En lo corrido de 2018, los homicidios en Medellín han aumentado en 24% frente a los que se presentaron en el mismo período de 2017, cuando fueron mayores a los ocurridos en 2016 y, por supuesto, en 2015, último año de retroceso en las cifras de muertes violentas. Mientras sectores como Altavista y Robledo sufren el retorno de la violencia, la comuna 13 se siente volver al año 2008, y anteriores, cuando sus habitantes padecieron el asedio de bandas criminales enfrentadas por el control territorial y los errores de la Operación Orión. A la violencia que crece, la ciudad suma un manejo inexperto e improvisado que demuestra desconocimiento y olvido de los aprendizajes acumulados por las autoridades y la ciudadanía en materia de control de la inseguridad.

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La grave situación de la Comuna 13 ha sido descrita rigurosamente por líderes que a punta de trabajo civilista ganaron la confianza de la ciudad y que refieren balaceras nocturnas, toques de queda impuestos por los criminales, amenazas generalizadas contra servidores públicos y ciudadanos, la quema de un bus, así como el paro de transporte, han sido respondidas por el joven secretario de seguridad, dadas la ausencia y silencio del alcalde, Federico Gutiérrez, y de quien hasta anoche estuvo encargado de su despacho. En la atención a esa emergencia se han sucedido, en cascada, reacciones incoherentes: la negación, con declaraciones desconcertantes que ignoran las denuncias expresadas por distintos medios; las muletillas recurrentes de un gobierno que explica ¿o excusa? la inseguridad en sus “éxitos” contra la criminalidad., y la militarización que tiene en shock a esa comunidad, traumatizada como está por los daños de las anteriores experiencias en ese sentido, esta ofrecida con más ánimo de espectáculo mediático y para las redes sociales que de solución.

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Las respuestas que da la Alcaldía señalan que se ha decidido desconocer la Política de seguridad y convivencia que diseñaron la Alcaldía, la Oficina de la ONU contra las drogas y el delito y la Universidad Eafit, y que esta no ha sido sustituida por una nueva política capaz de contener las amenazas que enfrenta la ciudad, sino por la improvisación.

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El pilar de una política de seguridad es la información. La que las autoridades allegan, mediante labores de inteligencia y relaciones con las comunidades, sobre las crisis y amenazas en la ciudad; los homicidios, los demás delitos y el florecimiento del bandolerismo revelan que esta es precaria, si no inexistente. Y también la transparente que debe ofrecer a la ciudadanía a través de informes completos y confiables construidos con los datos reales de la inseguridad, no con las oscilantes percepciones ciudadanas; los datos que se entregan no son confiables para la ciudadanía, como señaló el periódico Universo Centro en su edición del pasado marzo.

La gestión en seguridad obtiene resultados cuando es fruto de estrategias de largo plazo y de la coordinación interinstitucional que garantiza efectividad. Ofrecer militarización, dizque para brindar seguridad a la Comuna 13, es contraproducente para las relaciones con la población y totalmente ineficaz para atender la situación, toda vez que los soldados carecen de formación y potestad para intervenir en el conflicto urbano.

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Y una verdadera política de seguridad no es sólo de respuesta a la amenaza criminal. La seguridad integral es fruto de la construcción de territorio, que se consigue con la presencia integral de las instituciones públicas, incluyendo por supuesto las policiales y judiciales, más la formación de organizaciones sociales civilistas y cívicas, y con el diálogo con la ciudadanía participante, procesos todos que, según denuncian habitantes y expertos, durante los dos últimos años y medio han estado ausentes en la comuna 13.