La masacre de 14 estudiantes y 3 profesores del colegio Marjory Stoneman Douglas de Florida, ocurrida el pasado 14 de febrero, cambió el curso de la discusión sobre armas en Estados Unidos. No sólo eso, abrió también la posibilidad de modificaciones legislativas largamente postergadas hasta el demencial acto cometido por Nikolas Cruz.  
Luego de la tragedia, como en ocasiones anteriores, la reacción de los republicanos -con la National Rifle Association (NRA) a la cabeza-  fue concentrarse en el desequilibrio mental del agresor, condolerse por las víctimas y rechazar cualquier mención a las armas. Esta vez fue diferente, los estudiantes no estaban dispuestos a dejarse llevar por tales argumentos. 
Los protagonistas principales del nuevo escenario son los sobrevivientes del tiroteo en la escuela de Florida que reaccionaron de inmediato y le dijeron al país: ¡Nunca más! No quieren más muertos ni heridos en los colegios, exigen reformas legales inmediatas y le han propuesto a la sociedad norteamericana, especialmente a los jóvenes del país, que se sumen a la protesta. Además, pronto irán a las urnas y muchos votarán en las cruciales elecciones legislativas de noviembre. 

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Luego de reconocer el tamaño de la reacción juvenil, la Casa Blanca organizó un encuentro del presidente Trump con alumnos, padres y maestros del colegio Stoneman Douglas. El mandatario escuchó sus exigencias de mayor control pero propuso más armas en los colegios. La mayoría de los docentes del país rechazó de inmediato la idea. 
El acierto de los principales líderes del movimiento ha sido no perderse en discusiones estériles. Quieren regulaciones claras y de sentido común. Exigen control más estricto de antecedentes de los compradores, que las personas con desórdenes mentales no puedan adquirirlas y reciban atención especializada para su trastorno, mayor seguridad en los colegios y elevación de la edad de 18 a 21 para comprar armas de asalto. 
Los jóvenes de Florida no se oponen a la sacrosanta y singular Segunda Enmienda constitucional que data de 1791 y sirve de escudo protector para el libre porte y posesión de armas en Estados Unidos, lo que quieren es regulaciones más estrictas. Claro está, por lo demás, al amparo de esta disposición constitucional EE. UU. es el país que suma 96 muertes diarias por arma, 7 de las cuales son de niños, más de 30,000 por año. En el país del norte hay 4 veces más violencia por armas que en otro país desarrollado del mundo. La tasa de homicidios por arma de fuego en EE.UU. es de 29.7 muertes por millón de habitantes, en Canadá, su vecino, 5.1. Los estadounidenses son el 5 % de la población global pero retienen el 42 % de las armas de posesión privada. En los estados con más armamento la cantidad de muertes es mayor y aunque los tiroteos concitan mayor atención la mayoría de las muertes ocurre por suicidio (63 %). 
Si el presidente Obama fracasó en la mayoría de sus intentos de reforma legislativa a lo largo de sus 8 años de mandato, es posible que los chicos de Florida y miles de compañeros suyos en todo el país lo consigan. Ya hubo un primer aunque pobre resultado. Hace dos días el Senado de Florida aprobó un proyecto de ley que sólo añade leña al fuego del debate sobre armas y atiende limitadamente las exigencias de los estudiantes de Parkland. 

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Se avecina la gran Marcha por nuestras vidas, prevista en todo el país y Washington para el 24 de marzo y ese podría ser el punto de quiebre que obligue al presidente Trump, a los legislativos estatales, a la mayoría republicana del Congreso y a la NRA a aceptar las medidas urgentes y de sentido común que miles de jóvenes y el 70 % de los estadounidenses exigen. Si lo hacen contribuirán a reducir la interminable y absurda cadena de tiroteos y muertos que aqueja a la sociedad estadounidense.