Tan importante como la defensa de la vida, es la garantía de los derechos, mediante un sistema de justicia debidamente humanizado y verdaderamente enmarcado en un estado de derecho. Es importante revisar los métodos y contenidos de la enseñanza y formación en nuestras facultades de derecho y escuelas de jurisprudencia. La enseñanza tiene que ver con la transmisión de los conocimientos e interpretación de la norma jurídica. La formación es la inculcación de los principios éticos, la concepción del derecho como norma transversalizada, para la necesaria personalidad ecuánime y honesta de los futuros abogados.

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En el talante de nuestros abogados comienza la correcta y garantista administración de justicia. En Colombia los organismos a los que la Constitución y la ley le han encargado la administración de la abogacía se convirtieron en lánguidos centros de burocracia, cuando deberían estar revisando el contenido de los programas académicos y vigilando que se adecúen a las condiciones y necesidades de nuestro país. No es de recibo que nos estén entregando profesionales que ni siquiera saben escribir correctamente y, como el que no sabe escribir no sabe leer, es posible que estén interpretando erróneamente la norma.

Sobre todo, los entes de control e investigación se han convertido en la nueva inquisición al servicio de quién sabe qué intereses. Cuando alguien es llamado a declarar, es posible que, sin oírlo siquiera, la decisión está tomada. Lo peor del cuento es que no hay forma de controlar los desmanes de personajes que llegan con instrucciones precisas de desoír y condenar no importa la solidez de los argumentos de la defensa. Falsean el sumario, mienten e inventan impunemente mientras el investigado no tiene a quien acudir. Se hunden vidas, se acaban honras por cuenta de la más perversa aplicación de las leyes.

El inolvidable profesor Jairo Duque Pérez decía que un abogado tiene en sus manos y en su mente el bien sagrado de la Justicia y todos los profesionales y técnico, incluyendo a los mismos abogados, son auxiliares de la Justicia. Este pensamiento encierra un principio que debería ser fundamento en la formación de los abogados que no tienen que estar enterados de todo, ni saber de todo. Hay que llamar expertos para que con sus opiniones y estudios lleguen al fondo de los asuntos en controversia. Cuando la argumentación no arroja claridad, hay que acudir a quien sabe del tema para arroje la necesaria luz.

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No podemos continuar falseando el estado de derecho; no hay claras garantías en un país en el que el fiscal General de la Nación sale del gabinete del Presidente y, al igual que sus subordinados, adolece de serias fallas en su conocimiento del Ordenamiento. Cuando un fiscal asume la investigación de un contrato, debe saber de contratación estatal, o contar con un auxiliar que sepa del tema. Por cuenta de personajes ignorantes, soberbios y parcializados, no podemos sacrificar el futuro de la nación. Los controladores e investigadores deberían comenzar por ahí, investigando la causa de su conducta.