En un artículo publicado por el Foro Económico Mundial en 2018, Silvia Montoya de la Unesco, alertaba sobre la crisis global en el aprendizaje, anotando que 617 millones de niños y adolescentes en el mundo no son competentes en lectura o matemáticas.  Decía que se trata de un “desperdicio masivo de talento y potencial humano”. 

Hace pocas semanas Unicef volvió al tema, con un informe especial, abogando por “mejor financiamiento para la educación de los niños más pobres” y recordándonos que, entre 2000 y 2015, el aumento de los presupuestos educativos en los países de ingreso bajo y medio, ha sido irrisorio. En ellos el gasto educativo creció menos de medio punto en ese período.  En los primeros, el gasto pasó del 3.48% del PBI en 2000 a 3.82% en 2015. En los segundos, el aumento fue de 4.2% a 4.64%. Magro por donde se le mire, más aún si tenemos en cuenta que la recomendación internacional es que los países destinen el 20% del PBI a la educación de sus niños y jóvenes. Las insistentes declaraciones oficiales sobre la importancia de calidad de la educación se vuelven retóricas si no están acompañadas de financiamiento adecuado. Sólo un ejemplo, entre muchos posibles: la cantidad de alumnos por clase, contraria a la recomendación de que sean entre 15 y no más de 20.

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Si es tan importante ¿por qué no se hacen los ajustes presupuestales necesarios para avanzar hacia el cumplimiento del objetivo de contar con educación pertinente y de calidad? Una razón poderosa es porque los gobiernos están más interesados en resultados visibles durante su gestión que en inversiones de largo plazo.

Esta anémica destinación de recursos tiene como carencia adicional, adolecer de foco en los más pobres y vulnerables y, por el contrario, orientarse a los segmentos de población con mejores condiciones económicas. No cumple, por lo tanto, con una de las responsabilidades principales de la educación pública:  llegar a todos los rincones y ser palanca de movilidad social.  En países de bajos ingresos el 46% de los recursos fueron al 10% superior con mayores niveles educativos. En países de ingresos medios bajos, el porcentaje fue de 26 por ciento.  Entre 42 países que Unicef revisa en su informe, Brasil y Colombia aparecen a la mitad de la tabla. Ambos tienen aún largo camino por recorrer hasta que su educación sea herramienta verdaderamente democrática.

Donde esta desigualdad se hace patética es en los recursos para la educación rural. En el caso de Colombia, el 70% de los niños y jóvenes que no acceden a la educación provienen de las regiones más apartadas del centro del país. El 62 % de los jóvenes de las zonas rurales no llegan a la educación media. En 2016, el promedio de años de educación en una zona rural era de 5,5 por estudiantes mientras que en la urbana llegaba a 9,6, sin olvidar el duro impacto social y económico del conflicto armado en las escuelas rurales y su concomitante y perverso efecto de reclutamiento de menores de edad. 

Para completar el recorrido, sólo 1% de las matrículas universitarias de 2016 provenían del campo. El Plan Especial de Educación Rural preparado con motivo del Acuerdo de Paz, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quedó engavetado en el Ministerio de Educación y no se ha vuelto a tener noticia de él.  Contrastando con lo anterior, en Antioquia, que hace parte de este sombrío panorama, la nueva administración departamental impulsa la Alianza por la Educación Rural; un conglomerado de instituciones públicas y privadas, interesado en cambiarle el rostro a la crítica realidad de la educación en el campo.

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En resumen, el esfuerzo para garantizar la llegada de los niños a la escuela ha sido significativo y de hecho la gran mayoría está en las aulas, pero, lamentablemente con resultados de aprendizaje bajo. Eso de un lado; de otro, el nivel de financiamiento en nuestros países está por debajo del necesario y cuando se trata de educación rural, estamos ante una fractura expuesta que hay que sanar sin demora. Es insostenible la incongruencia entre el reconocimiento de la educación como la gran herramienta para asegurarnos el futuro y el ritmo paquidérmico de las decisiones gubernamentales para asegurar que así sea.