Si en Colombia queremos tener una verdadera Justicia, tendremos que superar aberrantes obstáculos, muchos de los cuales están en nuestro propio ADN cultural, hacen parte de nuestras creencias sociales y son vistas como normales. Hay dos momentos en la vida nacional a los que tendremos que llegar, si nuestras reales aspiraciones son las de llegar a ser un país en el que la equidad y el bienestar generalizado sean la constante. Hay que revisar el sistema del estudio del Derecho y hay que depurar los organismos en los que se originan las normas y los que se encargan de administrar y controlar la judicatura.

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Las crisis de las naciones comienzan con la corrupción de las instituciones y un síntoma claro es el desprecio por las normas jurídicas, sobre todo por las que contienen y defienden reivindicaciones y derechos. En esto es clara la importancia de contar con autoridades que intelectual y moralmente se sitúen por encima de la generalidad de la gente y, sobre todo, por encima de toda sospecha. ¡Qué importante sería que los miembros del Congreso, el presidente y sus ministros, tuvieran las mismas calidades de los miembros de las altas cortes y de los directores de los organismos de control, para que hablaran el mismo idioma!

Uno de nuestros grandes defectos nacionales es la personalidad de la dirigencia nacional. En el Congreso campea el desconocimiento de lo que deberían tener como primera competencia intelectual, que es la noción de Estado, de su origen y evolución, de sus fines esenciales y de la importancia de las personas como centro de cualquier actividad pública. Sin estos conocimientos no hay la suficiente independencia frente a las acometidas de los emporios económicos y e los gremios que siempre andan a la caza de prebendas y cobros por los aportes dinerarios y en especie que hacen a las campañas de sus ideales parlamentarios.

Otro aspecto de la pérdida de respeto hacia la Justicia es la proliferación exponencial de las facultades y la forma como se enseña el Derecho. Un abogado no se puede formar de cualquier manera. Estamos ante la construcción intelectual y profesional de un experto en legislación, jurisprudencia, doctrina y humanismo. El abogado tendrá que tener una adecuada educación en el sistema político, social y económico del país, entendiendo que el Derecho es la base fundamental de cualquier ordenamiento. Es necesario cambiar el concepto de leguleyos y corruptos de los abogados, por el de abanderados y defensores de la Justicia.

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Si en algo es importante el concepto de libertad de catedra es en la enseñanza del Derecho. Pero hay que entenderla como la posibilidad de acceso a todas las corrientes del saber y a todas las opiniones que tienen el estudiante. Hay que separar el ejercicio académico de las ideas religiosas o sectarias. Para esto se necesita una verdadera y efectiva intervención oficial, para lo que hay que contar con autoridades probas, un buen ministro de Justicia, por ejemplo, y el compromiso de todos, comenzando por el Gobierno, de hacer los ajustes y reformas que realmente obedezcan a cumplir con lo que la gente necesita.