Desde hace cinco años, cuando se constituyó la Asociación Colombiana de Minería (ACM) para que, entre otros objetivos, se consolidara el gremio y se elevara la reputación de la actividad como una industria que le deja beneficios al país, la agenda del diálogo entre el sector y el Gobierno Nacional no ha tenido mayores modificaciones.

La regulación, en tanto la Corte Constitucional generó en el pasado vacíos normativos que dieron lugar una oleada de acciones en contra de la explotación de los recursos, se convirtió en el tema obligado del Congreso Nacional de Minería, aunque hay que decir que en la presente edición, que se celebra entre este jueves y viernes en Cartagena, sí hay una novedad.

Luego de que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado aclararan mediante sus más recientes pronunciamientos, en octubre y febrero pasados respectivamente, que los municipios no pueden prohibir la minería a través de Acuerdos Municipales, ni tampoco se pueden vetar proyectos a través de consultas populares, los retos del diálogo entre el sector y el Gobierno Nacional pasan ahora por la manera como la determinación de las cortes se va a llevar a la legislación, así como por otros temas tales como la reforma al Sistema General de Regalías y dos asuntos de vieja data: una reforma a la ley de Consulta Previa y la expedición de  una ley contra la minería ilegal.

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Durante la primera jornada del Congreso, quedó claro que el trabajo de la Asociación ha dado sus frutos, no solo porque, como informó José Miguel Linares, presidente de Drummond y del Consejo Directivo de la ACM, la entidad fue aceptada como miembro del Consejo Gremial Nacional, sino porque las cifras del sector siguen siendo contundentes: las regalías mineras aumentaron 20% en 2018 y llegaron a $2,5 billones, “la cifra más alta que se haya registrado por este concepto”, según Linares, quien añadió que con presencia en apenas un 1% del territorio nacional, este sector generó el 28% de las exportaciones del país.

Los cuatro pendientes

El presidente del Consejo Directivo de la Asociación, José Miguel Linares, habló claro: “uno de los propósitos que ha tenido la ACM ha sido desarrollar un diálogo fluido con el Gobierno Nacional para generar alianzas que nos permitan la identificación de los desafíos del sector minero, y la solución conjunta de las dificultades que afrontamos”.

La reforma al Sistema General de Regalías fue el primer aspecto abordado por Linares, pues a la realizada por el Gobierno anterior le atribuyó la “proliferación de mecanismos como consultas populares o acuerdos municipales, que buscan frenar la minería, y en general las industrias extractivas”.

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“En ese sentido, es realmente importante la iniciativa que tomó el Gobierno de presentar ante el Congreso el acto legislativo que reforma el sistema general de regalías y que busca que los municipios productores vuelvan a tener un importante porcentaje de recursos, entre el 30% y el 50%”, manifestó el directivo, quien consideró que eso les permitirá sacar adelante “los proyectos más sensibles para lograr su desarrollo en términos de infraestructura, salud y educación”.

El segundo aspecto abordado por Linares fue la ley de Consulta Previa, frente a la cual este gremio y otros del país, esperan “tener más claras reglas de juego tanto para las empresas como para las mismas comunidades étnicas”.

“Es necesario tener claridad en los derechos, pero también en las obligaciones y responsabilidades que se tienen con el Estado, además de que se cumplan los tiempos para realizar estas consultas”, afirmó Linares.

En tercer lugar, y ligado estrechamente con lo anterior, el también presidente de Drummond recordó que la Corte Constitucional “impuso el reto mayúsculo de avanzar en la elaboración y posterior trámite de una iniciativa legislativa que concrete la Coordinación y Concurrencia de la Nación y el Territorio”, como resultado del fallo en el que aclaró que las entidades territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo.

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“Es fundamental que esta iniciativa resuelva la tensión que existe entre la autonomía territorial y el estado unitario, mediante la implementación de nuevos instrumentos que atiendan el interés general”, destacó, dejando además sentada la denuncia de que aún hay jueces que se vienen pronunciando sobre asuntos ambientales, consultas con comunidades, o incluso solicitando que se realicen consultas de forma retroactiva, lo que “genera que en algunos casos no solo se frenen los proyectos mineros, sino que manda un mal mensaje a los inversionistas”.

