La paz y la seguridad ciudadana son bienes que deben ser protegidos por el Estado. Para cumplir con este propósito, el país cuenta con su fuerza pública quien está llamada por la Constitución y la Ley a salvaguardar estos derechos. Para lograrlo, quizá la estrategia más valiosa y más importante de todas, es el “arma de inteligencia” cuya principal tarea es analizar información táctica y estratégica sobre las posibles amenazas contra la población o el territorio. Esta valiente e importante misión, ha sido confiada a un equipo de destacadas condiciones personales y profesionales, del que se requiere sobretodo, disponibilidad permanente.
La dinámica del conflicto no admite intermitencias, las amenazas internas son constantes, sin tregua, ni horarios, por lo que la comunidad de inteligencia está obligada a mantenerse en alerta constante, anticipándose a intenciones criminales. Estoy hablando de los agentes de inteligencia. Hombres y mujeres que a diferencia de cualquier otro servidor público militar o civil, encuentran en su templanza, prudencia y sagacidad, las únicas armas y herramientas para detectar intenciones hostiles de amenaza respecto a las cuales, deben encauzar la capacidad estratégica, operacional y táctica del Estado. 
Gracias a la inteligencia recolectada por estos héroes invisibles, se han evitado ataques terroristas, extorsiones e infinidad de situaciones que alterarían la tranquilidad y el orden público. Solo por mencionar algunos manteniendo su anonimato individual, ellos han sido pieza fundamental para llevar a cabo operaciones como jaque, camaleón, fénix y Emanuel. A pesar de su ardua labor, este personal civil con funciones de inteligencia y contra inteligencia, fue excluido del régimen prestacional especial del que gozan los militares con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, desconociendo la especialidad, riesgo y responsabilidad que exige su trabajo.   

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Por eso, con el objetivo de amparar y equiparar a este personal civil con el régimen prestacional especial del que gozan los militares, en el año 2016 presenté a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley 140/16. Esta iniciativa se encuentra a tan solo un debate de ser aprobado por la  Plenaria de Cámara de Representantes. Esperamos que este año, reconociendo las nuevas amenazas a las que nos enfrentaremos los colombianos en el marco del posconflicto, los parlamentarios le den su apoyo en último debate a este proyecto y podamos devolverles las garantías perdidas a quienes día a día aportan de manera silenciosa a la estabilidad y seguridad pública de nuestro país.