Como en la canción de Piero, funcionarios encargados de vigilar y controlar los gastos de la administración pública, fueron encontrados por los investigadores del CTI con “las manos en los bolsillos” y “silbando bajo”. Dice la Fiscalía que en aplicación del “Plan Bolsillos de Cristal” encontró que en Medellín y Antioquia existía una red de corrupción de marca mayor, a cuya cabeza estaba el Contralor Departamental Sergio Zuluaga Peña, quien prácticamente desde su elección en enero de 2016 ha dado de qué hablar, pero no en relación con el ejercicio de vigilancia fiscal que le fue encomendado.

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Una red de corrupción es una empresa criminal, y según las autoridades ésta movía millones de pesos del erario para los bolsillos de una decena de funcionarios y algunos ciudadanos particulares. Tanto, que además de 13 capturas, se ordenó la ocupación de bienes con fines de extinción de dominio por más de 13 mil millones de pesos. Una cifra no despreciable representada en inmuebles, vehículos, tres hoteles y sociedades comerciales, que según argumentó la Fiscalía, habrían sido obtenidos de manera ilícita, luego de hacer transacciones por dinero, dádivas o contratos a cambio de no denunciar los hallazgos de irregularidades ni adelantar los procesos fiscales a que habría lugar.

Cuando menos, nos debería dar vergüenza como sociedad que una entidad encargada de vigilar los recursos públicos esté señalada como empresa criminal. Obviamente Zuluaga Peña y sus funcionarios, lo mismo que los alcaldes y los particulares señalados de integrar esa mafia, deberán ser vencidos en juicio y eventualmente podrían demostrar su inocencia; pero la sola duda debe ser motivo de alarma en casos como éste, en donde la Asamblea Departamental y los votantes, pudieron haber encargado a los ratones de cuidar el queso.

Es que el contralor ha sido noticia durante su paso por la entidad por la falsificación de un documento público, por una cirugía estética en un hospital público que pretendía cobrarle al POS y hasta por su mala letra; pero no por el ejercicio de control fiscal y ambiental que prometió hacer a 462 entidades que le corresponden, lo mismo que a los particulares que administren recursos públicos. Su radio de acción son la Gobernación, los Entes descentralizados y los 121 municipios del departamento que no tienen Contraloría local, como La Pintada, San Carlos y Jardín, cuyos alcaldes también están capturados.

Y ellos, como el contralor, juraron cumplir la ley y obrar con honradez. “Con integridad, transparencia y efectividad”, según reza su misión institucional en la que además se compromete “a promover la participación ciudadana en el control social, el buen manejo de los recursos y la protección ambiental”. Hoy, en cada uno de los municipios abundan las dudas y las preguntas, se hacen conjeturas en voz baja y tímidamente se recuerdan promesas. En reemplazo de los mandatarios capturados están sus secretarios de gobierno, como estuvo durante la anterior suspensión del contralor, su segundo de abordo, hoy también requerido por los investigadores, que han hecho seguimiento a procesos y actuaciones de los últimos tres años y cuyos hallazgos sustentan la imputación de cargos por concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, prevaricato por acción, peculado por apropiación, contratación sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

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Lo que deja pensar el “Plan Bolsillos de Cristal” de la Fiscalía es que la de Antioquia era una Contraloría de bolsillo para los acaldes y funcionarios, más que una entidad de vigilancia y control. Una vez más, queda sobre la mesa servido el debate sobre la conveniencia o no de tener contralorías territoriales, cuyas cabezas son nombradas por las fuerzas políticas e históricamente se han manejado como fortines electorales. Además del Referéndum Constitucional de 2003, la iniciativa de eliminar las contralorías departamentales, municipales y distritales, ha sido derrotada varias veces en el Congreso.

Independiente de los resultados judiciales, una situación como ésta deja herida seriamente a la institucionalidad… aunque en Colombia eso no parece ser mayor problema cuando el propio Fiscal General y los magistrados de las altas Cortes han sido señalados y se han acuñado términos como “Cartel de la Toga”, que parecen herir más los oídos que la moral.

Comentarios:

Edgar
2019-08-24 07:35:07

La desvergüenza ya está sembrada, con el agravante de que el organismo que debería controlar, es incontrolable. Horror!

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