El próximo 17 de julio, se cumplen 39 años de la renuncia del dictador Anastasio Somoza Debayle, heredero de una dinastía que gobernó directa e indirectamente a Nicaragua desde 1934, presionado por los movimientos sociales inconformes, pero sobre todo por la ofensiva definitiva por parte del grupo guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que había iniciado en junio de ese mismo año la acción militar determinante para tomarse el poder. Con la caída del dictador, asume el poder el vicepresidente Francisco Urcuyo Maliaños, quien ejerció el cargo por pocas horas. El 19 de julio de 1979, un gobierno de transición, denominada la Junta de Reconstrucción Nacional, integrada por Daniel Ortega Saavedra, Sergio Ramírez, Moisés Hassan Morales, Violeta Barrios de Chamorro y Alfonso Robelo Callejas (estos últimos no integraban el FSLN), gobernaron hasta el año de 1980. El 19 de mayo de 1980 renuncian a la Junta Violeta Barrios y Alfonso Robelo, dejando así la “pureza” de la revolución nicaragüense al frente de la construcción del país, llevando al país a una crisis económica como lo relatan los cronistas de la época.

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Un sector considerable del sector capitalista tradicional ya había transferido sus recursos económicos al exterior, y a lo interno inician las actividades de descapitalización en sus empresas en Nicaragua. El FSLN, a través del gobierno, toma medidas para prevenir y sancionar esas actividades. El sector privado, que reclama por las medidas, percibe que los miembros no sandinistas de la Junta no tienen posibilidad de ejercer alguna influencia en las decisiones políticas del FSLN. 

A partir de entonces, la desconfianza y temor de sectores empresariales y políticos tradicionales aumenta y optan por la confrontación. El Gobierno revolucionario comienza a resentir los efectos de esa confrontación --que se traducen en deterioro económico-- acentuado por la desarticulación del aparato productivo y afectado también por la asignación de recursos masivos destinados a beneficiar a los sectores más perjudicados por la marginación a los servicios públicos básicos.” (http://archivo.elnuevodiario.com.ni/opinion/176570-junta-gobierno-reconstruccion-nacional/)

La Nicaragua de hoy está sumida en crisis social, con más de 130 muertos desde que empezaron las protestas el pasado mes de mayo, reclamando la renuncia del presidente dictador Daniel Ortega Saavedra, quién se atornilló al poder. Dicen por ahí quién a hierro mata a hierro muere, y lo mismo que le aplicó el FSLN a la dictadura somocista, el pueblo nicaragüense se lo está devolviendo. Daniel Ortega ha ejercido el cargo presidencial en varios períodos: 1979 a 1990, en este lapso como jefe único desde 1984 a 1990. Y desde 2007 lleva gobernando a Nicaragua. En total son 22 años con la presencia de Ortega Saavedra a la cabeza de los destinos nicaragüenses.

Traigo este recuento histórico para alertar a los millennials (generación Y), nacidos entre 1980 y 2000. Muchos van de la mano con el milenio y este 2018 ha sido la oportunidad para estrenarse en las urnas, pero con un atenuante, crecieron con la transición del país, con el Gobierno de la Seguridad Democrática y luego con el de Santos, y no les tocó vivir las peores épocas de inseguridad en el territorio nacional, tanto por del narcotráfico, focalizado casi todo en Medellín y el de la guerrilla a manos de las Farc y el ELN, en el ámbito nacional.

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A su vez los millennials ochenteros estaban muy pequeños cuando el M-19 se toma el Palacio de Justicia, marcando un hito devastador para la institucionalidad del país, dado que, se dice bajo cuerda que al presidente Belisario Betancur, su ministro de defensa el General Miguel Vega Uribe le dio un “golpecito de estado” mientras las Fuerzas Militares retomaban el Palacio de Justicia.

Integrante del M-19 de ese entonces era el actual candidato a la Presidencia Gustavo Petro, pero el peligro de llegar Petro al Solio de Bolívar no es por haber sido guerrillero, sino por el riesgo a la democracia y a la estabilidad social, política y económica del país, que puede desencadenarse bajo su mandato. Solo basta mirar el ejemplo de Ortega Saavedra en Nicaragua, apegado al poder, manejando la Constitución a su antojo para no dejarse sacar, con elecciones manipuladas. Para no ir más lejos, están los vecinos venezolanos con el Chavismo entronizado en el poder desde 1999, primero con Hugo Chávez, hasta el 2013, y luego con Nicolás Maduro. Los Castros en Cuba quienes gobernaron desde 1959, bajo supuestas elecciones democráticas con un solo partido, la oposición erradicada de la isla caribeña.

Lo que ha pasado en los países referenciados en este escrito son un espejo para que los colombianos, sobre todos los denominados millennials, tomen conciencia que un discurso bonito,  “ventijuliero” y populista como el de Gustavo Petro no conduce a la buena salud colombiana y que analicen con la razón y no con el corazón cuál es el país soñado, no perfecto, pero si viable y, eso solo se consigue asegurando los principios democráticos que a través de 199 años han regido la vida republicana de Colombia, que Iván Duque con certeza garantizará.