En la actualidad, Colombia tiene aprobados 687.694 permisos para posesión de armas de fuego, de ellos 529.284 a personas naturales y 158.410 a personas jurídicas, entre las que se cuentan las empresas de vigilancia. Del grupo de personas naturales, 339.160 tienen permiso de porte y las restantes 190.124 poseen permiso de tenencia.

De esas 339.160 personas naturales, a 6.827 se les concedió en 2018 permiso especial de porte: 5.630 permisos especiales regionales y 1.197 permisos especiales nacionales. Cantidad que, según el ministro de defensa, Guillermo Botero Nieto, “es una cifra mínima que corresponde al 0.015% del total de la población de Colombia”, dijo al presentar la directiva que regula la suspensión al porte de armas en Colombia durante todo este año (Decreto 2362 de 2018), y en la cual se establecen los requisitos para que se tramiten los permisos especiales de carácter regional o nacional.

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Y en ese sentido aseguró que, como novedades para esta regulación hay que destacar la creación de Comités Evaluadores para la entrega de esos permisos especiales, la implementación de la consulta de antecedentes en la Dijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional)-, así como de procesos activos en la Fiscalía General de la Nación y el Registro Nacional de Medidas Correctivas (que corresponde al artículo 27 del Código Nacional de Policía y que hace referencia a los comportamientos que puedan poner en riesgo la vida e integridad de otras personas), por lo que en tal caso la persona allí reportada no será objeto de ese permiso.

En otras palabras, dice el ministro, se establecen filtros mucho más exigentes para la autorización de los permisos especiales. Y pone como ejemplo las 289.292 personas que en 2018 fueron objeto de comparendos por violar ese artículo 27 del Código de Policía y que por consiguiente este año verán restringida la eventual posibilidad de tener un permiso especial de porte de armas.

Entre las conductas que acarrean ese comparendo, se cuentan:

• Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público.

• Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.

• Agredir físicamente a personas por cualquier medio.

• Amenazar con causar daño físico a personas por cualquier medio.

• Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays.

• Lanzar objetos o sustancias que puedan causar daño a personas.

Adicionalmente, apuntó Botero Nieto, la medida será objeto de evaluación trimestral por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandos de Fuerza y la Dirección de la Policía Nacional, en coordinación con los Comandantes de Brigada con seccional de control comercio de armas.

Con la nueva regulación, añadió el ministro, también se reduce el número de personas que ya no son objeto de excepciones, porque de ahora en adelante, ministros, concejales y funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, deberán pasar por el mismo proceso de evaluación que cualquier persona natural. Cada uno de ellos tendrá que solicitar el permiso especial, siempre y cuando tenga el permiso de porte.

Los civiles no necesitan armas

Desde otro lado, entidades, corporaciones y funcionarios que se acogen a los postulados en defensa de la vida, coinciden en que en una sociedad los civiles no deben estar armados y que la seguridad de todos y cada uno es responsabilidad del Estado.

Para Luis Fernando Suárez, ex vicealcalde de Medellín, “los civiles no necesitamos armas para defendernos, porque el porte de armas conlleva a conductas como la justicia por propia mano y a muertes innecesarias en las sociedades”.

Al argumentar su posición, Suárez ahondó en los reparos a los permisos de porte de armas de fuego, “porque el tema en Colombia se maneja en un contrasentido: la empresa Indumil (Industria Militar Colombiana) fabrica y vende armas”, y es ahí donde está la contradicción “porque como negocio el Estado debe hacerlo lucrativo. Algo parecido a lo que pasa con la Fábrica de Licores de Antioquia, que quiere vender mucho licor, que le hace mucho daño a la sociedad, para financiar los servicios de salud. De ese tema -Indumil- no se ha hablado y es un tema que se debe poner en la mesa para que el debate sea más amplio”, anota el exfuncionario.

Una línea en la que, dice, “hay un tema ético de fondo, muy complejo”, por lo cual cree que las medidas que se están adoptando desde el Gobierno nacional para la regulación del porte de armas de fuego, son insuficientes.

Perspectiva que refuerza Marta Villa, desde la Corporación Región: “Es que antes que crear nuevos requisitos y mecanismos que aparentemente restringen el porte de armas, realmente lo que tendría que estar haciendo carrera es la prohibición del porte de esas armas”.

