares, la Armada Nacional, a la Fuerza Aérea, a las demás instituciones en llevar esa percepción de seguridad y de tranquilidad a los ciudadanos”, propuso el docente Jorge Iván Avendaño. 

¿Y las desapariciones forzadas?
De acuerdo al informe preliminar de Medicina Legal, en la región del Urabá a junio de este año sólo registraba seis personas desaparecidas, provenientes de dos municipios (ver gráfico). Al respecto el comandante de Urabá fue enfático en que son casos que aún no se pueden comprobar que estén en ese estado.

"Las desapariciones nosotros no tenemos más de uno o dos casos en toda la región, de acuerdo a la información que nosotros tenemos. Son mínimas y son casos que no se han podido establecer si estas personas les fue cometido el homicidio o se trasladaron a otros lugares o salieron de la región. Las investigaciones determinarán esa situación”, informó el coronel Soler Roldán.