Hacen tránsito en el Congreso de la República dos iniciativas que pretenden contener la violencia contra infantes y adolescentes. El proyecto de acto legislativo que propone la pena de prisión perpetua para responsables de abuso sexual contra menores de edad y el proyecto de ley que busca prohibir los castigos físicos y humillantes a los menores tendrán efectos dispares en la formación de una cultura noviolenta con la niñez.

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Por segunda ocasión, se busca aval al populista proyecto de acto legislativo que propone instaurar la pena de prisión perpetua para responsables de violencia sexual contra menores de edad. La norma ha sido aprobada en seis de ocho debates, el último de ellos en plenaria de la Cámara de Representantes, a pesar de que sus impulsores no han podido demostrar su aporte al control a la impunidad en la violencia sexual contra la infancia, que supera el 90% de los casos, dadas la baja denuncia y la generosidad judicial con los culpables. Tampoco aclaran cómo la ley eliminaría los beneficios judiciales y jurídicos que hacen inanes los castigos a responsables de crímenes sexuales contra la infancia.

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Mientras el proyecto de acto legislativo transitaba acompañado por un amplio y acrítico despliegue publicitario que desoye observaciones expertas, se divulgó que, en apenas un año y medio de prisión, Rafael Uribe Noguera, responsable de la violación y muerte de la pequeña Yuliana Samboní, ha logrado redimir ya dos meses de su condena de 58 años, no los 60 previstos por la ley. También que consiguió ocultar sus bienes para eludir la obligación legal y moral de indemnizar a la familia víctima de un dolor innombrable.

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Después de que la obtuvieran los paramilitares, que han logrado acallar las denuncias por reclutamiento y abuso sexual a menores de edad, las Farc también recibieron garantía jurídica de impunidad para los crímenes de reclutamiento forzado de por lo menos 10.440 niños y adolescentes -según el Icbf- delito desencadenante de abuso sexual y aborto forzado. Esos culpables gozan de impunidad y garantía de no ofrecer verdad o reparación, además, en el caso de las Farc, reciben del Estado oportunidad de ocupar sus más altas dignidades. Tales beneficios, por demás, serán los que reclamen para sí quienes en el futuro negocien acuerdos de paz o desmovilización.

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Controlar a la justicia para que tome decisiones acordes con el daño infligido y contener su generosidad en la concesión de generosas gabelas a criminales irredentos, además de dar trámite privilegiado a iniciativas que impulsan verdaderas revoluciones culturales en la relación de los adultos con los menores de edad, sí que serían los apoyos certeros del Congreso a ofrecer bienestar y estabilidad a infantes y adolescentes.

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En agosto pasado inició el trámite del proyecto de ley que propone la prohibición de los castigos físicos y humillantes para la niñez y, por consiguiente, dota al Icbf de herramientas para asumir labores pedagógicas, preventivas y de contención con padres y cuidadores, de manera que ellos adopten medidas amorosas y noviolentas en la crianza con disciplina de los menores de edad a su cargo. La literatura médica ha documentado que los castigos físicos o humillantes infringidos en la escuela -donde los prohibió el Código del Menor- o en el hogar -que pretende terminar esta ley- son causantes de graves daños a los niños: emocionales, pues los hace inseguros o agresivos; mentales, pues es detonante de enfermedades severas como la ansiedad y la depresión, así como físicos, pues generan cardiopatías y desatan patologías autoinmunes, como ciertas formas de artritis. No hay, por el contrario, evidencia científica o de los pedagogos de alguna utilidad para el desarrollo intelectual, moral o físico de quien recibe esa clase de tratos de sus padres o cuidadores.

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A pesar de la contundente evidencia a favor de una norma que ni siquiera propone castigos de prisión para los castigadores, así como del respaldo del Comité de Infancia de la ONU, que la promovió para Colombia, y los expertos que en el país trabajan con niñez, en el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista Carlos Eduardo Acosta, del partido Colombia Justa y Libre, introdujo ocho proposiciones que destruyen la norma y simplemente vuelven a legislar sobre lo ya legislado en materia de maltrato a los menores de edad. La adopción de esas proposiciones haría inane el propósito de dotar a los adultos de capacidades para verdaderamente cuidar a los niños y adolescentes bajo su tutela.

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A pesar del avanzado tránsito de las normas, el Congreso todavía puede corregir sus decisiones y actuar por el bien de la niñez y la adolescencia, no para favorecer su propia imagen o en defensa de un falso sentido de libertad de la familia o la tradicionalidad de ciertas formas de educación, inicuos cuando violan los derechos especialmente protegidos de la infancia y la adolescencia.