Comenzó el debate ciudadano y público sobre el futuro de EPM y las propuestas de cambio de sus estatutos promovida por la Administración del alcalde Daniel Quintero.
Comenzó el debate público sobre el cambio del objeto social de EPM.
Un importante y representativo grupo de exgerentes Generales y Técnicos de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, y de ingenieros de la Facultad de Minas, así como un amplio número de exfuncionarios de la entidad, en dos documentos, fueron los primeros en iniciar el debate público en torno al proyecto de acuerdo de modificación del objeto social de EPM, que radicó ante el Concejo Municipal el alcalde Daniel Quintero, pero que luego retiró ante el clamor general que se adelante primero una amplia discusión ciudadana frente al futuro de esta empresa y a la radicación de un nuevo proyecto.
Tal como trascendió y se conoció en el contenido plasmado en la iniciativa, se propone que EPM se encargue de actividades, servicios y funciones comerciales no contempladas en los estatutos, muchos sin conexión obvia con los servicios públicos domiciliarios que hoy presta de acueducto, alcantarillado, energía, distribución de gas combustible, telefonía fija y móvil, además del servicio de aseo, manejo de basuras y tratamiento de aguas residuales.
En consideración de estos ciudadanos los cambios propuestos son de gran alcance y cambiarían la misión y el carácter de EPM, además que también pueden afectar su estabilidad financiera e institucional y la calidad y costo de los servicios que hoy presta.
En su documento, el grupo liderado por los exgerentes generales Darío Valencia Restrepo y Federico Restrepo Posada, y los exgerentes Técnicos, Luis Guillermo Gómez Atehortúa y Alfonso Sánchez Cadavid consideran que la ambiciosa propuesta de expansión del objeto social de EPM no está justificada ni respaldada por estudios independientes y creíbles.
Califican la exposición de motivos del proyecto como débil y deficiente, pues parte de premisas y aseveraciones no probadas para un cambio del objeto social.
Son categóricos en desestimar el argumento de la Administración que por la sofisticación y evolución en la provisión y gestión de los servicios públicos se requiere el cambio en los estatutos de EPM.
Frente a ello contra argumentan y expresan con contundencia que el estatuto existente no ha impedido la modernización tecnológica y operacional a medida que los servicios así lo han exigido.
Y en el caso de los servicios adicionales propuestos para EPM, dicen que se requieren estudios que demuestren que no hay otras opciones mejores para proveerlos. Y también de análisis de complejidad administrativa y distribución de riesgos de gestión que demuestren más allá de toda controversia que EPM no perderá el foco central en la prestación de servicios públicos domiciliarios, tarea que ha llevado a cabo impecablemente y que la ha convertido en un modelo internacional de gestión.
“Pero ese buen desempeño no garantiza que EPM puede hacer bien todo lo que ahora se le desea encargar en áreas donde no ha tenido ni el conocimiento institucional, ni la capacidad operativa y que tomaría años crear. El gigantismo y la complejidad pueden hundir para siempre el mejor patrimonio social de Medellín”.
Recalcan que la propuesta de cambio es inoportuna y que ni el turismo, ni los distritos de riego, ni las concesiones viales, ni la corresponsalía de aseguradoras son servicios públicos del ámbito de EPM.
Por el contrario, recomiendan que ante la complejidad y crecimiento que ha adquirido la empresa por sus negocios fuera de Medellín y del país, sus retos más importantes hoy son cuatro:
1) Recuperar a Hidroituango.
2) Controlar y reenfocar sus filiales en el exterior.
3) Resolver los temas pendientes de Une-Tigo.
4) Poner a marchar un buen servicio en la Costa Atlántica con su nueva empresa Caribemar.
“No es tiempo de distraer a la dirección de EPM en una reestructuración de la magnitud y complejidad propuestas”.
Además los cambios, dicen, requieren un amplio debate público que en este momento no puede darse fácilmente por la crisis sanitaria mundial y tampoco hacerse bajo la opacidad de unas facultades extraordinarias, sin estudios y sin debate ciudadano.
Son categóricos en que dicha propuesta del alcalde Daniel Quintero requiere de vigilancia ciudadana, que el Concejo Municipal no delegue la decisión en el mandatario, que los estudios previos deben identificar los desafíos actuales, también cuáles se pueden enfrentar con la organización actual o con ajustes menores, igualmente cuáles ameritan un ajuste más sustantivo y determinar si hay otras funciones en las que EPM tiene ventajas comparativas que se puedan aprovechar.
En otro documento, un grupo de 162 exfuncionarios de EPM coinciden con muchos de los planteamientos, críticas, preocupaciones, análisis y recomendaciones formuladas en el documento encabezado por los exgerentes Generales y Técnicos.
Acerca de este debate, abogan por una gestión que mantenga en alto la cultura del rigor técnico, jurídico, financiero y administrativo que ha caracterizado a la entidad, sin interés distinto a cuidar y preservar el patrimonio colectivo.
Consideran que la gestión de EPM en la prestación de sus actuales servicios públicos domiciliarios ha sido eficaz, lo cual no significa que haya sido suficiente, pues todavía hay en Medellín, Antioquia y Colombia un potencial grande para extender la acción de la empresa, dentro de su objeto social actual.
En tal sentido, reclaman que los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo deberían llegar a la totalidad de la población, lo cual está lejos de cumplirse, al tiempo que los de telecomunicaciones exigen mejores opciones y una mayor cobertura, calidad y accesibilidad.
En materia energética, dicen, las nuevas tecnologías de energías alternativas, solar, eólica, geotérmica, electroquímica, generación distribuida y otras, representan necesidades, retos y oportunidades para la empresa y para sus clientes.
“En otras palabras, EPM tiene al frente un amplio campo de servicio y de negocio sin comprometer su objeto actual, tan preciso y tan social”.
Sobre los retos que hoy enfrenta la empresa coinciden en su totalidad con los cuatro señalados en el documento de los exgerentes.
Esto los lleva a alertar y a advertir que resulta innecesario e imprudente pensar en cambiar el objeto social de la empresa y que dicha propuesta no puede embarcar a EPM en aventuras tan amplias, tan inciertas y tan riesgosas como son la gran mayoría de las que se enuncian en varios apartes del proyecto de acuerdo.
Aceptan que frente a lo que se estipula acerca de nuevos servicios y productos relacionados con los servicios públicos domiciliarios que hoy presta la empresa es importante y es necesario, pero para ello no se requiere modificar su objeto social. “Basta que su Junta Directiva y su gerente general se dediquen con esmero y eficacia a su trabajo”.
Alertan que los demás puntos contenidos en la propuesta son innecesarios, improcedentes y peligrosos para la estabilidad empresarial de EPM como entidad pública ejemplar, como serían los de ofrecer servicios financieros, seguros, turismo, adecuación de tierras, lo que beneficiaría a terceros, que se aprovecharían de la capacidad financiera y operativa de EPM y comprometería la calidad de empresa ejemplar ciento por ciento pública.
Para ellos también es inapropiado que la decisión final sobre un asunto de tanta trascendencia se delegue en el Alcalde, el cual debe ser debatido y decidido de manera amplia, democrática y transparente por el Concejo de Medellín, y en sesiones presenciales y no virtuales.
Y concluyen que para los elementos positivos que contiene la propuesta de modificación del objeto social de EPM no se requiere de un acuerdo, al tiempo que catalogan a los componentes negativos de la iniciativa de inaceptable para la ciudad.
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