Para Villa, “ninguna forma de protección privada o de justicia privada es una medida que alimente formas democráticas de seguridad ciudadana”, porque “cuando cada uno se cuida, cuando cada uno hace justicia por mano propia, se está en un peligroso camino que se sabe cómo empieza pero nunca se sabe dónde termina”.

Y a ese razonamiento se suma Luis Javier Botero, exasesor de Noviolencia de la Gobernación de Antioquia durante siete años e integrante del Movimiento Mundial de la Noviolencia, quien considera que “entre menos armas, menos riesgos”, e incluso se refiere a que “eso no solamente tiene que ver con que una persona no mate a otra, sino para que una persona no se suicide, porque en un momento de desespero un arma de fuego es la salida más fácil, especialmente para muchos hombres”, aunque aclara que por estadísticas en el mundo las mujeres se intentan suicidar más que los hombres, pero son menos efectivas porque utilizan otros métodos menos contundentes.

Permitir o prohibir el porte de armas de fuego es una decisión que se debe basar en principios generales, dice Botero, “y esos principios demuestran que el uso extensivo de armas de fuego no garantiza ninguna seguridad. La tenencia y el porte de armas deben ser de uso exclusivo del Estado”.

Falta control

Y si son de uso exclusivo del Estado, tiene que haber un mejor control, sostiene Suárez, “que es el otro tema que no se cumple. Porque toda arma que el Estado le entregue a un civil, debería tener un sistema de control, de empadronamiento. Un sistema que permita hacer la trazabilidad de quién compró el arma y el origen de la misma, una tecnología que está inventada, son sistemas de comparación balística que ya existen en el mundo”.

No es un tema fácil, aceptó, pero “es otro de los grandes retos que tiene Colombia para realmente garantizar que las armas están en manos del Estado y que en casos excepcionales en que los civiles las portan, haya un real control sobre las mismas”.

“El mercado de las armas conviene a mucha gente, es una economía muy poderosa, por ejemplo las redes criminales se nutren de ese negocio. Entonces los delincuentes se arman fácilmente porque también hay un medio que es proclive y que ha sido condescendiente con eso, y que no ha sido eficaz en el control de ese uso de armas”, agrega Villa.

“El problema aquí es la impunidad. Si cogen a una persona con un arma ilegal, eso debería darle por lo menos dos años de cárcel, por decir algo, y eso antes ayudaría a identificar a los delincuentes”, argumenta Luis Javier pidiendo que “no es solamente establecer restricciones en cuanto a la posesión y porte de armas, que más bien deberían ser prohibidas, sino que esas medidas deben ir acompañadas de una sanción muy fuerte para la persona que las porte ilegalmente”, de lo contrario los avances en materia de seguridad serán insustanciales.

Derecho a la defensa

Las ya muchas situaciones que se han presentado en todo el país y particularmente en Medellín y Bogotá, donde los cruces de disparos entre víctimas y victimarios han cobrado en algunos casos las vidas de inocentes y en otros las vidas de los responsables de esos hechos delictivos, mantienen sobre la mesa la discusión del derecho a la defensa.

“La inseguridad no es excusa para portar armas. Los ciudadanos lo que deben hacer es demandar seguridad del Estado, que es el responsable de proteger a las personas”, coinciden los expertos.

“Este es otro grave problema que hoy tiene Medellín y muchas ciudades colombianas, donde las condiciones de inseguridad cada vez son mayores y hay quienes piensan que la ruta es que todos estemos armados, pero no es así”, estima el ex vicealcalde Suárez, mientras que desde la Corporación Región se insiste en que la exigencia civil frente al Estado debe apuntar “a la creación de instituciones fuertes, de una policía fuerte, de un sistema judicial fuerte, que realmente protejan a la sociedad, de resto es una ficción pensar que estando armado se está más seguro”.

“Todos sentimos miedo, pero el tema es que armar la población no es realmente la manera de generar mayor seguridad, las armas no son sinónimo de seguridad, por el contrario, entre más armas mayor inseguridad”, replica Villa.

Las armas envalentonan y muchas veces provocan desenlaces fatales de situaciones que no tendrían por qué llegar a ese punto, concluye Luis Javier al señalar que también en algunos casos un delincuente no es capaz de disparar o simplemente porta un arma que no es real, y si el agredido responde y dispara puede sufrir después traumas emocionales por haber segado una vida sin necesidad.