El clamor para que el diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó por un territorio equivalente a dos veces el Valle de Aburrá se salde por medio de una consulta popular, sumado a los movimientos ciudadanos que por medio de consultas populares y los concejos municipales le han dicho no a la minería, son en última instancia, la expresión de una insatisfacción ciudadana en las relaciones del centro del poder con las regiones. Cuando se toman este tipo de decisiones sin contemplar las consideraciones de los mismos habitantes es fácil suscitar un contrapunteo que puede cruzar un lindero muy riesgoso. 

En Belén de Bajirá, Mutatá, no quieren tener un trato diferenciado si son chocoanos o antioqueños; de uno o de otro lado son colombianos. Mutatá pasó de un NBI total (Necesidades Básicas Insatisfechas) de 60,70 en 2005 a 60,40 en el 2013. Es decir, la misma pobreza en casi una década. En Jericó y Támesis, ambos municipios de sexta categoría —la más baja en el escalafón— no les desvela tener mejores ingresos a cualquier costo. Esos reclamos quieren trascender la discusión del mejor postor para construir su propio modelo de desarrollo. 

Por ejemplo en el caso de Bajirá, el gobernador Luis Pérez ofreció con una mano más inversión y con la otra amenazó retirar los servicios de primera necesidad; actitud que no muestra su capacidad de negociación, sino su desdeño por la dignidad humana; pues el mismo diferendo aún no está saldado. En Jericó tampoco se dejaron tentar por las millonarias utilidades ofrecidas por la explotación de cobre; y reclamaron no ante la minera, sino ante el Gobierno Nacional por haber permitido esa actividad sin consultarles. 

No se trata de una discusión por un Estado federal, sino más bien de la necesidad de construir un Estado moderno, sin transacciones, ni tajadas dulces de mermelada. Porque mientras en las regiones esas inversiones no se ven con la capacidad transformadora que deberían tener, en las ciudades capitales se ruega por un impulso adicional para la cofinanciación de grandes proyectos. 

La concentración en el Gobierno Nacional de las decisiones más trascendentales en el impacto en la calidad de vida de los habitantes de las regiones, no sólo pone en riesgo la inversión privada en el país, sino también la gobernanza. En época de silencio de fúsiles, las voces de las comunidades serán escuchadas con más fuerza y harán todo lo posible para hacerse valer como constituyente primario. 

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Es por eso que la construcción de un país moderno requiere de una evaluación de la relación del centro con la periferia, y sea dicho de paso, de los gobernadores con los alcaldes. Podrá ser esta la oportunidad para que la distribución del presupuesto se haga lejos de los favores y los chantajes, para darle paso a una articulación y coordinación interinstitucional concentrada en superar las necesidades de la población con criterios de participación y dignidad.