A quince días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2018 iniciamos el análisis a las principales propuestas de los candidatos presidenciales consignadas en sus páginas web oficiales. Es de anotar que, con excepción de Gustavo Petro, los aspirantes presentan iniciativas que atienden problemas particulares, pero no un programa que tenga un hilo conductor a partir del cual los ciudadanos puedan entender cómo es el país que proponen, y sueñan forjar en su eventual gobierno. Las propuestas disponibles para la opinión pública oscilan entre las abundantes y detalladas recogidas por Germán Vargas Lleras en sus documentos a las puntuales, sintéticas y generalistas expuestas por Humberto de la Calle.

Las circunstancias del país obligan al análisis a las propuestas sobre su futuro se haga a partir de la idea de seguridad. Y es que la inseguridad que se mantiene como el principal y más grave problema de los colombianos, así esto se haya pretendido ocultar, o minimizar, con las hagiografías sobre el acuerdo con las Farc. Siendo un problema de vieja data, con picos inquietantes y algunas victorias institucionales importantes, es preciso estudiarlo desde sus causas y a partir de las ideas de los candidatos para resolverlas.

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En Colombia es imposible, por no decir que insensato, abordar un análisis a la seguridad sin reconocer al narcotráfico como el principal responsable del crecimiento de organizaciones criminales y la violencia que acompaña sus rapiñas por las jugosas rentas que dejan el cultivo y producción de cocaína, su exportación o su venta a los consumidores internos, que siguen creciendo. El aumento de cultivos, de rutas del narcotráfico y de bandas dedicadas a este negocio lo confirma como la mayor amenaza del país, además de probar la fragilidad de los logros de la guerra antidrogas. Aunque son testigos de la debilidad de los resultados tras el país invertir grandes esfuerzos y pasar múltiples dolores, los candidatos insisten en la guerra contra las drogas, así ofrezcan algunos matices en el enfoque de sustitución de cultivos y con la diferencia de Gustavo Petro sobre prevención del consumo. Con su enfoque, los aspirantes le dejan al futuro expresidente Juan Manuel Santos la necesaria bandera del cambio de la lucha antidrogas, una iniciativa que debiera acompañar toda Colombia.

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El acuerdo final con las Farc ha fracasado, dados los incumplimientos de esa organización con sus obligaciones de cesar el narcotráfico, desarmarse y desmovilizarse, y satisfacer los derechos de las víctimas. El que transcurre con el Eln también amenaza con que correrá suerte semejante. A pesar del fracaso, los candidatos, exceptuando a Iván Duque, ofrecen mantenerlo como fue suscrito y anuncian que se persistirán, así le pongan condiciones a es organización, en la mesa con el Eln. Duque reconoce fallas en el acuerdo y fracasos en el posacuerdo que exigen reformar lo ya suscrito y cambiar los términos de la negociación con el Eln para que el Estado no siga sometido a grupos que no respetan sus obligaciones y carecen de respaldo político.

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El error más protuberante del acuerdo con las Farc fue haber hecho que las víctimas pasaran del abandono en que se encontraban a la condición de expósitas y estigmatizadas por no allanarse a ofrecer perdón, que es un acto individual y libre, renunciando a sus derechos, que son obligaciones del Estado, a la verdad sin justificaciones o elusiones y a mínimos de justicia. En sus propuestas, solamente los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro reconocen que el primer derecho de las víctimas es la verdad y, con ella, la justicia. Sergio Fajardo, que también las menciona, recoge el enfoque del actual gobierno, que propone que el Estado ofrezca beneficios, sin duda necesarios para la mayoría de las víctimas, en vez de exigir a los victimarios renunciar a la impunidad que los cobija y restituir a las víctimas sus derechos, inclusive los materiales.

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Consecuente con el reconocimiento de las víctimas y la que debe ser la discusión sobre restituirles sus derechos, la justicia es reconocida por todos los candidatos como necesaria para controlar la impunidad, mejorar la seguridad y contener la corrupción. Aunque ofrecen cambios que deben hacer a la justicia pronta, objetiva y eficaz, o sea para devolverle los atributos que le son inherentes en todas las democracias, los cinco aspirantes no explican qué harán para sortear los obstáculos impuestos por el Congreso y las propias cortes, que son los que a todos los gobiernos desde 1991 les han impedido sacar adelante distintas reformas para darle a Colombia la justicia que necesita.