En el aniversario del fin de la dejación de armas por las Farc, el gobierno Santos ha desplegado su poder propagandístico para una última arremetida de falacias polarizadoras que ocultan duras verdades de las graciosas concesiones, los errores y los fracasos del acuerdo final con esa guerrilla.

El Gobierno atribuye la reducción de homicidios a la negociación con las Farc. Su análisis ignora que los homicidios venían cayendo desde 2003, según Centro nacional de memoria histórica. En tal año, las muertes violentas fueron poco menores a 50.000; en 2013 el informe Forensis registró 14.782 homicidios, y en el 2017 fueron 11.373. Esta tendencia positiva comienza a revertirse en grandes ciudades y en zonas afectadas por la presencia de los GAO de las Farc, que ahora suman entre 1500 y 2000 miembros. El crecimiento de GAOs farianos coincide con la entrega incompleta de caletas e imposible recuperación de ellas, como reconoció la Procuraduría al señalar que a la fecha no se han encontrado, o estaban vacías, 97 de las 277 caletas reportadas por la ONU.

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Durante la semana que terminó, Gobierno y Farc dieron también gran despliegue a una declaración en que la Secretaría General de la ONU habría “certificado” a las Farc por haber liberado a los menores que había reclutado. Aunque el documento entregado por Antonio Guterres a la Asamblea General y el Consejo de Seguridad admite el paso, este es más contundente en ratificar la preocupación de su Delegación en Colombia por los menores de edad que las Farc liberaron informalmente -¿para eludir verdad y responsabilidad?-, dejándolos desprotegidos.

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En la misma agitada semana en torno a los acuerdos con las Farc concluyó en el Congreso el trámite del Proyecto de Ley de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Estuvo este marcado por el choque entre el gobierno Santos y los congresistas afines al próximo gobierno de Iván Duque sobre la sala especial de esa jurisdicción para los militares y las competencias acerca de extradición. La situación de los militares denuncia la falta de diligencia de la justicia ordinaria para tramitar los procesos contra 1758 miembros de la Fuerza Pública, en especial los inocentes que aceptaron someterse a la JEP, donde se les presume culpables, buscando a cambio de su honor, celeridad en la dación de justicia. Este debate también fue ensombrecido por el papel que jugó la cúpula militar bajo ordenes del ministro Villegas en la defensa del proyecto gubernamental, actuación en la que en lo político significó la ruptura con la tradición no deliberante de las Fuerzas Armadas y en lo ético implicó torcer la verdad para definir a esa institución como actor del conflicto armado, a semejanza de las Farc, y no la defensora de la sociedad agredida. Sin demeritar la trascendencia de esta discusión, ha de reconocerse que darla en el marco de la ley de procedimientos de la JEP permitió ocultar, hasta que no se sabe sobre su suerte, artículos fundamentales que debían dirimir conflictos de competencia entre las jurisdicciones ordinaria y especial, en caso de reincidencia de sujetos procesales sometidos a la transicional.

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El delirio de un gobierno que refiere un país distinto al que habitan los colombianos toca máximos cuando se trata del análisis sobre cultivos ilícitos y narcotráfico. Aunque habíamos señalado en mayo de 2014, cuando lo publicaron, que el Gobierno fue tibio en exigir a las Farc responsabilidades concretas en entrega de información y elementos sobre el narcotráfico, el acuerdo sobre “Solución al problema de las drogas ilícitas” compromete a las Farc a “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno” y la batalla por declarar el narcotráfico como delito conexo al político, acepta la participación de ese grupo en tal actividad criminal. Pasando por encima de sus declaraciones como ministro de Defensa y de la realidad, Juan Manuel Santos sorprendió al país esta semana al declarar que “las Farc se resistieron a reconocer que eran narcotraficantes. Pero sí reconocieron que se nutrían de los dineros que genera ese negocio”, postura que representa la admisión de que el Gobierno cedió ante las Farc, reconocidas como el principal cartel narcotraficante del mundo, para ganar la carrera de mostrar algún resultado en la negociación.

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Fruto de la distancia intelectual del Gobierno con la realidad de los cultivos ilícitos y el narcotráfico ha de entenderse que esta semana el Consejo de Estupefacientes hubiese formalizado las ideas del ministro Villegas, el más fracasado de la historia en este tema, para legarle una errática estrategia al gobierno que se enfrenta a la obligación de lidiar con los efectos de ese fracaso en seguridad interna y capacidad de negociación internacional.

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Comentarios:

Deiby
2018-07-02 14:35:01

Las incapacidad de perdón de la familia propietaria de este periódico más la lamboneria al nuevo presidente reunidos en veneno. Con datos sesgados buscan mostrar que la tenebrosa política de seguridad democrática es la responsable de la reducción de muertes en el conflicto, cuando saben muy bien que entre 2009 y 2010 siendo Uribe preside se habían reactivado las acciones de las FARC desde su retaguardia.

Edgar
2018-07-01 09:06:51

Los más aburridor es que en el exterior se creyeron el cuento de que acá estamos en paz, que los terroristas farianos entregaron toda la verdad, las rutas de narcotráfico, todos los niños llevados a su guerra, los secuestrados ó sus fosas, caletas, y un largo etcétera. Y cuáles disidencias? Eso no existe en Europa.

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