Con la misma intensidad y con creciente espectacularización, la pandemia por covid-19 sigue ocupando prioritariamente la agenda informativa. Esta concentración de la atención pública y el despliegue noticioso, comparable con la vivida en la negociación del fin del conflicto con las Farc, oculta graves acontecimientos nacionales e internacionales, con repercusiones irreversibles. Así como los sectores productivos deben reactivarse, los medios de comunicación y la opinión pública deben darle la debida importancia a temas que no pueden seguirse evadiendo.  A continuación sólo algunos de los más importantes.

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En los enclaves del narcotráfico señalados por la ONU, persiste el asesinato de líderes sociales, sin que las autoridades hayan construido hipótesis serias y un registro confiable de los crímenes contra abanderados de sus comunidades, como el taraceño Eider Lopera, o el caleño Jorge Enrique Oramas, luchador contra la minería ilegal. En esta tragedia son igualmente censurables su manipulación con fines políticos y el desinterés de la Fiscalía por aclarar la situación, el Gobierno por proteger a los amenazados y los jueces por imponer sanciones que den a las víctimas reparación y garantías de no repetición.

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Las dolorosas denuncias de familias y comunidades Emberá Chamí, de Risaralda, y Nukak Makú, de Guaviare, sobre la conducta de algunos soldados que abusaron de su dignidad y poder para violar a niñas indígenas y afrentar a sus comunidades, nos vuelve a enfrentar a la desgracia del abuso del cuerpo como botín de guerra. Sobre estas niñas se ha reeditado la tragedia de casi un millón de mujeres en el país, según datos de Sisma Mujer, aunque apenas 15.076 de ellas aceptaron denunciarla y narrarla para la investigación La guerra inscrita en el cuerpo, del Centro Nacional de Memoria Histórica.

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Sobre los crímenes cometidos por algunos militares que traicionan su juramento y uniforme, no se puede mantener ni repetir la impunidad que favoreció a los paramilitares y sigue beneficiando a los farianos culpables de violencia sexual y atrocidades asociadas a ella. Por eso, para que haya justicia es necesario que la Fiscalía General de la Nación vigile rigurosamente las imputaciones para que los jueces puedan imponer sanciones acordes con la gravedad de los crímenes. Para evitar que estos hechos se repitan, se necesitan estrictos procesos de selección de miembros de las Fuerzas Armadas y volver a la formación de los militares en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

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Este 5 de junio se cumple el primer mes de la detención domiciliaria y separación de su cargo del gobernador Aníbal Gaviria Correa, medida desproporcionada y contradictoria, ordenada por la Fiscalía, situación que demuestra la indefensión de quienes han recibido la confianza de la ciudadanía frente al poder de un solo funcionario, nombrado. La permanencia de la medida mantiene una seria violación a sus derechos fundamentales a la libertad y el ejercicio pleno de la ciudadanía, además, vulnera los derechos de los antioqueños a elegir para darse un gobierno estable, afectación que llega a poner en riesgo la vida de los habitantes de este departamento, dado el contexto de la pandemia, la peor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial.

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En el marco de la emergencia económica, social y ambiental, el Gobierno Nacional expidió el decreto 637, que lo autoriza a enajenar activos del Estado. A pesar de que no ha logrado dar trámite a la llamada Ley Isagén, el Congreso debe conocer, discutir y finalmente aprobar, o improbar, la enajenación de esos activos, mucho más si se busca vender  empresas ejemplares y de alto valor estratégico, como Cenit, filial de Ecopetrol responsable del transporte de crudo y propietaria de 10.000 kilómetros de oleoductos, o ISA, alma de la transmisión de energía eléctrica y de la innovación en el sector eléctrico y de comunicaciones.

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En el campo internacional también abundan hechos invisibilizados que provocan daños irreversibles. Con casi total impunidad, limitada apenas por la justicia británica, que avaló a Juan Guaidó como presidente, el sátrapa Nicolás Maduro, apoyado por Rusia y China, subsumió los poderes públicos, aplastando a la oposición y humillando hasta la inanición al otrora bravo pueblo venezolano. Con igual impunidad, gracias al apoyo de Donald Trump, Benjamín Netanyahu ejerce una política de tierra arrasada con la población palestina, para anexarse el 30% de Cisjordania, borrando así el acuerdo de paz con la Autoridad Nacional Palestina y las pocas esperanzas de tranquilidad para el Medio Oriente.

Comentarios:

fanny del socorro
2020-07-05 11:25:21

Gracias. señor gobernador por su opinión frente a la seguridad de los lideres comunales, ya no sabemos como trabajar; paremos delincuentes escondiéndose de los verdaderos delincuentes de este país lleno de impunidad.

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