Con la definición del acuerdo que compromete inversiones por $805.000 millones en el departamento del Cauca, el cual debe ser refrendado por un comité bilateral y consolidado durante una próxima reunión del presidente Iván Duque con la Minga, se dio por terminada la movilización convocada por el Consejo Regional Indígena del Cauca y apoyada por grupos indígenas del Huila y el Valle del Cauca. Tras 25 días de movilización y negociación encabezada por la ministra del Interior y el alto comisionado para la Paz, quedan lecciones sobre cómo construir la institucionalidad de la Colombia del posacuerdo.

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En los últimos once años, el país ha asistido a cinco grandes movilizaciones lideradas por el Cric, organización que recoge a los siete principales grupos indígenas del Cauca. En ellas han estado representadas demandas acumuladas tras previas negociaciones, expectativas sin atender y pretensiones, no todas posibles de atender o válidas frente a los derechos de otros ciudadanos, que los cabildos y la organización federativa reclaman. Que acuerdos no atendidos o sí cumplidos, aunque sin registro, estén siempre en la nuez de estas negociaciones señala la necesidad de establecer un mecanismo permanente de seguimiento, vigilancia y divulgación del cumplimiento, o no de lo acordado. La recomendación es tan válida para la minga como para otras movilizaciones sociales, que seguirán ocurriendo en el país del posacuerdo.

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Los pueblos indígenas colombianos, y muy particularmente los del Cauca, han protagonizado interesantes procesos de organización y movilización, en los que han sido fortalecidos sus mecanismos de representación y vocería, a pesar de diferencias internas que también se han manifestado abiertamente. Tal madurez los afianza como personeros de causas y gestores de soluciones, como lograron demostrarlo en tanto ejecutores de proyectos de la Ley Páez, proceso que apoyamos desde estas columnas, o lo han hecho con la Guardia Indígena, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En este sentido, el Cric, en Antioquia la OIA, y en el país la Onic, con las etnias que recogen, son ejemplo de organizaciones sociales que enriquecen la democracia a través de la participación ciudadana.

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Así como afianza su capacidad de llegar a acuerdos internos y buscarlos con otras instituciones, la madurez de su organización tiende a propiciar que intereses particulares procuren infiltrar la Minga, lográndolo al menos parcialmente. Esta de 2019 fue ensombrecida por la pretensión de Gustavo Petro de utilizar el movimiento para su proyecto personal, anunciado tras perder las elecciones presidenciales, de minar la gobernabilidad del presidente Duque, sin considerar el costo humano, social o económico para los colombianos; también fueron tóxicos los actos criminales de las organizaciones delictivas que lograron penetrar sectores o momentos de la movilización, con los trágicos resultados de doce personas muertas y 47 heridas, además de millonarias pérdidas económicas y graves perjuicios para los pobladores de esa región del país. Corresponde a las autoridades sancionar a los culpables de ensombrecer la legítima movilización social, así como compete a los líderes de esos movimientos contener a sectores ilegales o sin legitimidad que pretenden cooptar movimientos sociales legítimos.

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El acuerdo anunciado en la mañana del sábado destina recursos del presupuesto nacional, que estaban contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, para proyectos del Cric que atienden necesidades en infraestructura y sociales de las comunidades. Tan importante como ello es la decisión de crear una comisión bilateral que hará seguimiento a la ejecución del acuerdo, esperando que con su funcionamiento sea posible revisar debilidades y evitar nuevas movilizaciones que le resultan costosas a las poblaciones directamente afectadas y que, cuando sufren infiltraciones o afectan gravemente los derechos de otras poblaciones, impactan negativamente el gran prestigio y amplio apoyo de opinión que han logrado las organizaciones indígenas.

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En ocho meses, el gobierno del presidente Iván Duque ha suscrito importantes acuerdos para resolver demandas de derechos largamente acumuladas y expuestas por los movimientos estudiantil e indígena. Esta voluntad de concertación, que también lo es de equidad, necesita ser organizada y ojalá institucionalizada, con instrumentos del diálogo social, que garanticen capacidades de la sociedad para reconocer, valorar, legitimar y dialogar con las organizaciones sociales sujetos de derechos y de estas para entender que también son responsables de los deberes de dialogar y respetar las instituciones del estado social de derecho. Por la capacidad de reclamar derechos, escuchar a quienes los enarbolan, negociar como interlocutores legítimos reconociendo que no es posible atender de inmediato y plenamente las necesidades de todos, es que Colombia podrá avanzar en su aspiración de ser una sociedad del posacuerdo.