El pasado 20 de julio, congresistas de diferentes partidos políticos como el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Cambio Radical, el Partido Liberal, entre otros, radicaron un proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 34 de la Constitución política de Colombia que prohíbe la pena de prisión perpetua, y para este caso en concreto, para violadores y asesinos de niños y niñas; pues, según ellos, “Colombia tiene que atender a los niños. Es una prioridad y nosotros queremos decirles que habrá cadena perpetua para quien atente contra un niño en nuestro país. Es una obligación que tenemos todos los legisladores”.

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Por supuesto que todo niño y niña de este país es una prioridad, así como toda mujer que exige garantías para su cuidado físico, sexual, emocional, laboral, entre otros, como todos los líderes sociales que pidieron y que piden garantías de seguridad, en ultimas, como cada ciudadano de este país. Entonces, habrá que decirles a estos congresistas que, en primer lugar, son tan sagrados los niños como cualquier otro ciudadano.

Desde luego, es una población que, por sus condiciones físicas, se hace más vulnerable a todo tipo de abuso (no sólo sexual), y por esto, el Estado debe asegurar y garantizar de manera especial, con medidas realmente eficientes, la protección de su integridad. Ahora bien, en un sector que en ocasiones pierde la racionalidad cuando se habla de más castigo, se considera que la prisión (y algunos hasta se aventuran a decir que la pena de muerte) es una medida que garantiza de manera eficiente la integridad de los niños y niñas, por más que la experiencia nos haya mostrado hasta el cansancio que no ha sido suficiente y que el castigo no ha podido evitar nuevos delitos sexuales contra menores. Entonces, esta iniciativa puede ser muy eficiente para un sinfín de objetivos pero no para la protección de los derechos de los niños y niñas que, se supone, es a lo que nos convoca la discusión sobre la eliminación de la prohibición de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas.

Frente a esto cabe hacerse dos preguntas fundamentales: la primera ¿por qué la amenaza del derecho penal no ha evitado que se sigan cometiendo delitos sexuales contra menores? y la segunda, si frente a la discusión de la eliminación de la prohibición de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas ¿estamos realmente preocupados por el bienestar de la víctima?

Para empezar, hay que decir que en todas las discusiones acerca de los asuntos de derechos de la niñez, paradójicamente, en este país, lo que menos ha importado es el niño o la niña. Con la discusión acerca de la adopción de parejas homosexuales quienes se oponen citan estudios no certificados, a la biblia (increíble, pero aún en un Estado que se supone laico la siguen citando para asuntos públicos), a una cantidad vergonzosa de prejuicios (como que los homosexuales están buscando niños para violarlos, como si aproximadamente el 92 % de los delitos sexuales contra menores no fueran perpetuados por heterosexuales) y, cuando se quedan sin argumentos, por fin hablan de los niños y de su preocupación por ellos, desconociendo que, hasta el 2014 había 5.283 niños esperando una familia (y no creo que la cifra en el 2019 sea muy alentadora en comparación a la del 2014). De suerte que, lo que se promueve en este caso, claramente, es el odio y la homofobia, jugadas sucias que pueden asegurar un éxito político pero no la protección y el bienestar de los niños y niñas. Todo porque: “¡lo que importa es el niño!”

Por otro lado, según la Policía Nacional, en el 2017 fueron reportados 18.021 casos de delincuencia juvenil. De nuevo, lo que menos importa es el niño o la niña. Para esta fecha lo que se proponía era reducir a 12 años la edad desde la cual se debe responder penalmente. ¡doce años! ¿qué pasa en una sociedad en la que una persona a los doce años comete un homicidio? Colombia como Estado y como sociedad está en mora de poner en práctica medidas, a lo mejor mucho más eficientes, que involucren menos la privación de la libertad. Pues ya es hora de reconocer seriamente que en Colombia no existe una política criminal que resuelva de manera contundente la prevención de la violencia y la delincuencia juvenil, ya es hora de reconocer que la delincuencia juvenil tiene raíces en la pobreza, en los problemas familiares, sociales, de abandono y, en la mayoría de los casos, de reclutamiento forzoso. Otra vez, este tipo de medidas pueden asegurar mil cosas, como un nuevo éxito político, pero no el bienestar de los niños y niñas. Todo porque: “¡lo que importa es el niño!”

En relación con los delitos sexuales contra menores, cuando una niña queda embarazada producto de una violación siempre se le descuida, se deja de lado a la víctima para concentrarse en volcar en el victimario todo el sentimiento de venganza y frustración. A la niña se le descuida y se le obliga a parir a un niño que por mucho no estaba entre sus planes (ni planes tiene uno de niño), sin importar el futuro de la menor, sus deseos, su situación económica y una lista larga de factores que se ven afectados con la maternidad. Todo porque: “¡lo que importa es el niño!”

De manera que, con la propuesta de eliminar la prohibición de la cadena perpetua en casos de homicidios y delitos sexuales contra menores ¿qué estamos haciendo por la víctima? y ¿qué se está haciendo por evitar nuevos delitos sexuales? Absolutamente nada, con las altas penas por delitos contra menores no se ha logrado nada, sigue habiendo demasiada violencia contra niños y niñas, no han parado los abusos, con la cadena perpetua tampoco se logrará detener. Obviamente los constantes casos de violación y asesinatos contra menores de edad causan dolor e indignación, obviamente hay que buscar soluciones, pero definitivamente la cadena perpetua no es un buen camino, pues esta aleja la mirada por completo de la víctima y se concentra en saciar un sentimiento primitivo de venganza. Los expertos nos han dicho hasta el cansancio que como política criminal es totalmente inútil porque, por un lado, es muy costosa para el Estado, porque contradice la Constitución y todo el diseño del sistema penal colombiano y, para el caso, porque no enfrenta el problema de raíz.

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Una discusión más que tiene que ver con los niños y en la que los niños y niñas son lo que menos importa. Una vez más, se trata de un afloramiento de populismo punitivo que busca enaltecer los ánimos nacionales en tiempos en los que el gobierno del actual presidente no ha contado con buena popularidad. La eliminación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas se trata entonces de una medida muy popular entre los colombianos que promete saciar sentimientos de venganza, pero totalmente inútil para las víctimas.