Hechos recientes relacionados con la implementación legislativa del Acuerdo Final de paz (AF), suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc,pueden hacer tentador caer en el pesimismo y el fatalismo. Lo que pasó la semana pasada con las circunscripciones especiales de paz es lamentable, y no es menos desconcertante que un debate social y político tan importante se haya reducido casi que exclusivamente a su dimensión jurídica (al momento de escribir esta columna aún no se sabe si el acto legislativo que crea estas circunscripciones fue aprobado o no). También es preocupante el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que, tras un tire y afloje, terminó siendo incluido en el texto final de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que impediría a varios magistrados electos de la JEP posesionarse en sus cargos por la extraña razón de haberse desempeñado como defensores de derechos humanos.

Vea también: Blindaje político

Situaciones así dan la impresión de estar ante un panorama negro en materia de paz, pero tal vez las cosas no están tan mal. Antes de aventurar juicios, lo primero que debemos hacer es dejar de mirarnos al ombligo y analizar la coyuntura en perspectiva comparada, pues solo así podremos saber qué tan normal o anormal es lo que está pasando con la implementación del AF. Hacer lo anterior no es fácil, pues requiere tiempo y datos. Lo bueno es que el mes pasado el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame (IK) publicó un informe en el que comparó la implementación del AF con la implementación de otros acuerdos de paz en el mundo, lo que da luces sobre esta difícil materia (Instituto Kroc, Informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia).

Uno de los aspectos más relevantes resaltados por el IK son los avances en materia de desmovilización y desarme. En el componente de desarme, el nivel promedio de implementación colombiano se encuentra 48.5% por encima del de otros acuerdos de paz. Algunos datos pueden ser ilustrativos: en Nepal, únicamente el 18% de los rebeldes maoístas hicieron entrega de armas; en el proceso de paz guatemalteco había unos 3.000 combatientes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, pero solo se entregaron 1.824 armas. En Colombia, en contraste, 6.804 guerrilleros entregaron 8.994 armas, 1’765.862 cartuchos de municiones, 38.255 kilos de explosivos, 11.015 granadas y 3.528 minas antipersonales, entre otros. Para el IK la conclusión es clara: el proceso de desarme de las Farc “dejó una relación de 1,32 armas entregadas por guerrillero que es uno de los ratios más altos presentados en procesos de dejación de armas en el mundo. El caso colombiano de dejación de armas está entre los más significativos, con altos niveles de cumplimiento, tanto en el tiempo que tomó, como en la calidad de su implementación”.

En los debates nacionales se ha repetido con frecuencia que el llamado fast-track fracasó, puesto que durante su vigencia no se lograron aprobar varias normas de importancia para la consolidación de la paz. Es cierto que mediante el fast-trackse aprobaron menos normas de las previstas, pero lo anterior no permite afirmar que el mecanismo falló completamente. Una vez más, lo que se necesita es una mirada comparativa.

Le puede interesar: La necesaria verdad

Uno de los componentes medidos por el IK es el de las reformas constitucionales requeridas para la implementación de los acuerdos de paz.En este, el nivel promedio de implementación de Colombia se ubica 45.7% por encima del de otros acuerdos de paz. Si se tiene en cuenta que en procesos de paz como los de Camboya y Sierra Leona la aprobación de las reformas constitucionales para la implementación de los acuerdos de paz tardó dos años, se entiende por qué, en perspectiva comparada, Colombia sale relativamente bien librada de lo que aquí ha sido calificado como un rotundo fracaso.

Giovanni Sartori, uno de los fundadores de la Ciencia Política, sostenía que la comparación era valiosa en cuanto era “un método de control de nuestras generalizaciones”.En Colombia, la perspectiva comparada en las discusiones sobre nuestros problemas políticos sobresale por su ausencia, lo que contribuye a que se caiga con frecuencia en generalizaciones pesimistas.Las comparaciones, en contravía del refrán popular, no siempre son odiosas y, en este momento, son absolutamente necesarias.