Por Escuela Nacional Sindical

La seguridad social es un sistema de protección que la sociedad ha construido para hacerle frente a un conjunto de riesgos que hacen parte de vida y del trabajo, como la enfermedad, la muerte, la vejez, el accidente y la enfermedad laboral, la invalidez, el desempleo, la desactualización laboral, entre otros. Es todo un sistema conformado por políticas públicas, normas, procedimientos, servicios, beneficios, el personal, y las instituciones.

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La seguridad social es un derecho humano, es el desarrollo del compromiso del Estado con el principio del bienestar general, y se basa en los principios de universalidad, solidaridad, igualdad, integralidad, participación, eficiencia, y calidad, entre otros.
En Colombia el Sistema de Seguridad Social Integral cubre a los trabajadores con un vínculo laboral, lo mismo que a los trabajadores independientes que cotizan al llamado régimen contributivo. Se realiza mediante 5 afiliaciones: a una EPS en salud, a un fondo de cesantías, a un fondo de pensiones público o privado, a una administradora de riesgos profesionales y a una caja de compensación familiar. 
La población pobre que se encuentra en el sector informal, en el desempleo, en condición de vejez y abandono, o en pobreza extrema, es atendida con el Sistema de Asistencia Social mediante el régimen subsidiado en salud; programas de bienestar familiar para la infancia, la adolescencia y las familias; subsidios económicos a las familias con hijos condicionados a que estudien, y auxilios de subsistencia a los adultos mayores. El sistema de Seguridad Social Integral y el Sistema de Asistencia Social conforman el Sistema de Protección Social.
A diciembre de 2017 hacían parte del régimen contributivo en salud el 48,7% de los ocupados; del de pensiones el 38,6%, del de riesgos laborales el 45,7%, a un fondo de cesantías pertenecía el 40,5%, y a una caja de compensación familiar el 30,3%. Adicional a esto, de cada 100 adultos mayores solo el 32,2% recibe una pensión. 

La Seguridad Social Integral está en crisis por la alta informalidad laboral del país, que deja por fuera del régimen contributivo en salud, pensiones y riesgos laborales al 65,9% de los ocupados. La ley 100 de 1993 tiene un enfoque mercantilista que ha fracasado en su promesa de universalidad. 
Además, el Sistema de Asistencia Social está sumido en una maraña de corrupción y prácticas clientelistas, que le resta eficacia a los ya de por sí miserables auxilios y subsidios de subsistencia que se otorgan.

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En un sistema de protección social debe tener mayor peso la seguridad social que el sistema asistencial, para así bajarle presión al presupuesto público. Para ello se necesitan tres grandes acciones y políticas públicas:
1.    Una política de formalización laboral y de generación de empleo digno y decente, que se desprenda de una revisión del modelo de desarrollo extractivista primario exportador, y de finanzas especulativas que aportan poco a la ocupación, y adopte un modelo que privilegie la innovación y una transformación productiva con agregación de valor y alto contenido tecnológico. 
2.    El fortalecimiento de la inspección y de la justicia laboral, para así atacar las prácticas de ilegalidad laboral que afectan a casi 5 millones de ocupados tercerizados mediante contratos de prestación de servicios, o por intermediarios no autorizados por la ley.
3.    El rediseño del modelo de seguridad social, en el cual tenga mayor protagonismo el Estado, con enfoque de derechos y no de negocio, sin intermediaciones, universal, integral y solidario.
En ese contexto, ninguna de las propuestas de los candidatos presidenciales que figuran en las encuestas tiene un enfoque integral del sistema de Protección Social. Las propuestas de Fajardo y Petro hacen avances en pensiones, al plantear el sistema de pilares que integra el régimen de prima media y el de ahorro individual con el asistencial. Y solo uno, Petro, plantea una reforma a fondo del sistema de salud, acabando la intermediación de la EPS. El resto de candidatos proponen solo retoques y más de lo mismo. 
Colombia necesita avanzar hacia un nuevo modelo de seguridad social que tenga garantizada su financiación, con una política pública de trabajo decente que articule la política económica con la política social mediante el régimen contributivo y una política social excluida del mercado.