La permanente usurpación de funciones y el habitual prevaricato por parte de la Corte Constitucional son cada día más descarados y tolerados por los otros poderes públicos, que se inclinan temerosos ante ella.
No siempre las manos quedan limpias después de lavárselas, como ocurrió con las de Pilatos, que traigo a cuento porque la semana pasada las dos mayores autoridades del país, el presidente y el fiscal, le sacaron sigilosamente el cuerpo a obligaciones ineludibles.
Los varios artículos de la Constitución que consagran la inviolabilidad de la vida, incluyendo el que dice que no habrá pena de muerte en Colombia, responden a los postulados de una civilización fundada en el Decálogo, contra la cual la exaltación del aborto como “derecho” resulta aberrante.
En buena parte del mundo, en los últimos años se viene imponiendo un dizque “nuevo orden”, en el que se destruye la familia con un entorno entre malthusiano y hedonista y se despenaliza el homicidio de los neonatos, mientras se prepara la aplicación universal de la eutanasia para quienes crucen determinada edad (como lo han insinuado con franqueza tanto Christine Lagarde como Shinzo Abe). La mayor parte de estos horrores ha sido impuesta contra el sentimiento popular, por parte de las “supremas” cortes de justicia, cooptadas por una habilísima neo-masonería transnacional, a cuya obediencia se someten las colombianas.
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Oponerse a este nuevo orden exige creencias y valentía, porque se incurre en exclusión política y persecución mediática. Por eso, muchos optan por una actitud de “neutralidad”, que en el caso del doctor Duque se resume en aquello de que es creyente y provida, pero que no “minará la actuación de otras instituciones frente al aborto”, precisamente en el momento que el asesinato de Juan Sebastián ha despertado la indignación horrorizada de la inmensa mayoría de los colombianos, cuyo clamor será desoído mientras el campo abortista se refuerza con nuevos nombramientos, de ministro de Salud y directora del ICBF herodianos, y con la solicitud de la Alcaldía de Bogotá para que se libere y despenalice hasta instantes antes del alumbramiento, y sentencia ad portas de la Corte Constitucional, para que se practique on demand hasta las 12 semanas…
Al lado de lo del aborto lo de la corrupción parece de menor entidad, pero la respuesta del flamante fiscal a la carta del expresidente Pastrana es inaceptable. En ella se le recordaba que no se puede seguir omitiendo la investigación de los sobornos de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos, a lo que el doctor Barbosa, verbal y groseramente, contesta diciendo que para él todas las cartas son iguales…, lo que nos hace temer que nunca haya sanción para el indigno expresidente, como jamás la hubo contra otro de los peores, Ernesto Samper.
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La permanente usurpación de funciones y el habitual prevaricato por parte de la Corte Constitucional son cada día más descarados y tolerados por los otros poderes públicos, que se inclinan temerosos ante ella. En esas condiciones la autoridad suprema, en lo legislativo, judicial y administrativo, recae ahora en nueve personas sin mandato popular, que hacen y deshacen siguiendo un libreto infame, cuyo primer capítulo fue el de la famosa “dosis personal”, y que no se detendrá, ni con la “legalización” del aborto, ni con la proscripción de la objeción de conciencia, para lo cual, además de llevarse de calle los principios fundamentales de la Carta, desconocen la Convención de San José —obligatoria como Tratado internacional suscrito por Colombia—, que reconoce la inviolabilidad de la vida, desde la concepción hasta la muerte.