Precisamente en momentos en que jueces, magistrados y fiscales son protagonistas de las noticias de corrupción, se integraron las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir que al tiempo que se conocen las denuncias, las órdenes de captura y algunas condenas de quienes deberían ser los más probos de una sociedad; también se define la planilla de 51 personas que tendrán como encargo la administración de una justicia transicional en cuyo eje está la materialización del proceso de paz, afincada en principios de reconciliación, búsqueda de la verdad, promoción del perdón y garantía de no repetición.

Como era previsible, el anuncio de cada nombre concitó opiniones encontradas y en algunos casos polémica cerrada. Bienvenida la controversia como siempre. En el mejor de los casos sustentada en argumentos y visiones del mundo más que en prejuicios y señalamientos personales. Pero aun así tolerable bajo el entendido de que en el país no puede haber institución ni persona inescrutable. Por ahora es irrebatible que se ha hecho un trabajo prudente, concentrado y respetuoso, que arroja como resultado una corporación especial y suficientemente plural.

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Son 51 abogados de probada experiencia. Entre ellos, aparecen nombres tan reconocidos como los de los exmagistrados Eduardo Cifuentes y Danilo Alfonso Rojas, como también el del exministro de justicia Yesid Reyes. Pero es un grupo variopinto: el 60% es de lugares distintos de Bogotá, el 53% son mujeres y el 10% indígenas. Características que en sí mismas no comportan una ventaja ni mérito propio, pero que alimentan la esperanza de una mirada más diversa, ojalá con menos prejuicios y mayores sensibilidades  ante la nueva realidad nacional.

Así entiendo, por ejemplo, la designación de la doctora Mirtha Patricia  Linares Prieto como presidenta de la JEP, quien acredita experiencia en Bienestar Familiar, el Icfes, la Corte Constitucional, la Procuraduría y Centro de Memoria Histórica. Una gran trayectoria pero también una formación académica extraordinaria y experiencia específica en temas tan sensibles como las etnias y las víctimas. Su condición de mujer comporta una esperanza adicional frente a la equidad y a las oportunidades que aún les son esquivas a ellas.

Muestra de esta realidad, que podría parecer un dato menor, es que no ha habido presidenta de la república, o alcaldesa por elección popular en ciudades como Bogotá o Medellín, ni gobernadora de Antioquia por elección popular. Incuso en responsabilidades de tanta trascendencia y escenarios que se podrían presumir más amplios, las dos universidades públicas más importantes el país, la Nacional y la de Antioquia, que cuentan sus historias en siglos, todavía no han tenido a una mujer en la rectoría. No son datos curiosos ni menores, es la radiografía de un país en cuya población hay más mujeres pero en donde la minoría masculina sigue siendo dominante y discrimina.

Será duro el camino, pero no solo por lo que traerá cada proceso y cada historia, sino porque aún sin comenzar ya sus ruedas tienen varios palos atravesados: un partido como Cambio Radical que anuncia que no votará el proyecto de ley para fijar el procedimiento de esa justicia especial, en una posición respetable pero que parece más del cálculo político electoral de su jefe que el argumento jurídico que el momento reclama. Y otro tanto podría leerse en las declaraciones del Fiscal General, quien sigue sin explicar con claridad meridiana cómo o por qué llegó uno de los abogados más corruptos del país a dirigir la unidad nacional contra la corrupción. Es como amarrar el perro con salchichas.

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Se advierten muchos sinsabores y amenazas, pero también se materializan otros puntos de vista. La libertad condicional del general en retiro Rito Alejo del Río Rojas, condenado a 25 años de prisión por la muerte del dirigente chocoano Marino López, en 1997 y quien es investigado por sus vínculos con paramilitares en casos tan tristes como la masacre de Mapiripán, es el preámbulo para su sometimiento a esta justicia especial, con lo que se desvirtúa el temor inicial de que se reduzca a una serie de beneficios excesivos para los excombatientes de las Farc.  Será un camino pedregoso pero ojalá nos conduzca a un mejor destino. En todo caso hay que estar atentos y acompañar, para que no perdamos el rumbo a pesar de las diferencias y los temores.