No le fue bien al gobierno del presidente Santos con su anuncio, no del todo verdadero, de que había logrado un acuerdo en la Mesa de concertación de políticas laborales y salariales sobre el salario mínimo para 2018. La inexistencia del consenso fue develada por la intransigente CUT, central sindical a la que la ministra de Trabajo hubo de darle la razón, reconociendo que lo que logró fue sumar mayorías suficientes para dictaminar el aumento de 5,9% decretado el 30 de diciembre. En la imposibilidad del acuerdo tiene, por cierto, importante responsabilidad la radicalización de la CUT, central que poco aporta a construir acuerdos en la única oportunidad de encuentro que se han dado Gobierno, empresarios y sindicatos.

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No obstante ser ritual anualizado que convoca a las partes y despierta el interés de los medios de comunicación, el aumento del salario mínimo en Colombia no cumple con los objetivos de generar equidad para los trabajadores del país, no sólo los asalariados.

Incumple el salario mínimo su promesa de equidad porque su beneficio apenas toca a la base del 30% de los trabajadores asalariados en condiciones formales, que son los que, según el Gobierno, cotizan a pensión; otro 17% que el Gobierno registra como trabajadores formalizados en realidad no cotizan al sistema de seguridad social, y el restante 53% de las personas que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad, o sea sin salario. A estos trabajadores, que reciben ingresos según el mercado y su suerte, una mayor alza formal del salario les impone los costos de la reducción de posibilidades de acceder a trabajos formales y el del aumento de precios asociado a los costos salariales y otras medidas.

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Distintas decisiones de ley y gubernamentales han convertido el salario mínimo, que no la inflación, como debiera ser, para tarifas, tasas y multas, que cobran el Gobierno y agentes privados. Al estar condicionados por el valor del salario mínimo, y no de la inflación, estos cobros hacen que rápidamente el aumento de salarios pierda sus efectos benéficos para los trabajadores, sin eliminar la carga que representan para los empleadores. Por efecto de la decisión, se crea también una presión inflacionaria que recae especialmente sobre los más pobres, o sea los no asalariados.

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El choque del Gobierno y la segunda central sindical del país a raíz de la promulgación del nuevo salario mínimo es otra de las señales que indican que el concentrarla exclusivamente a la discusión anual sobre el salario mínimo ha limitado las posibilidades de la Mesa de concertación como punto de encuentro y discusión de las tres partes de las relaciones laborales, sobre las problemáticas de empleo, ingresos, seguridad social y equidad en el trabajo.