Con todo y no obstante las masivas expresiones de inconformidad y oposición popular a esta reforma, se ha impuesto mediante las artimañas que son usuales en el congreso, por parte del gobierno de turno, el lobby necesario para hacer aprobar -como en efecto ha ocurrido-, la Ley de Crecimiento Económico, antes Ley de financiamiento y que fuera declarada inexequible en control de constitucionalidad; propuesta e impuesta por el gobierno Duque y a través de la cual se da estricto cumplimiento a una de las promesas de su campaña electoral, bajarle los impuestos a las grandes empresas, a los más pudientes económicamente en nuestro país. No cabe la más mínima duda y, por ello, el gran respaldo que se ha obtenido al interior de los más destacados gremios económicos que han visto en este certamen una de las mayores oportunidades para seguir fomentando y acrecentando las ya muy jugosas ganancias que período tras periodo reportan los grandes gremios respecto de sus actividades empresariales y productivas.

A pesar de las sucesivas expresiones ciudadanas, de protestas y de los característicos cacerolazos con los que el pueblo de Colombia clama incesantemente por cambios sociales drásticos y sustanciales, en el Sistema político y económico imperante se siguen dando a la tarea de mantener y fomentar los privilegios de los más poderosos.

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Mientras que el gobierno alega que la idea es mejorar la competitividad económica y empresarial frente a los nuevos retos que generan el avance del presente siglo y entre ellos haber ingresado a la era de la Economía Naranja e internacionalmente al gran club de países ricos, como en efecto lo es la OCDE, importantes sectores de opinión y, entre ellos numerosas instituciones universitarias y grupos de intelectuales y profesionales de la economía piensan lo contrario, que pueden ser más las desventajas que las fortalezas para el país con la vigencia de dicha normatividad en materia tributaria y presupuestal.

Son muchas las obligaciones que el Estado tiene con los sectores populares, con la clase media y baja, que se podrían ver en riesgo de no poderse cumplir. Afirman los expertos que dicha norma, vía excepción tributaria a grandes grupos empresariales, dejaría de recaudar más de 9 billones de pesos. No me he podido explicar este detalle, ¿no fue que recibieron del gobierno Santos el país quebrado y con un enorme hueco fiscal que no les ha podido permitir cumplir en muchos aspectos las promesas realizadas y por las cuales sigue el pueblo en las calles -cacerola en mano- porque no les han cumplido?; y el gran acuerdo nacional con la Farc del cual alegan dejaron los pactos y muchas promesas, ¿pero sin con qué cumplirlas? Entonces, como se explica que nos podamos dar el lujo de renunciar a un recaudo de esa magnitud? Ello evidentemente deja en riesgo de incumplir muchos compromisos sociales.

El Senador Antioqueño German Hoyos Giraldo, en la plenaria senatorial que se hiciera sobre este espinoso tema, interpretando con gran valor civil los anhelos y aspiraciones ciudadanas, al anunciar su rechazo, hizo extensivo el clamoroso llamado de atención que hicieran importantes sectores de opinión (universitarios y académicos) en carta dirigida al congreso y a la opinión pública en general y a través de la cual hacen ver como de manera improvisada y poco discutida, porque no se ha hecho el debate nacional que tan delicado tema exige, para escuchar a los diferentes interlocutores sociales e institucionales y casi que “a pupitrazo limpio” y sin mayores reparos, se hizo aprobar una reforma que –como ésta- requería de mayor razonabilidad, estudio- reflexión, ponderación para no caer en los errores que se han avizorado desde ya por quienes –como éstos intelectuales- no ven claro el camino para el país en ciertas materias sociales, a falta de los recursos a los que ahora se ha renunciado.

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Advierte el juicioso senador Germán Hoyos, quien también es experto en temas económicos y financieros y, por ello la autoridad de su razonamiento- decisión, que se apartó de la aprobación de dicho estatuto toda vez que además de las múltiples quejas que esta normatividad ha tenido, podría además originar que en el futuro Colombia corra el riesgo de ser descertificada en el rating internacional de Grado de Inversión, lo que sería sumamente grave no solamente para el país, sino para el mantenimiento de la buena posición –confianza y solvencia- que ahora tenemos en el ámbito internacional, pues ello sería como que no estuviéramos en condiciones de atender cabal y cumplidamente la deuda pública (la asumida con otros países y los distintos sectores sociales e institucionales). El grado de inversión es una reconocimiento- calificación que se logra en el concierto de naciones, en atención al buen manejo que debe darse por el ejercicio gubernamental a indicadores políticos e institucionales, macroeconómicos y sociales que nos permiten ser consideramos en el concierto de naciones como un Estado organizado y coherente en materia política económica y social. Perder esa posición, esa confianza y credibilidad, sería ciertamente desastroso.

Como el voto negativo de Hoyos Giraldo debió ser el de todos los congresistas que llegan allí con la promesa de defender los intereses del pueblo y, en especial, a los más desprotegidos. Infortunadamente no fue así y nuevamente se impone en Colombia el poder de los privilegios, la arrogancia y soberbia de un ejecutivo que –con dicha reforma- lo único que hace es generar más inequidad, desigualdad y pobreza, so pretexto de que es la única forma de fomentar y fortalecer la competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo integral. ¡Amanecerá y veremos!