Los magistrados de la JEP se fueron sorprendidos de Medellín. Durante la audiencia pública se conoció que la Alcaldía engavetó un informe sobre La Escombrera del año 2010 y que a la Fiscalía se le perdieron restos de víctimas de desaparición forzada.

“A medida que aparece la verdad, esta se convierte en una bola de nieve”, exclamó el magistrado Gustavo Salazar. Hallaron información no consolidada y no cotejada, lo que causó extrañeza a la magistratura puesto que han transcurrido 17 años desde que se realizó la Operación Orión en la comuna 13, San Javier.

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Para completar la sorpresa, trascendió que la Fiscalía encontró restos de personas desaparecidas, pero los perdió. Situación irregular que la JEP no investigará, pues no es de su resorte, pero que se encargará de informar oportunamente. “No se trata de atribuir responsabilidades, sino de encontrar la verdad, que es el principal elemento restaurativo, añadió el togado Salazar.

No hay avance en las investigaciones

En diálogo con el periódico El Mundo, el economista Jorge Mejía, exsecretario de Gobierno de Medellín, exconsejero para la paz y la reconciliación y docente universitario, recordó que la Administración de Aníbal Gaviria se interesó en que se conociera la verdad de lo ocurrido en La Escombrera.

Señaló Mejía que entre agosto y diciembre de 2015 se removieron 35 mil metros cúbicos de tierra en 5.000 metros cuadrados que van desde el corregimiento la Loma, de San Cristóbal, hasta la comuna 13, San Javier, y que se denominó polígono uno. Hacerlo costó $1.500 millones. El resultado: no se halló nada, ni un cabello, según la Fiscalía.

Margarita Restrepo, familiar de una de las víctimas desaparecidas, estima que son más de 300 las personas que estarían debajo de los escombros. Dice que gente del bloque Cacique Nutibara llevaba a ese sitio a sus “enemigos” y los obligaban a cavar sus propias tumbas. El Cacique Nutibara era comandado por Diego Murillo Bejarano, alias don berna, quien disputaba para el año 2000 con las milicias de la guerrilla la hegemonía en las comunas de Medellín, comunas como la 13.

Como se recordará, La Escombrera se dividió en tres polígonos. En el uno se trabajó durante cuatro meses, en el dos se esperaba que se iniciaran actividades en 2016 y para el tres, el más complicado de todos, se tenía estipulado que arrancara con la búsqueda una vez terminado el polígono dos. Pero la Alcaldía de Federico Gutiérrez le restó importancia a la búsqueda.

Aníbal Gaviria dejó listos los proyectos de búsqueda, además de los respectivos recursos ($750 millones) para continuar en el polígono dos. Esa labor tenía como base las versiones de integrantes de bandas y de desmovilizados como Carlos Villa, alias móvil 8, exparamilitar que señaló los sitios donde ellos enterraban los cadáveres. Al parecer, fue en esa zona donde fueron avistados los restos que luego extravió la Fiscalía. Para el polígono tres ya no hubo recursos.

“El tres es el triple del polígono uno. Son unos 90.000 metros cúbicos, casi como quitar una montaña y pasarla para otro lado. El trabajo allí es muy complicado, es como buscar una aguja en un pajar, sin contar el riesgo de un deslizamiento que podría afectar viviendas cercanas”, explicó Jorge Mejía.

Víctimas como Luz Elena Galeano Laverde, lideresa del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad e integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y quien estuvo presente en la audiencia de la JEP, se lamentó por la indolencia del Estado. “En la comuna 13 se realizaron más de 20 operaciones militares, pero las que más nos marcaron fueron la Orión y la Mariscal, en 2002”, dijo Luz Elena. Ella no pierde la esperanza de encontrar a su esposo Luis Javier Laverde, desaparecido desde el 9 de diciembre de 2008.

Fue un derroche de fuerza y represión por parte del Estado lo que ocurrió con la Operación Orión, manifestó Fernando Quijano, director de Corpades y Análisis Urbano.

Intereses oscuros quieren ocultar la verdad

Las víctimas aseguran que la institucionalidad ha querido imponer una memoria que no corresponde con lo ocurrido en ese lugar hace 17 años y que busca favorecer intereses oscuros. “La problemática no se acabó. Hoy en día el conflicto es una constante en la comuna 13 que se mantiene con otras dinámicas”, sostuvo por su parte Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad.

“La Alcaldía de Federico Gutiérrez no se interesó en la búsqueda, pero la responsabilidad en el avance de la investigación es de la Fiscalía. Para retomar la búsqueda se requiere del apoyo de la Alcaldía, que la Fiscalía retome la investigación y que con la comunidad se elabore un plan de búsqueda con expertos para que pronto cicatricen esas heridas que ha dejado la guerra”, reiteró Jorge Mejía.

Este panorama desolador llevó a las víctimas a solicitar a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que realizaran una audiencia en Medellín. Por eso vinieron.

En agosto de 2018. El Movice invitó a los magistrados de la JEP a la conmemoración de la Operación Orión. Allí les solicitaron que realizaran una audiencia en Medellín para conocer los avances en la búsqueda de los desaparecidos en La Escombrera.

El Movice también pidió que se analizaran y se tomaran medidas en 16 lugares del país en los cuales se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado.

Particularmente en la comuna 13, San Javier, las víctimas requirieron que fueran cerradas la arenera y La Escombrera como medida cautelar para reparar a las víctimas, preservar la memoria del conflicto y garantizar así que la Unidad de Búsqueda Ubpd pueda actuar en esos lugares con calma en el futuro.

La audiencia, que se realizó los días 17 y 18 de julio de 2019 en el Palacio de Justicia de la Alpujarra, fue de carácter técnico y no se establecieron responsabilidades en ella. Esto porque la JEP no ha abierto un caso que se denomine comuna 13. La audiencia tampoco tenía como objetivo documentar casos de desaparición forzada. Básicamente se realizó para establecer el nivel de riesgo que tienen esos lugares, para indagar lo que han hecho la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Medellín y a partir de ello saber qué se puede hacer, qué falta, si las acciones fueron adecuadas y suficientes y por qué no se ha avanzado. Y los daños que se han generado por ese no actuar.

Conclusiones tras la audiencia de la JEP

Además de conocerse que información sobre La Escombrera habría sido engavetada por la Alcaldía y que la Fiscalía habría extraviado restos hallados en ese sitio, la JEP determinó que no hay información coherente, que tenga una consistencia y unos métodos claros.

También, que hay brechas entre la información que entrega la Fiscalía y la información que entregan otras instituciones. “Hay elementos que nos permitirían suponer inicialmente que la información de la Fiscalía no está consolidada, lo cual es un poco extraño para la magistratura, dado el tiempo que ha transcurrido”, expresó Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, magistrado de la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas de la JEP, al término de la audiencia.

“Es muy grave saber que restos encontrados han desaparecido nuevamente. De manera posterior y dentro de los trámites que se siguen en la presente medida cautelar tomaremos las decisiones que en derecho correspondan. La JEP no investiga esta clase de anomalías, pero sí se encargará de informar esta clase de situaciones irregulares”, señaló por su parte el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.

La JEP dio tres días de plazo a la Alcaldía de Medellín para que entregue el informe que tenía archivado, diez días a la Fiscalía para que indique qué sucedió con los restos que desaparecieron y 30 días a la Gobernación de Antioquia para que elabore una propuesta de construcción de memoria para la comuna 13.

En un mes se espera que la JEP tome una serie de medidas cautelares que faciliten la labor de búsqueda tanto en la arenera como en La Escombrera. Las víctimas no pierden la esperanza de conocer la verdad y de recuperar a sus seres queridos.

Audiencia de la JEP en Medellín

La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP realizó en Medellín una audiencia pública los días miércoles 17 y jueves 18 de julio.

El objetivo era recoger información e insumos que permitan determinar si se dictan medidas cautelares en la comuna 13 donde habría cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada.

En la audiencia participaron entidades como el Ministerio del Interior (Dirección de Derechos Humanos), el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía General de la Nación, la Personería de Medellín, la Gobernación de Antioquía, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Medellín, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Cbpd), Équitas, la Organización Mujeres Caminando por la Verdad y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos.

Asistieron los magistrados Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, María del Pilar Valencia García, Raúl Eduardo Sánchez, Alejandro Ramelli Arteaga y fue presidida por el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez.

La Escombrera

104  restos habría en La Escombrera.

80.000  personas han sido víctimas de desaparición forzada en Colombia.

46.1%  de los casos los perpetradores son los paramilitares.

19.9%  de los casos el perpetrador es la guerrilla.

8%  de los casos los perpetradores son agentes del Estado.

1.010  municipios tienen casos de desaparición forzada.

3  regiones son las más afectadas: Valle de Aburrá, Magdalena Medio y Oriente antioqueño.

Con información de Centro Nacional de Memoria Histórica, Secretaría de Gobierno de Medellín.