Entre las herencias del actual gobierno están dos que el presidente Juan Manuel Santos recordará con especial aprecio:  el Acuerdo de Paz con las Farc y el ingreso de Colombia a la Ocde, anunciado el 25 de mayo, 48 horas antes de las elecciones del domingo pasado y faltando 43 días para la conclusión de los dos períodos del actual mandatario.  Es decir, en los instantes finales del partido, como se diría en etapa premundialista.

Aunque el saliente mandatario no puede irse satisfecho por el estado incompleto en que deja el acuerdo habanero que le valió el Nobel de Paz, si lo hará por haber conseguido el ingreso de Colombia, que se formaliza hoy, al exclusivo grupo de 37 países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocida también como entidad de las buenas prácticas, cuyos integrantes sumados concentran el 80% del PIB mundial.

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Colombia se incorpora así a los otros dos únicos socios latinoamericanos de la Ocde, México participante desde 1994 y Chile aceptado en 2010.  Si Perú consigue vencer el laberinto de trámites propios del proceso de selección, próximamente los 4 países de la Alianza del Pacífico podrían hacer parte de este mecanismo mundial. 

El gobierno colombiano pasó, durante 7 años, por el riguroso examen de los temas a cargo de 23 comités responsables de asuntos tan diversos como mercados financieros, inversiones, seguros y pensiones privadas, asuntos fiscales, política ambiental, agricultura, pesca, trabajo, entre otros para, finalmente, obtener luz verde.

La Ocde es heredera de la Organización para la Cooperación Económica Europea creada en 1948 para hacerse cargo de la reconstrucción de Europa después de la guerra. El éxito del Plan Marshall animó a Estados Unidos y Canadá a sumarse a los 18 integrantes europeos para crear, en diciembre de 1960, la OCDE.  Vino después Japón interesado en conocer los aprendizajes europeos para levantarse de las cenizas de la destrucción bélica y el número fue creciendo hasta los 37 actuales. Su propósito principal es promover políticas “para mejorar el bienestar social” habiendo logrado convertirse en una poderosa fuente de experiencia acumulada y conocimiento sobre asuntos de la más variada índole.

No figuran entre sus integrantes ni China ni la Federación Rusa, esta última por no aceptar reformas legales preventivas de corrupción internacional.

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Para Colombia la Ocde debe ser un canal de doble vía. De un lado, aprovechando los análisis, estudios y recomendaciones que este organismo suele hacer, con énfasis prioritario en los del ámbito social y no sólo ni exclusivamente los económicos y financieros.  Y, de otro, aportando desde su singularidad histórica y rica experiencia social, muy útil para los esfuerzos de muchos numerosos países emergentes.  Ninguno de los otros 36 integrantes ha tenido recorridos traumáticos como los de Colombia, producto de la violencia y el narcotráfico. Una historia sobre cuyo telón de fondo se han tejido respuestas sociales que son referencia mundial. México, guardando distancias, podría ser la excepción.

La Ocde no es panacea alguna, aunque puede ser útil sello de calidad y recurso capaz de fortalecer esfuerzos nacionales si se privilegian las buenas prácticas acumuladas en los comités sociales como aquel -y sólo para citar un ejemplo- producto de su trabajo en la revisión de las relaciones entre el desarrollo económico y las políticas de educación. En última instancia el éxito de las recomendaciones, como sucedió en México, depende de las condiciones del país para llevarlas a la práctica. 

Después de la primera manifestación de las urnas que Colombia escuchó el domingo pasado, Gustavo Petro o Iván Duque tendrán en sus manos una herramienta más a favor de sus esfuerzos para que este país salga de la poco honrosa lista de las economías más desiguales del mundo cuyo tercer lugar ocupa.