El aberrante caso de Mario Javier Pacheco no es único. A partir del pasado mes de agosto, una “mano roja” se atraviesa para vetar el nombramiento de ciudadanos intachables.
En circunstancias normales, que un expresidente —con pasaporte diplomático, además— saliera del país sin el obligatorio permiso del Senado era algo impensable, pero ahora acaba de ocurrir, sin que la Cancillería le retire el pasaporte, sin que el Senado lo acuse, sin que la Procuraduría lo sancione, sin que la Fiscalía lo procese…
Ahora bien, si el mismo personaje fue capaz de robarse un plebiscito y suplantar la Constitución mediante un pacto de 312 páginas con un movimiento narco-guerrillero, su salida del país es un simple pecadillo que no preocupa a nadie.
Vivimos, pues, en una época en la que la ley del embudo se ha convertido en el canon constitucional vigente. Si usted ha violado niños (y niñas, porque ahora hay que mencionar siempre los dos sexos —no, perdón, los dos principales géneros—), volado oleoductos, secuestrado, traficado con estupefacientes, etc., termina, sin necesidad de votos, como legislador en el Congreso; pero, si como periodista ha escrito artículos en defensa del estado de derecho y los principios democráticos, o twitteado algunas de esas opiniones, jamás podrá servir al Estado, dictar una cátedra o aparecer en los medios masivos.
El aberrante caso de Mario Javier Pacheco no es único. A partir del pasado mes de agosto, una “mano roja” se atraviesa para vetar el nombramiento de ciudadanos intachables, por el solo hecho de no comulgar con las ruedas de molino del tal “Acuerdo Final”.
Dentro de la hermenéutica de la ley del embudo puede entenderse que la voluntad expresada por el constituyente primario (unos 36 millones de ciudadanos habilitados para votar), pese menos que una Resolución ilegal del Congreso (prevaricato), o que una ratificación espuria de lo anterior, por parte de los nueve señores que forman la Corte Constitucional (otro prevaricato).
La ley del embudo explica otros atropellos al pueblo colombiano, por ejemplo, la imposición de la ideología de género como base ideológica de la educación, desde el jardín de infantes (e infantas) hasta el bachillerato.
La tal ideología de género simplemente consiste en erradicar hasta el último vestigio de cristianismo, en la educación y la vida social y jurídica. No importa que la inmensa mayoría de los colombianos, incluyendo la mayor parte de los indiferentes en materia religiosa, la rechacen.
Petro la implantó en Bogotá. Con Peñalosa se quedó. Luego se adoptó en el “AF”, pero ante la tímida repulsa de la Conferencia Episcopal, Santos desautorizó a la Parodi de dientes para afuera. Y cuando el papa regresó a Roma, continuó en las escuelas y luego se extendió a todos los niveles.
La ideología de género es una amenaza para la dignidad humana, peor que cualquier ataque anterior, porque sobre ella se construye un orden social atroz, pero la inexperta e inocua secretaria de Educación de Bogotá se eleva a ministra de ese ramo; y el viceministro redactor de las cartillas de Gina pasa, con igual rango, a otro ministerio…
Como católico deploro la despreocupación de la jerarquía sobre este asunto, mientras reconozco y apoyo la actitud de las iglesias protestantes, que siguen defendiendo la potestad de los padres para orientar y educar a sus hijos.
En el mundo hay multitud de organizaciones que están imponiendo el Nuevo Orden Mundial (abortismo, ideología de género, matrimonio igualitario, exaltación de lo Lgtbi, eutanasia, eliminación de la objeción de conciencia, legalización y despenalización de las drogas psicotrópicas, exclusión de la vida social para los refractarios), pero ninguna tan activa y temible como el Open Society Institute, financiado y dirigido por George Soros, especulador financiero, lavador de dinero y uno de los hombres más ricos del mundo, que promueve esa reingeniería social global a través de multitud de medios, fundaciones y de los movimientos políticos subsidiados para hacerla posible.
En Colombia, entre sus tentáculos visibles están Verdad Abierta, La Silla Vacía, De Justicia, Corporación Arco Iris, Colombia Check, y el CESED, de la Universidad de los Andes, al lado de muchas otras entidades, medios, periodistas y políticos al servicio del N.O.M.
Como el subcontinente está virando contra la izquierda en los países donde todavía hay elecciones libres —como se ha visto en Chile y Brasil, donde los días del Foro de Sao Paulo parecen contados—, la ofensiva para que Colombia siga atada al AF se recrudecerá, bajo la batuta de la Open Society.
J.M. Santos, antes de dejar el cargo, dictó los Decretos 410 de marzo 10, y 762 de mayo 7, ambos de 2018, que establecen como guía de la política social la ideología de género en todos los ámbitos de la administración pública: Salud, Trabajo, Cultura, y desde luego, Educación. Por eso no es coincidencia que haya sido promovido la semana pasada como miembro principal del directorio de esa funesta entidad.
Para el 6 de noviembre próximo está prevista una gran movilización nacional para protestar por esa imposición sobre la inmensa mayoría de los ciudadanos. Es de esperar una asistencia masiva, pero no parece que la sociedad civil vaya a imponerse sobre las fuerzas del N.O.M., que ya en tantos países han logrado su cometido a través de jueces, cortes, medios y decretos contra las creencias mayoritarias, que carecen de brazo político o mediático.
¡La ley del embudo a escala global!
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¡J.M. Santos, de fellow traveler a una Harvard Fellowship!
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¡Si los enfermos pudieran salir con frecuencia a multitudinarias protestas, seguramente la salud pública no carecería de creciente suministro de fondos!