La cifra es perturbadora. Tres meses de violencia generalizada en las calles venezolanas han dejado más de 100 personas muertas, entre civiles y policías. Los heridos también se cuentan por cientos. La situación, sin embargo, parece haber llegado a un punto de estancamiento: ni el Gobierno renuncia a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como medida para solucionar la crisis, ni los sectores radicales de la oposición cesan las protestas. Y no la harán hasta que Maduro – y el chavismo – salgan del poder.

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Gases lacrimógenos surcando los aires, encapuchados lanzando explosivos caseros a las autoridades, uniformados apuntando a los manifestantes y denuncias de abuso policial son acciones que a diario recorreren el mundo en imágenes y que demuestran la magnitud de la violencia que azota al país vecino.

La oposición, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha realizado en los últimos dos meses acciones de presión, tanto violentas como pacíficas, para que el Gobierno desista de la idea de cambiar la Carta Magna de 1999, uno de los máximos legados del fallecido presidente Hugo Chávez. Asimismo, para que se convoquen a elecciones ejecutivas anticipadas, y para que sean liberados todos los presos políticos.

Hace dos semanas, el oficialismo cedió parcialmente en una de esas exigencias. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la máxima autoridad judicial en Venezuela y acusado por la oposición de complicidad con el chavismo, le concedió a Leopoldo López, líder de Voluntad Popular (VP), completar su condena de 14 años de prisión en su casa.

Por otra parte, la organización del plebiscito no vinculate,  la semana pasada, se quedó solo en lo simbólico. En la consulta, que sumó casi 7.400.000 votos, los venezolanos opositores a Maduro votaron que no querían que se modificara la Constitución. Pese a esto, el Gobierno ignoró los resultados  y se enfocó en el simulacro de la Constituyente que se realizó el mismo día.

Sin dar cifras, la cabeza del Ejecutivo dijo que “había sido el simulacro más masivo de la historia”. Asimismo, Maduro descalificó los resultados del plebiscito por considerarlos una “consulta interna de los partidos de derecha”, al referirse a los partidos que integran la MUD. 

“La Constituyente va”

Maduro suele repetir, en sus alocuciones presidenciales, que la ANC no tiene reversa. El próximo 30 de julio, los venezolanos elegirán a los 545 representantes entre casi 5.500 aspirantes, quienes se encargarán de cambiar la actual Constitución.

La inciativa ha provocado críticas de la comunidad internacional y, la semana pasada, el gobierno estadounidense amenazó con aplicar sanciones al país si sigue adelante con la propuesta.
Según Ricardo Ríos, analista político del Think Tank venezolano Poder & Estrategia, “Maduro sabe que posponiendo la cuestión, va a tener tiempo para calmar los ánimos. Él no va a ceder, porque considera que no hay otra solución para el país”, afirmó el analista.

Hacia una solución

Las posibilidades de reversar la propuesta de Constituyente son pocas. La única opción sería que un sector de los militares dejara de apoyar al Gobierno. Sin embargo, la semana pasada, el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, manifestó que la mayoría del Ejército está dispuesto a defender la Constituyente, lo que implica que es poco probable una sublevación militar. 

“El Gobierno se está jugando todas sus cartas con esta iniciativa. Es una forma de seguir vivo y de distraer la atención de los problemas del país en materia económica y de seguridad”, aseguró Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

En ese sentido, la campaña a la ANC es una forma de legitimar las acciones que el Gobierno pretende realizar para debilitar a la oposición y quedarse con el poder del Estado.

Si bien la Constituyente no solucionará la crisis sociopolítica venezolana, para Rodríguez se debe realizar un pacto en pro de la democracia de ese país, en el que ambas fuerzas se reconozcan mutuamente.  “Se debe permitir que el chavismo siga siendo fuerza política y que la oposición, eventualmente, se pusiera de acuerdo para definir a dónde debe ir Venezuela. Es decir, cuáles deben ser los acuerdos en materia económica, qué van a hacer con el control de cambio, la inflación y la contracción económica”.

En eso coincide un informe del Instituto para la Transición Integrada, una ONG dedicada a ayudar a la solución de conflictos alrededor del mundo.

“En Venezuela parece persistir una significativa desconfianza hacia una solución negociada en diversos sectores de la opinión pública. No sólo parecen existir importantes diferencias ideológicas dentro de las partes en el diálogo, sino también el recuerdo de experiencias anteriores que no han sido percibidas como genuinas o que han sido interrumpidas sin resultados. Pese a la desconfianza existente, el esfuerzo de entablar un diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición debe ser reconocido y estimulado como un paso necesario para una eventual resolución de la crisis”, concluyó la organización en su informe ‘Hacia una solución negociada en Venezuela’.

El informe agrega que en escenarios de gran desconfianza como el venezolano, se debe establecer un marco procedimental de la negociación que puede contribuir a reforzar la confianza y percepción de eficacia del proceso frente a la población y mejorar la dinámica dentro del mismo.

Con nómina en mano

La semana pasada, Nicolás Maduro afirmó que el Gobierno revisaría “nómina en mano” la participación de los empleados públicos que voten en la Asamblea Nacional Constituyente.

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“Todas las empresas, todos los empleadores, con la nómina en mano, llamando uno por uno, esta semana y el día de la votación, uno a uno”, explicó Maduro desde el Palacio de Miraflores.
Esto significa que el Gobierno verificará quién votó y quién no. Maduro agregó que se les preguntará a los funcionarios si ya votaron y se les felicitará si ya lo hicieron. Para ese día, el Gobierno pondrá en marcha un sistema de votación, participación y verificación conocido como “4x4”, que incluye llamadas a beneficiarios sociales y trabajadores inscritos en sectores gubernamentales.

Eso recuerda a la llamada Lista Tascón, cuando se celebró el Referendo Revocatorio de 2004, organizado durante el gobierno de Chávez. 

En esa ocasión, el diputado chavista Luis Tascón publicó una planilla en la que estaban las personas que votaron a favor del revocatorio y quienes, posteriormente, fueron despedidas. Las acciones de Tascón eran necesarias, según el Gobierno, para evitar los fraudes de la oposición.

Paro cívico y hora cero

El pasado jueves, la oposición organizó un paro cívico en el que gran parte del comercio cerró en las principales ciudades. En la jornada, en la que murieron dos manifestantes, se volvió a exigir a Maduro la cancelación de la ANC.  

Como le explicó al periódico EL MUNDO  el líder del partido Voluntad Popular (VP) en Medellín, Toni Vitola, después del 16 de julio se iniciaría la “Hora cero”, lo que significa que desde entonces, los manifestantes saldrían a las calles de las ciudades venezolanas, para no regresar.

“La estrategia es la calle. Sabemos que el Gobierno no va a ceder. Por eso, emplearemos la calle como medio de presión”, manifestó Vitola.

Oposición eligió sus propios magistrados

El Parlamento venezolano eligió el pasado viernes a 33 nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El Gobierno y los actuales magistrados no reconocieron la decisión, mientras que el Legislativo no reconocerá la legitimidad de esa corte.

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La Sala Constitucional del TSJ consideró el hecho como una “usurpación de sus funciones”, por lo que pidió a las autoridades “acciones de coerción” contra la Asamblea Nacional.

"Ante los actos declarados nulos de evidentes ánimos subversivos, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional", dijo el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza.