El régimen prohibió el ingreso de la Cidh a Venezuela, mientras la mayoría del pueblo y la oposición denuncian las precarias condiciones de vida y el excesivo uso de la fuerza para reprimir a quien levante la voz.
Organismos internacionales advierten que ante la escasez de alimentos y la violación a los derechos humanos, la migración no se detendrá.
“El 60% de los venezolanos no tienen hoy acceso a los servicios más básicos de salud, como inmunizaciones, manejo de enfermedades prevenibles, salud sexual y reproductiva. El Estado no garantiza esos servicios y la gente no puede pagarlos particulares porque no tienen los recursos económicos.
El 40% de los educadores han abandonado el país, han emigrado en busca de oportunidades laborales y mejores salarios. El sueldo promedio de un profesor universitario en Venezuela es de 4 dólares y de un profesor de educación media de 3 dólares mensuales.
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En materia de alimentación, la dieta del venezolano que puede comprar es casi en su totalidad de carbohidratos, la proteína escasea, y la mayoría ni siquiera tienen esa posibilidad. La creciente escasez de alimentos y su elevado precio obligan a menor número de comidas diarias por persona y con menor valor nutricional. Es decir, hay una mala alimentación y una evidente situación de desnutrición en el país, que golpea especialmente a la población infantil, mujeres y personas de la tercera edad. Eso porque el acceso a bienes y servicios está íntimamente relacionado con el acceso a divisas extranjeras, dólar y euro, que son realmente las monedas duras hoy en Venezuela, pero muchas familias y personas no tienen esa posibilidad.
Y en materia de seguridad, la situación es aún más crítica. Hoy tenemos 305 dirigentes de diferentes partidos políticos no alineados al régimen que están presos o en el exilio, 35 de ellos del partido Voluntad Popular, entre ellos casos tan sonados como los del diputado Juan Requesens, detenido; Fredy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, asilado en la embajada de Chile; Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó, detenido; y el último de ellos, el diputado Ismael León, detenido hace dos semanas por el Sebin -Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional- en un allanamiento a la sede de Voluntad Popular.
Eso sucede ante la impotencia de la oposición mientras las calles son patrulladas por colectivos armados que son conformados por civiles, retirados de organismos de seguridad adeptos al régimen o incluso los mismos cuerpos de seguridad del Estado que cumplen funciones represivas. Los usan para amedrentar a dirigentes políticos, empresarios, dirigentes sociales y a quien levante la voz en su contra.
Esa es la difícil situación que vive hoy el país, solamente en algunos de los aspectos más básicos que tocan la vida del ciudadano del común. Y lo más complicado es que ese panorama tiende a empeorar cada vez más, porque mientras exista un régimen totalitario, con unas conductas dirigidas a reducir las libertades individuales, evidentemente el escenario de los derechos humanos será cada vez más precario”.
La alarmante denuncia es de Juan Sandoval, miembro de la dirección nacional del partido Voluntad Popular y representante de los egresados ante el consejo universitario en la Universidad Central de Venezuela: “Etas son las verdades que el régimen chavista quiere ocultarle al mundo, por eso no permitió el ingreso al país de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -Cidh-“, que es un órgano designado por la OEA para la vigilancia y defensa de los Derechos Humanos.
En la frontera
La Cidh y muchos países lamentaron la decisión del régimen chavista de impedir el pasado martes el ingreso a Venezuela de la delegación integrada por la presidenta de la Cidh y relatora para Venezuela, Esmeralda Arosemena de Troitiño; el secretario ejecutivo de la Cidh, Paulo Abrão; el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; además de otros especialistas de la Secretaria Ejecutiva, quienes tenían previsto observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país vecino.
Sin embargo, esa Comisión se instaló en Cúcuta y durante tres días consecutivos, desde este miércoles y hasta mañana viernes, recibirá a las víctimas y a familiares de violaciones de derechos humanos que se trasladaron hasta la frontera colombo-venezolana.
