Es urgente que desde las posiciones de autoridad y mando comience una política que deponga los odios que nos están acabando, adoptando acciones de inclusión que nos vuelvan a hermanar.
Pareciera que el mundo entero está enloqueciendo desde las ambiciones desmedidas de quienes nos están gobernando y de los que usan el poder económico para subyugar y humillar. Pero lo que nos afecta directamente es este sin saber qué hacer de nuestras autoridades nacionales, regionales y locales. Nadie sabe qué piensa ni qué pretende la presidencia de la República, ni mucho menos que da a entender cuando dice respetar los fallos de la Justicia. Hace casi un año que se posesionó y el presidente no ha podido encontrar el camino. Se puede perdonar su torpeza, pero no su desprecio hacia el Estado de Derecho.
Es cierto que puede ser chocante ver a un guerrillero sentado en el Congreso como si su prontuario de crímenes de toda índole no importara; sobre todo para quienes han sufrido en carne propia sus vejámenes y abusos, pero o nos sometemos a las normas, respetamos los pactos y asumimos la contrición del malvado o nunca tendremos paz. Esto hay que aplicarlo, sobre todo, a quienes tienen responsabilidades oficiales, pues es impensable que nuestras autoridades encarnen el odio y usen sus posiciones para lanzar su discurso incendiario y polarizante.
Es urgente que desde las posiciones de autoridad y mando comience una política que deponga los odios que nos están acabando, adoptando acciones de inclusión que nos vuelvan a hermanar. Cuando elegimos, el que gana se vuelve responsable de toda la población, haya obtenido o no su voto. Un congresista, un procurador o presidente, está ungido con el voto de las mayorías para servirnos a todos. A este nivel no se puede ser racista, ni dogmático, ni homófobo, ni sexista, ni misógino, ni sectario. Las autoridades, quienes ejercen el poder público, están por encima de todo. No estarlo es como ordenarse de cura sin creer en Dios.
Un gran mal se le hace al país cuando se comienza a desprestigiar la Justicia, solo porque no actúa en favor de los intereses partidistas o personales. En lo que acaba de ocurrir con un exguerrillero que abusivamente usa el muy decente apellido Santrich, es un calvario de torpezas y trampas que no deberían ocurrir: la Fiscalía demora o no entrega todas las pruebas; la JEP falla con lo que tiene; la Fiscalía vuelve a prender al guerrillero, pero resulta que éste tiene fuero; el Consejo de Estado reconoce la fuerza mayor que ha impedido la asunción de la calidad de congresista y la Corte asume el juzgamiento. ¿Son culpables las altas Cortes?
Cuando se dirige un país, un territorio, una escuela, una empresa o una familia, hay que ofrecer la garantía de la probidad, de la decencia, de una mente generosa y comprometida en que quepan todos. Hay que comenzar por elegir personas con reconocidas aptitudes para gobernar desde la equidad y la inclusión, sin odios ni inquinas hacia los antecesores, alguien que solo tenga en mente la prosperidad de su pueblo, la felicidad de su gente. En este sentido tanto el respeto de los derechos ciudadanos, como el imperio de la Justicia son fundamentales. Hay que seguir pensando que la ley es lo que los jueces dicen que es.