Finalmente, expuso la necesidad de una ley para “conjurar la explotación ilícita de minerales” como el marco jurídico “que permita diferenciar con claridad los mineros ancestrales y tradicionales o pequeños, de las estructuras delincuenciales que están cooptando nuestra actividad, por la alta rentabilidad que representa”.

Se ven avances

El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño Alcocer, no quiso referirse a las deudas del Gobierno anterior con el sector y prefirió resaltar el avance que se ha tenido con el actual mandatario.

“En la reforma al Sistema General de Regalías ya se avanzó y es de la mayor importancia estratégica para el sector y para los municipios”, dijo.

En efecto, según la viceministra de Minas, Carolina Rojas Hayes, esa propuesta ya tuvo un debate en la Comisión Primera de la Cámara y la próxima semana está citado el debate en plenaria de la Cámara. “Como es un Acto Legislativo, debe tener cuatro debates en esta legislatura y cuatro en la siguiente; el objetivo es buscar consensos también para que tanto productores como no productores no se afecten con la ley; estamos en esa discusión pero estamos seguros de que vamos a poder lograr un consenso que va a salir adelante en esta legislatura”, dijo.

La viceministra Rojas Hayes recordó que la reforma al Sistema General de Regalías “es una propuesta que cumple una promesa de campaña del presidente Duque, de reconocer  que la actividad, los municipios y las regiones productoras del sector extractivo deben tener una participación mayor en los recursos de regalías”.

Juan Camilo Nariño añadió, frente a la ley de Concurrencia y la ley de Consulta Previa, que “el Gobierno y los distintos ministerios han avanzado con su conceptualización, y yo creo que de alguna forma avanzarán en su presentación en las legislaturas que vienen”.

Respecto a la Ley de Concurrencia, la viceministra de Minas expresó que “el tema de relacionamiento no se resuelve con una ley” y consideró que “es un tema más profundo de cómo podemos coexistir diferentes actividades en el territorio y cómo el sector explica y aclara todas las dudas que tienen las comunidades en el territorio”.

Solo después de haber hecho esto, a su juicio, sí se necesitará que una ley “reglamente y deje tranquilas a todas las partes y que haya una claridad sobre cómo se llevan a cabo estos temas de coordinación y concurrencia”.

Añadió que “el Gobierno sí está preparando un proyecto de ley” en el que “estamos teniendo en cuenta todas las opiniones que ya se han venido dando durante los últimos años, porque esto no es de ahora, porque tenemos que llegar a una ley que genere consensos”.

Acerca de la extracción ilícita de minerales, Juan Camilo Nariño expresó que “es una ley que es para todos fundamental” puesto que “es necesario hacer esfuerzos entre todos para mostrarle a Colombia qué es la ilegalidad y qué es la legalidad y cómo podemos, a través de la legalidad, a través de las empresas formales, a través de las  inversiones, transformar esos municipios que han estado inmersos en un entorno de ilegalidad”, sostuvo.

Sobre este punto, la viceministra Carolina Rojas Hayes, explicó que el Gobierno ya tiene un proyecto muy avanzado.

“Tenemos la intención de radicarlo en la siguiente legislatura pero lo estamos revisando precisamente, como con todas las leyes, para tener un buen consenso sobre qué es lo que necesitamos para el control de la explotación ilícita”.

En este punto, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien también participó de la jornada académica, anunció que este proyecto de ley se va a presentar el próximo 20 de julio.

Nuevo en la oficina

Juan Camilo Nariño Alcocer debutó este jueves como anfitrión del Congreso Nacional de Minería, tras haber llegado a la presidencia del Gremio en enero pasado.

“El sector minero tiene unas discusiones publicas fuertes, unas discusiones jurídicas fuertes y eso hace la actividad minera, tanto en el sector privados como en los gremios, fascinante en el día a día, con retos muy grandes”, dijo en diálogo con EL MUNDO.

Sobre su llegada al gremio, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Minería, expresó que “estamos seguros de que seguirá consolidando a la ACM como referente de conocimiento y será el mayor difusor de las buenas prácticas de nuestra industria, trabajando de la mano con las autoridades, las comunidades, los empleados de las empresas y demás grupos de interés”.

Linares también agradeció la gestión del saliente presidente, Santiago Ángel Urdinola, de quien dijo que trabajó “arduamente para reunir a las diversas asociaciones de mineros con el propósito de consolidar este gremio”.