Las organizaciones defensoras del ambiente en el país, las comunidades afrodescendientes y muchos colombianos preocupados por la conservación de la biodiversidad en el territorio, celebraron esta semana la entrega del Premio Goldman, creado en 1989 por los filántropos Richard y Rhoda Goldman para honrar a quienes logran visibilizar los problemas ambientales en el ámbito internacional, a la líder Francia Márquez, oriunda del municipio de Suárez, en el norte del Cauca, por su lucha contra la minería ilegal y, en menor grado, la defensa de su entorno de las apetencias de empresas multinacionales que han pretendido desconocer los derechos de los grupos étnicos a la consulta previa para adelantar proyectos de exploración y explotación de minerales.

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También esta semana la Sección Quinta  del Consejo de Estado dejó sin efectos una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había dado vía libre a una consulta popular en contra de la minería en el municipio de Une, luego de tutelar los derechos de un grupo de trabajadores del sector minero contra el citado fallo. La consulta, además de preguntar a los habitantes si aprobaban o no la ejecución de proyectos mineros, extralimitaba sus pretensiones al someter a consulta popular la renovación de las concesiones mineras vigentes en ese territorio.

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Dos hechos que en apariencia no tienen conexión alguna son, a nuestro juicio, botones de muestra sobre cómo el camino institucional es la mejor, o quizá la única vía que el pueblo y el Estado colombiano tienen para dirimir las reiteradas disputas sobre la industria extractiva colombiana, contra la cual las acciones legales se han tornado tan insistentes que han llevado a las altas cortes a crear, vía fallos y sentencias, un vacío jurídico que ha servido, como tantas veces hemos señalado en estas columnas, como caldo de cultivo para la inseguridad jurídica de quienes se preocupan por trabajar bajo los parámetros de las buenas prácticas mineras, dejando el campo abierto a los ilegales, quienes arrasan los bosques, secan los ríos, generan violencia y le birlan los recursos por impuestos y regalías a la Nación y a los municipios.

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En el caso de la líder afrodescendiente Francia Márquez, es digna de admiración la determinación con la cual decidió hacerle frente a la llegada de los ilegales, quienes a punta de retroexcavadora y amedrentando a los pobladores con armas y amenazas, lograron menoscabar buena parte de los recursos naturales del corregimiento La Toma y sus zonas aledañas en el norte del Cauca, deforestando, destruyendo el cauce natural del río Ovejas –única fuente de agua dulce de la comunidad- y contaminando el ambiente con el uso indiscriminado de mercurio y cianuro. El que era un territorio considerado ancestral por los pobladores indígenas y afrocolombianos, fue invadido, según lo relatado por la líder a los medios de comunicación, por miles de forasteros que trajeron consigo las patologías sociales propias del entorno ilegal, como la violencia, la prostitución y las drogas.

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Desplazada por las amenazas recibidas, pero con la determinación de defender su territorio, Francia Márquez lideró la marcha de 10 días que en noviembre de 2014 la llevó a ella y a un grupo de mujeres de La Toma hasta Bogotá, donde logró el compromiso del Gobierno para hacer frente a la problemática, lo que dio origen a la creación de un grupo de trabajo sobre minería ilegal en el ámbito nacional.

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En el caso del fallo del Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo dejó clara la tesis que ha sido nuestro clamor en estas columnas de tiempo atrás: la necesidad de que el Congreso de la República legisle para llenar los vacíos creados por la Corte Constitucional relativos a la explotación del subsuelo y que pasa por la necesidad de que las autoridades territoriales y las nacionales concierten su uso. Aunque el Gobierno Nacional ha hecho reiterados anuncios sobre la radicación en el Congreso de un proyecto de Ley en este sentido, lo cierto es que hasta ahora no ha habido noticias de su trámite, y con una Administración y unos legisladores de salida, el tema entrará a la lista de pendientes del nuevo presidente, mientras en distintos municipios del país, como Salento (Quindío) que la anuncia para el 15 de julio, se seguirán promoviendo consultas populares que son distintas a las consultas previas, circunscritas exclusivamente y como derecho fundamental a los pueblos indígenas y los grupos étnicos, con el propósito de proteger su integridad cultural.

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En este punto es donde coinciden la ganadora del Premio Goldman y el Consejo de Estado. En que la líder supo entender cuál era el marco legal del reclamo de su pueblo y actuó en consonancia con el mismo, lo que entraña un mayor mérito, pues libró una lucha en pro del respeto del marco institucional. Y en que el Consejo de Estado, por fin y a falta del pronunciamiento de la Corte Constitucional tras la Audiencia Pública celebrada en días pasados, puso el dedo en la llaga de la inseguridad jurídica para la industria minera, cuya solución también es estrictamente institucional. Veremos si en el Congreso Minero, citado para la próxima semana en Cartagena, el Ejecutivo sigue anquilosado en los anuncios gaseosos o lleva, por fin, un hecho concreto para mostrar.