Dicha visita, que debía realizarse entre los días 4 y 8 de esta semana que termina, fue solicitada desde agosto pasado por Gustavo Tarre Briceño, representante diplomático del presidente encargado Juan Guaidó, en razón a una serie de hechos denunciados, como fue la muerte del capitán Acosta Arévalo, quien presuntamente fue torturado, pero también se hizo atendiendo “el llamado persistente” que durante años ha realizado la sociedad civil venezolana y teniendo como centro de su preocupación a las víctimas. También, casualmente, se confirmó luego de que la expresidenta chilena y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitara el país entre el 19 y el 21 de junio pasado y luego entregara un informe que compromete al máximo al régimen de Nicolás Maduro, así como a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y a funcionarios de alto rango del gobierno, como responsables de hechos violatorios de los Derechos Humanos.
Por eso la decisión del régimen en contra de la Comisión fue enérgicamente rechazada por la Cidh y varios países, al advertir que “es propio de regímenes autoritarios no permitir el escrutinio internacional ni la observancia de la situación de los derechos humanos, lo cual perjudica, especialmente, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y obstaculiza el valioso trabajo que adelantan las organizaciones de la sociedad civil”.
Al margen de eso, la Cidh confirmó que ha “realizado un seguimiento cercano a la situación en Venezuela y ha corroborado que persiste un muy grave deterioro significativo en el goce de los derechos humanos. Adicionalmente, la Comisión considera que la prolongación indefinida e irrestricta del estado de excepción, la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional democráticamente electa, la débil independencia judicial, la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la ausencia de garantías para la celebración de elecciones libres y, en general, la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil evidencian la ausencia de un Estado de Derecho”.
Muchos antecedentes
Pero la delicada situación en materia de derechos humanos en Venezuela no es nueva, por el contrario, tiene muchos y serios antecedentes. De hecho, el Informe de la expresidenta chilena, publicado el 4 de julio de 2019 por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reclama “al Gobierno de Venezuela adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país”.
También advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él, situación que cada vez es más real y dramática.
Ese documento, que recogió las voces de 558 víctimas y testigos de hechos violatorios de derechos humanos, afirma que “en el último decenio -y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
Y señala que “un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, también ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos”.
De igual forma destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
¿Hasta cuándo?, es la pregunta.
Seria denuncia
Según el Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones Arbitrarias de la Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui (Fddhhanz), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el organismo del Estado venezolano que más ha vulnerado el derecho a la vida en el estado Monagas.
Así lo informó Alcides Magallanes, director institucional de la mencionada ONG, quien aseguró que 51% de los fallecidos en supuestos enfrentamientos policiales registrados entre el 15 de diciembre de 2019 y el 14 de enero de este año, fueron cometidos por los uniformados del organismo detectivesco.
“El Cicpc lidera las cifras de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Monagas, de acuerdo al monitoreo realizado en nuestra institución con sede en el estado Anzoátegui, lo cual consideramos alarmante porque se sigue perpetrando el excesivo uso de la fuerza, a pesar de los informes presentados por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet”, dijo Magallanes.
Contra las víctimas
El Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea), junto a otras ONG y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, la Alianza de Familiares de Víctimas de la Represión 2017 (Alfavic-2017); el Comité de Madres y Familiares del Servicio de Hematología, el Comité de Madres y Familiares de Nefrología del Hospital J.M. de los Ríos; y el Comité de Familiares de Víctimas de las Faes Lara; expresaron su rechazo a la acción del Estado venezolano de impedir el ingreso de la Cidh, lo que consideran es un “hecho contra las víctimas”.
“Impedir la visita de la Cidh al país no perjudica a actores políticos u organizaciones en particular sino a las víctimas más desfavorecidas, que no cuentan con acceso a los organismos de DDHH”, denunció Liliana Ortega, la fundadora y directora del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo -Cofavic- (1989).
“Esta visita “en el sitio” significaba tener la posibilidad de contarle a personas de otros países con autoridad en derechos humanos y dispuestas a escucharnos, quiénes eran nuestros familiares y cuáles eran sus sueños y aspiraciones, ya que en Venezuela no hay espacios eficientes para ello, pues son tales las violaciones sistemáticas del derecho a la libertad de expresión, que ha sido difícil en el país exigir y sensibilizar sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos de las que hemos sido víctimas; registrar nuestras peticiones para incluirlas en sus informes y que pudieran constatar tanto nuestra desprotección como la de toda la población en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, dice la nota de protesta.
La directora de Cofavic resaltó que “la práctica normal de cualquier régimen es permitir la visita en el sitio de la Cidh porque lo contrario es admitir que se está en una situación donde se violan los DDHH”.
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