Un equipo de juristas liderado por varios exministros interpuso acción de inexequibilidad contra el Decreto 1955 de diciembre de 2015, por el cual el presidente Santos creó la Comisión de seguimiento y verificación a los acuerdos con las Farc, Csivi, le atribuyó funciones y designo a sus integrantes. Además de evaluar la implementación, la Csivi debe revisar los proyectos de ley y acto legislativo que el Gobierno presente al Congreso en el marco de los acuerdos negociados en La Habana. En el organismo tienen poder decisorio tres miembros del Gobierno y tres de las Farc, y potestad de asesoría representantes de los gobiernos de Cuba, Venezuela, Noruega y Chile, países cuya presencia inquieta más por la cesión de soberanía que por sus nunca ocultadas simpatías con el grupo guerrillero.

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Las razones para pedir la declaración de inexequibilidad del decreto son el rango de la norma expedida, que no tiene fuerza de ley, y la ausencia de facultades del Gobierno para crear la Csivi como instancia paralela a la Presidencia, según explicó el exconstituyente Óscar Ortiz. El argumento y el pronunciamiento que produzca en la Corte Constitucional serán importantes precedentes para actuar en los otros casos de paralelismo o suplantación institucional en los acuerdos con las Farc, medidas que no son cosa distinta que otra demostración de la desconfianza de ese grupo en las instituciones democráticas.

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Posibilidades de suplantar las instituciones, entrando en choque con ellas, son las que se otorgaron a la Unidad especial de investigación, la ?parafiscalía?, que obtuvo facultades excepcionales y ajenas al control del fiscal general para iniciar y tramitar procesos contra quienes las Farc consideren sus enemigos. Tal creación ha provocado que el fiscal Néstor Humberto Martínez declare que con ella ?se privaría la capacidad institucional que tiene la Fiscalía para asegurar los derechos (de la ciudadanía)?, dado que su creación responde a que “uno de los sectores del conflicto armado se empeñaría en la aplicación de un régimen ajeno a la justicia transicional?. Dada la reciente petición a la Corte para que aclare funciones y potestades de la Unidad de investigación sobre desaparecidos, también adscrita a la Fiscalía, queda abierta la posibilidad de que el dignatario reclame de la Corte pronunciarse sobre la exequibilidad de la que, por funciones, poderes y riesgos, es una peligrosa ?parafiscalía?,

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